Todos pierden. El Estado cuando llega tarde y las familias en el momento en que ven a su hijo alejarse. Y Colombia, al lamentar que otra generación de sus jóvenes, en su mayoría pobres o de grupos étnicos, fue absorbida por la guerra.
Mientras los diferentes grupos armados continúan enlistando a niños y niñas para nutrir sus filas y el Estado contraataca al considerarlos miembros de una guerra de adultos, hay quienes creen que el meollo del asunto se basa en causas estructurales que también deben ser atendidas, como la pobreza, la vulnerabilidad o los derechos violentados durante la infancia. Desde la firma del Acuerdo de Paz, organizaciones que defienden la niñez han manifestado que el debate no debe versar únicamente sobre si atacar o no a los niños enlistados, sino cómo buscar soluciones desde antes de ser reclutados para dejar de seguir contabilizando víctimas e infancias truncadas.
Una víctima más
“Todo menor reclutado, antes que protagonista del conflicto, debe reconocerse como lo que es: otra víctima. Entender esto es una solución enfocada en la niñez, y en garantizar que su protección siempre debe ser una prioridad”, explica María Mercedes Liévano, directora de Save The Children para Colombia.
La organización, que completa 40 años velando por los derechos de la niñez en el país, asegura que entre docenas de procesos y diálogos de paz Colombia aún no ha encontrado la fórmula para que se instale un enfoque con derechos en la niñez que, además de alejarlos de los campos de guerra, garantice que nunca un joven vuelva a ser parte de un engranaje militar. Así lo alertó la Defensoría del Pueblo a finales de este mes: el reclutamiento, independientemente del crecimiento de grupos armados, se debe a un problema estructural en el que los niños vulnerables solo ven el combate como único futuro. En sus informes se demuestra que el problema no se debe solo a enfilar un niño, sino también a la constante presencia de la guerra en sus vidas. Colombia es el cuarto país del mundo con más ataques armados a la educación, y registros judiciales indican que cada cuatro días hay un ataque o incursión armada a una escuela o docente. Allí empieza la bola de nieve.
Cifras de instituciones, tanto estatales como no gubernamentales, reflejan la gravedad. La JEP encontró al menos 18.677 casos de niños víctimas de reclutamiento por las FARC. Pero nueve años después de firmado el Acuerdo de Paz el delito continúa. El último informe del secretario general de Naciones Unidas alertó más de 1.200 casos de reclutamiento en menos de una década; nuevas modalidades de alistamiento con redes sociales y un problema que, con la disminución de la cooperación en Colombia, deja un 40 % menos de recursos internacionales para atender la situación.
Respuesta pendiente
Para Liévano, también hay otra batalla, esta vez en el Estado y en la sociedad colombiana, para ofrecer soluciones al reclutamiento. Los defensores de la niñez coinciden que la institucionalidad, además de tener el deber de proteger a Colombia, también está obligada a prevenir con recursos, derechos y mínimos básicos en los territorios más vulnerables. Los datos del ICBF revelan que solo entre el 30 y 40 % de los municipios incluyeron en sus Planes de Desarrollo acciones de prevención, aun cuando el último balance de la Oficina de la ONU reveló que más del 60 % de los departamentos registran este delito en sus jurisdicciones. Y desde el Gobierno, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, no cuenta con los recursos para llegar a los territorios o contar con un fondo para emergencias.
Pero la verdadera solución, comentan, llegará cuando Colombia entienda que antes de combatientes o victimarios, los niños son víctimas. El debate debe tener en cuenta un enfoque de derechos que entienda que la niñez que participa en la guerra debe ser reconocida como lo que es: víctima.