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Los drones se han convertido en una de las tecnologías más visibles de los últimos años, con aplicaciones en agricultura, infraestructura, logística, protección ambiental y seguridad. Pero detrás de ese crecimiento acelerado emerge un riesgo menos evidente y, sin embargo, cada vez más apremiante: su ecosistema puede convertirse en una puerta de entrada para la corrupción y el lavado de activos.
En Colombia, el sector crece con rapidez. El mercado de drones superó los USD 34 millones en 2025 y las proyecciones apuntan a que podría rebasar los USD 830 millones en la próxima década. Según la Aeronáutica Civil, ya existen más de 8.300 drones registrados, 5.000 operadores certificados y más de 137 empresas certificadas o en proceso de certificación. Ese dinamismo económico es, precisamente, lo que convierte al sistema de valor de los drones en un blanco atractivo para el crimen organizado: entre más grande y más rápido crece un mercado, mayores son las oportunidades para que actores ilegales se infiltren en él si no existen controles suficientes.
Doble filo
El principal desafío no es solo el uso ilícito de un dispositivo, sino el riesgo de que la corrupción facilite el desvío de esta tecnología hacia economías criminales. Ese fenómeno puede aparecer en cualquier eslabón de la cadena (importación, fabricación, comercialización, registro, operación, transporte o control), debilitando la trazabilidad y reduciendo la capacidad de supervisión del Estado.
A esa vulnerabilidad se suma una dimensión aún menos visible: el ecosistema de drones también puede convertirse en un vehículo de lavado de activos. La compra de flotas comerciales, la creación de empresas de servicios con drones o la importación de componentes tecnológicos pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para introducir recursos ilícitos en la economía formal, aprovechando cadenas de suministro globales difíciles de rastrear y controles financieros todavía limitados.
Así lo advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): “El ecosistema de drones se ha convertido en un riesgo emergente de lavado de activos, en el que la adquisición de flotas comerciales, la creación de empresas de servicios con drones y la importación de componentes tecnológicos pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para integrar recursos de origen ilícito en la economía formal”, señala el organismo. Precisamente la Unodc atribuye esa vulnerabilidad a la opacidad de las cadenas de suministro globales, la escasa trazabilidad de las transacciones del sector y las limitaciones de los sistemas de supervisión para detectar operaciones atípicas en un mercado de alta tecnología en plena expansión.
El riesgo, entonces, ya no se limita al desvío de un dron hacia un uso indebido. El desafío abarca la posibilidad de que la criminalidad organizada penetre toda la cadena de valor del ecosistema de drones y sistemas antidrones con implicaciones que alcanzan la seguridad nacional, la integridad institucional y la capacidad del Estado para ejercer control sobre tecnologías cada vez más estratégicas. La misma preocupación aparece del lado de los sistemas antidrones: los vacíos regulatorios y la falta de controles sobre las tecnologías de detección, inhibición o neutralización pueden abrir espacios de discrecionalidad y captura institucional, debilitando la gobernanza de un sector que gana relevancia año tras año.
Corrupción traducida en inseguridad
Esa fragilidad en el control institucional tiene, además, una expresión concreta en el territorio. Información del Ministerio de Defensa y de fuentes públicas muestra que durante 2025 se registraron miles de ataques con drones, concentrados principalmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Arauca: en total, 8.935 ataques, de los cuales 333 fueron efectivos. En promedio un ataque cada 13 horas. Aunque solo una parte de esos ataques resultó efectiva, las cifras reflejan la velocidad con la que una herramienta diseñada para usos civiles y productivos puede terminar al servicio de organizaciones ilegales cuando fallan los controles de origen.
“Esto evidencia la rapidez con la que la tecnología de uso civil puede ser apropiada por actores ilegales (...). Se requiere fortalecer las capacidades institucionales para evitar que se desvíen en beneficio del crimen organizado”, comenta la UNODC. En otras palabras: el problema de seguridad es, en buena medida, síntoma de un problema previo de gobernanza, trazabilidad y control sobre la cadena de valor del sector.
Aprender de la experiencia
La experiencia internacional ofrece pistas concretas sobre cómo cerrar esos vacíos de control y trazabilidad. Estados Unidos e Israel han desarrollado marcos legales que permiten neutralizar drones hostiles bajo reglas claras; la Unión Europea avanza en sistemas de identificación digital en tiempo real que permiten saber quién opera cada equipo, mientras que Ucrania ha mostrado cómo los drones armados pueden ensamblarse con componentes civiles de bajo costo, lo que sitúa el control de esas piezas como prioridad. En otros continentes también hay ejemplos: China evidencia la necesidad de diversificar proveedores y mejorar la trazabilidad de los equipos en circulación; Brasil destaca por su modelo de registro digital ágil, y México se ha convertido en referente de advertencias sobre los riesgos de una regulación tardía frente al uso criminal de estas tecnologías.
En conjunto, estas experiencias confirman que la trazabilidad (de los equipos, de las empresas y de los flujos financieros asociados) es la variable que determina si un mercado de drones en expansión termina fortaleciendo la economía formal o alimentando economías ilícitas.
La apuesta de un ecosistema nacional de gobernanza
En Colombia, la UNODC, junto con el Reino de los Países Bajos y el Ministerio de Defensa, impulsa esfuerzos para fortalecer la gobernanza institucional alrededor de los drones y sistemas antidrones. Aunque el país ya cuenta con capacidades en regulación, registro, certificación y control, persiste la necesidad de una mayor articulación entre entidades para responder de forma integral a los riesgos de corrupción y lavado de activos.
En ese contexto, la UNODC ha planteado avanzar hacia un Ecosistema Nacional de Drones y Sistemas Antidrones: una propuesta que busca integrar todas las etapas del ciclo de vida de estas tecnologías bajo un mismo marco de gobernanza.
La apuesta es clara: promover la innovación sin perder de vista los riesgos, construyendo las herramientas institucionales que permitan a Colombia aprovechar el potencial económico y tecnológico de los drones mientras impide que esa misma tecnología termine financiando o blanqueando recursos del crimen organizado.
Ese fue, precisamente, el propósito del encuentro sostenido el pasado 17 de junio, cuando la UNODC se reunió con autoridades y otros actores de seguridad en Colombia para explorar los vacíos normativos y prácticos de la legislación colombiana frente a estos dispositivos.
Del encuentro surgieron lecciones aprendidas y también avances concretos: “Gracias a la articulación institucional, avanzamos en la construcción de un Sistema de Registro de Drones mediante una mesa técnica que fortaleció el diálogo interinstitucional, identificando capacidades, vacíos normativos y necesidades tecnológicas”, aseguró la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito.
El mensaje de fondo es que la tecnología de los drones no es, en sí misma, el problema ni la solución: lo que determina su impacto es la capacidad del Estado para trazar cada eslabón de su cadena de valor. Cerrar esos vacíos de gobernanza —antes que la corrupción y el lavado de activos se enquisten en el sector— es hoy la tarea pendiente de Colombia.