Seis meses después de sobrevivir al atentado sicarial que sufrió en Bogotá, Luis Peche aún tiene un dejo de temor cuando sale a la calle. Se salvó de milagro de media docena de disparos que, asegura, tenían motivaciones políticas emanadas directamente desde Caracas por disentir del régimen chavista. Pero aunque ahora varias cosas han cambiado con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, esa sensación permanece para Luis.
Tras poco más de dos meses de la operación militar que dejó acéfalo el Palacio de Miraflores antes de la investidura interina a Delcy Rodríguez, El Espectador habló con algunos perseguidos políticos en Colombia que aseguran que su situación de persecución permanece igual, y que conviven con el miedo aún a cientos de kilómetros del territorio venezolano.
Las razones sobran. Hay quienes mencionan episodios que les dan argumentos para pensar que el asedio no ha terminado. En Chile, el opositor Ronal Ojeda apareció muerto en el interior de su vivienda en Santiago luego de meses de huir de las fuerzas bolivarianas de inteligencia.
Peche, por su parte, opina que hasta que no haya una respuesta judicial que esclarezca quién ordenó y ejecutó el ataque en su contra no tendrá tranquilidad completa. “Estoy protegido por la Unidad Nacional de Protección y la Policía en Colombia, pero no siento seguridad”, comenta.
Dos países, dos temores
Lo que sucede en Colombia, explica Tomás Páez, sociólogo y director del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, es otro capítulo de la persecución chavista a quienes se oponen al régimen.
Según explicó la Defensoría del Pueblo a este diario, a sus oficinas han llegado en los últimos nueve años 97 alertas de ciudadanos venezolanos que están en riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos. Aunque no es posible determinar si esas amenazas están vinculadas a móviles políticos, hay tendencias que demuestran que las amenazas se incrementaron en momentos críticos, como sucedió luego de las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024.
Del total de registros de la Defensoría, 52 siguen activos y cinco están relacionados explícitamente con liderazgos sociales.
La Unidad Nacional de Protección, aunque es la encargada de ofrecer protección a extranjeros que llegan en condición de refugiados políticos, respondió con evasivas a las interrogantes de este diario sobre cuántos perseguidos políticos venezolanos tienen esquemas de protección vigentes o quiénes son potenciales blancos de ataques.
Cambio de mago, no de truco
La salida forzada de Maduro del Palacio de Miraflores no da esperanza a algunos analistas. Páez subraya que no se han dado las condiciones para hablar de una transición ni de un cambio de régimen en donde se deje de perseguir a quienes disienten.
El sociólogo comenta que ver al heredero del chavismo respondiendo por sus crímenes en un tribunal estadounidense es un símbolo potente, pero los cimientos que permitieron crear su ecosistema de persecución siguen intactos. “La cabeza fue removida, pero el cuerpo sigue contaminado”, asegura.
En los estantes del Parlamento venezolano aún están vigentes 33 órdenes legislativas que dan vía libre a que la persecución y el hostigamiento contra los opositores políticos continúe.
Sin Maduro esas leyes siguen rigiendo la vida en Venezuela a menos de que el Parlamento, que también ha sido cooptado por el chavismo, las derogue o modifique. Lo mismo sucede en el sistema judicial, donde continúan instaladas fichas del chavismo que han imputado y condenado a penas carcelarias a centenares de personas bajo cargos infundados.
Así sucedió, por ejemplo, con la acusación que se emitió contra Julio Borges, antiguo congresista venezolano que buscó refugio en Colombia y, aunque ahora vive en España, aún es buscado por haber participado en la “planificación y financiamiento del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro”. El expediente, dice, está a todas luces desvirtuado y solo busca un “argumento fachada” para presionarlo.
Otro ejemplo: en la legislación sigue en vigor la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, un proyecto aprobado en 2024 que refuerza la persecución. La medida ha dejado presos tanto a estudiantes como a periodistas, abogados, sindicalistas e incluso ha permitido el allanamiento y detención arbitraria de sus amigos y familiares.
Ana Karina García, venezolana refugiada en Bogotá y quien también ha sido imputada por supuestos crímenes de terrorismo desde Caracas, explica que gran parte del sistema de opresión que se perfeccionó en Venezuela estuvo a cargo de Delcy y Jorge Rodríguez, hoy ambos liderando el poder Ejecutivo y Legislativo del país.
“Hoy, con la salida de Maduro, tenemos una ventana de oportunidad que nunca antes tuvimos. Eso nos da esperanza. Pero la sensación de seguridad continúa igual. La persecución ha disminuido, pero la percepción de poder ser atacados o perseguidos en un futuro próximo sigue latente”, acota García.
Aún es muy pronto para predecir qué pasará en el tablero político de Venezuela. Muchas fichas se han movido luego de la intervención de EE. UU.: apertura económica, nuevos nombres en Miraflores y la presión para que el Parlamento anmistiara a 2.198 perseguidos (2.021 indultos y 177 excarcelados).
Pero Paéz, García y Peche opinan que la persecución política no forma parte de esas transformaciones. Ellos aseguran que ese sistema quizá sea una de las últimas estructuras en desmontarse, precisamente, porque la Venezuela que se conoce hoy en día se formó gracias a vigilar, perseguir y castigar a sus opositores.