Aída y Dacana Carpio llegaron desde Ecuador a España con títulos universitarios bajo el brazo y la esperanza de trabajar en empleos acordes con su formación. Hoy limpian oficinas y casas, y trabajan como baristas, con salarios que no reflejan sus capacidades.
“Mucha gente hemos venido preparados, con una carrera ya terminada, con un proceso de educación detrás, y aquí no han sabido valorar eso. Cuando se superan esas barreras, aquí son primero los españoles”, dice Aída al terminar su jornada en un edificio del centro de Madrid, según recogió el medio “Primicias”.
Historias como las de ellas son comunes entre mujeres jóvenes y latinoamericanas en España, quienes conforman una parte fundamental de la fuerza laboral, pero se encuentran atrapadas en empleos de baja cualificación, como hostelería o servicios personales, pese a contar con estudios superiores.
Según la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, el 78,1 % de las mujeres y jóvenes latinoamericanos ocupados se concentran en estas áreas, mientras los trámites para homologar títulos y la preferencia de los empleadores por trabajadores españoles limitan su ascenso profesional. Además, la xenofobia y la competencia por vacantes agravan aún más la situación.
Detrás de estas historias, sin embargo, se esconde el secreto del motor económico que ha hecho que España saque cara frente al resto del continente. La española ha emergido como la economía más dinámica de Europa, con un crecimiento promedio anual del 3 % desde 2024, muy por encima del 1 % de la eurozona, según “The Financial Times”.
La recuperación del turismo, la inversión en energías renovables, los fondos europeos del Next Generation EU y las reformas laborales han impulsado el PIB, pero la clave, según el medio británico, ha sido la inmigración. Desde 2022, España ha recibido un promedio neto anual de 600.000 inmigrantes, la mayoría en edad laboral, quienes han cubierto vacantes en hostelería, construcción, comercio y agricultura, y han sostenido el consumo en un contexto de crecimiento económico.
Los datos oficiales refuerzan este impacto. A finales de 2024 había 2,88 millones de afiliados extranjeros al sistema de la seguridad social, un récord histórico, y el 13,47 % del total. Además, uno de cada cuatro contratos firmados durante el año correspondió a personas de origen extranjero, según el Servicio Público de Empleo Estatal. Este aporte fue determinante para que el empleo alcanzara un récord de 21,8 millones de ocupados y la tasa de desempleo cerrara en 10,6 %, la más baja en décadas.
La inmigración también ha mejorado la productividad en sectores intensivos en mano de obra. Un estudio de la Universidad de Alicante concluye que un aumento del 1 % en la inmigración incrementa la productividad regional en un 0,6 %, alcanzando hasta 1,8 % en Baleares y 1,3 % en Murcia. La agricultura registra un incremento sostenido de hasta 5,5 % en seis años, mientras la hostelería y la construcción crecen 0,8 y 1 %, respectivamente. La capacidad de absorción es mayor en regiones con experiencia previa, mercados laborales flexibles y redes migratorias consolidadas.
Sin embargo, hay que destacar que gran parte de esta aparente prosperidad se ha sostenido sobre la precarización. El empleo parcial ha alcanzado cifras históricas: más de tres millones de personas trabajan a tiempo parcial, y 1,3 millones cubren puestos por necesidad, no por elección.
La temporalidad afecta especialmente a mujeres y jóvenes, mientras que el pluriempleo y la insuficiencia salarial obligan a muchos a asumir más de un trabajo. Así, los sectores que sostienen el empleo, aunque dinámicos, no garantizan estabilidad ni protección social, consolidando un mercado fracturado y desigual.
Los salarios también reflejan la realidad del espejismo. Mientras que el PIB real ha crecido un 6,8 % desde 2019, el PIB per cápita solo aumentó un 3,1 %, lo que evidencia que gran parte de los beneficios no llegan a los trabajadores migrantes.
La falta de políticas de productividad e inclusión impide que España transforme su ventaja demográfica en prosperidad compartida. Expertos advierten que no basta con más trabajadores: se requieren empleos estables, formación accesible, homologación de títulos y salarios dignos para que el crecimiento económico beneficie a todos.
La ventaja demográfica de la que España goza hoy —con una población activa en crecimiento gracias a la inmigración— contrasta con economías europeas, como Alemania o Italia, que enfrentan una población envejecida y una tasa de natalidad en declive.
Sin embargo, esta ventaja podría convertirse en prosperidad compartida solo si el país impulsa políticas que fortalezcan la productividad, la formación y la integración laboral de los migrantes. En cambio, la fragmentación política y las agendas antimigración mantienen a España dependiente de un modelo laboral basado en subempleo y precariedad. La influencia de partidos con agendas antimigración ha limitado la capacidad del Estado para gestionar sosteniblemente los flujos migratorios, dejando al país dependiente de un modelo laboral basado en el subempleo.
El Fondo Monetario Internacional recomienda simplificar regulaciones, ofrecer incentivos fiscales y fomentar la formación profesional para sectores de alto valor añadido, como finanzas, ingeniería y consultoría. La mejora de la productividad y la inversión en capital humano podrían equilibrar el crecimiento económico y garantizar que los beneficios se compartan entre todos los trabajadores.