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El momento de redefinir el modelo energético de Colombia ha llegado. Mientras el mundo se enfrenta a una crisis climática sin precedentes, nuestro país vive su propia encrucijada energética: por un lado, una creciente demanda interna de energía, y por otro, la necesidad urgente de diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y democratizar el acceso a las fuentes renovables.
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En 2024 la demanda de energía en Colombia fue de 82,084.9 GWh, y la cifra continúa en aumento, impulsada por el crecimiento urbano, la electrificación del transporte y la industrialización de nuevas regiones. Aunque históricamente hemos dependido en gran medida de la generación hidroeléctrica (alrededor del 65 % de la matriz), la variabilidad climática y fenómenos como El Niño exponen la fragilidad de este modelo centralizado.
En este escenario, hablar de transición energética no es un lujo ni una moda: es una necesidad estructural. Pero no basta con cambiar la fuente del kilovatio; es indispensable repensar quién produce, quién decide y quién se beneficia de esa energía.
Por eso es tan valiosa la reciente presentación de la Guía para la Gestión y Desarrollo de Comunidades Energéticas en la Región Central, una herramienta que nace desde el territorio y mira hacia el futuro. Promovida por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) esta guía no es solo un documento técnico: es una hoja de ruta política, social y ambiental para que la energía deje de ser un privilegio administrado desde los centros de poder, y pase a ser un derecho gestionado desde las comunidades.
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Este impulso hacia la soberanía energética no es teórico ni distante: se materializa en los territorios que conforman la Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima), territorios con una riqueza natural y cultural extraordinaria, y con un enorme potencial para liderar una transición energética justa desde lo local. Cada uno aporta sus propias fortalezas: desde los altos niveles de irradiación solar en el Huila y el Meta, hasta la capacidad de innovación tecnológica en Bogotá y la vocación agroenergética de Boyacá y Tolima. Este capital regional, diverso y complementario, representa una oportunidad histórica para construir un modelo energético descentralizado, sostenible y con identidad territorial.
Este enfoque pone en el centro la noción de “territorios energéticos Inteligentes”, donde el sol, el agua, la biomasa y el viento no son recursos a explotar, sino aliados de la vida, elementos de soberanía y motores de autonomía. La guía parte de una premisa clara: los proyectos energéticos no deben imponerse desde afuera, sino construirse desde adentro, con participación ciudadana, con justicia social y con una visión de largo plazo.
La gran apuesta es ambiciosa: transitar de un modelo centralizado, extractivista y dependiente de grandes infraestructuras, hacia uno local, descentralizado y ambientalmente responsable, donde las comunidades no solo consuman, sino que también gestionen, produzcan y comercialicen su propia energía. En otras palabras, pasar de la dependencia energética a la soberanía energética.
El futuro de las comunidades energéticas enfrenta importantes retos, como la necesidad de una mayor articulación institucional, el acceso a financiamiento y el desarrollo de un marco normativo que las consolide. Para superarlos, es fundamental un llamado a conformarse como una forma de organización social reconocida, la cual debe constituirse en una red nacional que permita, de manera ordenada, hacer seguimiento al cumplimiento de la regulación sobre el tema, proponer normatividad para ajustar su concepción y operación y gestionar la conformación de un fondo que articule los recursos provenientes de diferentes fuentes y garantice la financiación de estas iniciativas.
Este tipo de iniciativas son, también, una respuesta al vacío institucional que muchas veces enfrentan los territorios rurales y periurbanos. Allí donde el Estado llega tarde o no llega, el tejido comunitario puede, y debe, asumir un rol activo en la construcción de un futuro más justo y sostenible.
La guía es, en definitiva, un llamado a la acción. A creer en la capacidad colectiva para transformar el modelo energético desde abajo, con tecnologías apropiadas, participación real y equidad como principio rector. Porque cuando hablamos de comunidades energéticas, no solo hablamos de energía: hablamos de democratización, autonomía regional y futuro compartido.
