Durante años, Colombia ha hablado de descentralización y desarrollo regional, pero pocas veces ha logrado que esos conceptos se traduzcan en realidades. Las divisiones políticas y administrativas han fragmentado los esfuerzos, diluido recursos y limitado la capacidad de los territorios para planear juntos. En la Región Central, ese corazón geográfico que late entre Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, la experiencia reciente demuestra que la integración regional sí funciona cuando se construye sobre confianza y visión compartida.
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La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) nació con ese propósito: articular, coordinar y potenciar el trabajo de los territorios más allá de las fronteras. En los últimos cuatro años, la RAP-E se ha convertido en un referente nacional por su capacidad para ejecutar proyectos que fortalecen la seguridad alimentaria, la competitividad, la movilidad sostenible, la transición energética y la gobernanza territorial.
Y durante ese periodo, fueron gestionados más de 120 mil millones de pesos para iniciativas que conectan a los territorios y mejoran la vida de las comunidades. Pero lo más importante no son las cifras, sino la manera en que esos recursos se transforman en resultados concretos cuando se planifica de manera asociada.
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El Plan Regional de Ejecución 2025–2028 es uno de los grandes logros de este periodo. Más que un documento técnico, es una hoja de ruta que alinea las metas de seis entidades territoriales en torno a un mismo propósito: construir una región más equitativa, sostenible y resiliente. En un país donde la fragmentación institucional ha sido la norma, lograr consensos de esa magnitud es un hito.
La seguridad alimentaria es otro ejemplo de cómo la acción conjunta puede marcar la diferencia. A través del Plan de Abastecimiento Alimentario y la plataforma Sumercé, se han fortalecido los circuitos cortos de comercialización, permitiendo que los productores locales accedan a las compras públicas y que los alimentos viajen menos para llegar a más. Programas como Cambio Verde, donde más de 1.800 familias intercambian material reciclable por productos agrícolas, demuestran que la sostenibilidad puede ser también una política de bienestar.
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La RAP-E también ha sido pionera en la promoción de energías limpias con la creación de la primera Guía para el Desarrollo de Comunidades Energéticas del país, un instrumento que impulsa la autonomía energética de las comunidades rurales. En el mismo sentido, el programa Biciregión ha tejido una red de 11 bicirrutas que suman 827 kilómetros e involucran a 26 municipios, conectando territorios a través del turismo sostenible y la movilidad activa.
Pero el mayor resultado de estos últimos años va más allá de los proyectos: ha sido el fortalecimiento de los esquemas asociativos territoriales. En ellos reside la verdadera transformación. Gracias a la articulación promovida por la RAP-E, los gobiernos locales han aprendido a planear de forma conjunta, a compartir capacidades técnicas y a identificar soluciones regionales a problemas comunes. En esa cooperación —a veces silenciosa, pero constante— se está redefiniendo la manera de gobernar el territorio.
Nada de esto habría sido posible sin un liderazgo comprometido con la integración, la transparencia y la visión colectiva. Bajo la dirección de Ricardo Agudelo Sedano (2022–2025), la RAP-E consolidó su papel como primera entidad supradepartamental del país que convierte la planeación en bienestar. Su gestión deja una lección clara: cuando los territorios se reconocen como aliados y no como competidores, el desarrollo deja de ser una promesa y se vuelve una realidad compartida.
Por Fernando de Jesús Tovar
