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La diversidad que hay en Colombia no solo se ve reflejada en las costumbres y tradiciones que se desarrollan en las distintas regiones del país; las vocaciones, misiones y esfuerzos de las Organizaciones de la sociedad civil por mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el territorio, también conforman esa diversidad.
Cuidar el ambiente, impulsar el desarrollo social y económico, defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, proteger los derechos etnico territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas y campesinas, promover la educación, crear espacios de paz y memoria, son sólo algunas de las muchas tareas por las que trabajan las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Esta labor no solo está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas, sino que, desde una visión más amplia, contribuye a la incidencia, participación y control social de las comunidades, generando así entornos más democráticos.
Son alrededor de 208.230 entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con la Confederación Colombiana de ONG (CCONG) (2021), las que hoy en día tienen un rol activo en el país. Como lo explica Lucía García, directora del Programa Suma Social financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), “la diversidad de organizaciones que existen y sus misionalidades en múltiples campos son un aporte a la democracia, pues amplifican y ponen en la agenda local y nacional las necesidades de las comunidades”.
Aunque, de acuerdo con Liliana Rodríguez Burgos, directora ejecutiva de la CCONG, las organizaciones sociales no son representantes de grupos específicos, sí son voceras de las necesidades de las comunidades en las que enfocan su trabajo, hacen control social y logran tener una incidencia para garantizar los derechos de estas poblaciones.
Una de las acciones estratégicas realizadas por las OSC es incidir en el diseño de las políticas públicas en sus niveles municipal, departamental y nacional, ello incluye participar con datos y propuestas en debates públicos constructivos, difundir información estratégica, desarrollar litigio estratégico para la adopción de decisiones judiciales que revisen y armonicen las políticas públicas a las obligaciones del estado derivadas del marco constitucional.
Un ejemplo de esto, lo cuenta Aura Lucía Lloreda, directora de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia (AFE): “La Alianza Educación Rural para Antioquia (ERA) es una alianza público privada conformada por diferentes entidades del departamento de Antioquia con experiencia en educación y fomento al desarrollo que logró una política pública en educación rural”.
“Muchas entidades se han sumado en pro de ERA; convocando a la Gobernación como autoridad y orientador de la política educativa en el departamento, con miras a promover el desarrollo rural”, explica Lloreda.
El resultado de esta alianza y de la participación activa de las OSC fue la aprobación por unanimidad de votos de una política pública de educación rural para Antioquia el pasado 30 de julio, que busca beneficiar a 4.352 sedes de instituciones educativas en los 125 municipios del departamento. La implementación de esta política beneficiará a más de 446.906 estudiantes, para que puedan acceder a una educación continua y de calidad sin abandonar sus territorios.
Este es uno de los ejemplos del accionar de las OSC para generar espacios de participación de la comunidad, no sólo de participación política, sino del fomento de los derechos humanos y del desarrollo de los ciudadanos como miembros activos de sus comunidades.
En este punto, García explica que “las OSC deben ser tenidas en cuenta por los gobiernos locales y el gobierno nacional para ampliar la capacidad de acción que tienen” y aclara que el rol de las organizaciones no es suplir al Estado. “Las OSC no compiten con el Gobierno, sino que por el contrario, son aliadas que les pueden ayudar a cumplir con sus planes de desarrollo, a implementar sus proyectos”, agrega.
Para garantizar que las OSC puedan ser ese complemento, hacer control social efectivo y ser aliado de los gobiernos locales y del Gobierno nacional, es necesario que sean organizaciones sostenibles, una condición que no depende solo de ellas, sino de un entorno que puede ser fortalecido por políticas públicas y el trabajo en alianza entre las organizaciones para buscar un ambiente que les sea favorable.
“Es un trabajo en doble vía, entre los gobiernos y las organizaciones”, apunta Rodríguez. Para ella, son cuatro puntos indispensables para garantizar el trabajo de las OSC: 1) tener un ambiente habilitante, que se traduce en contar con las condiciones legales, institucionales y políticas que promuevan la creación y permanencia de las OSC en la democracia; 2) que existan herramientas para divulgar el trabajo de las OSC y motivar la articulación ciudadana y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos; 3) garantizar el fortalecimiento de las organizaciones y; 4) tener dispositivos institucionales para desarrollar capacidades y acciones que ayuden a tener OSC sostenibles, como acceso y uso de lugares de reunión y herramientas TIC, promoción, acompañamiento y acceso a fuentes de financiamiento.
El camino recorrido para fortalecer las OSC
David Ricardo Martínez, director de la Federación Caldense de ONG coincide con otros expertos en que las OSC siempre están presentes en los territorios y trascienden gobiernos y ciclos políticos, “cambian los mandatos y los mandatarios, pero hay organizaciones que tienen más de cien años porque su misión permanece”, puntualiza.
Sin embargo, para que las OSC permanezcan son necesarias acciones afirmativas que las protejan y garanticen su sostenibilidad, para que su trabajo no se vea truncado por falta de presupuesto o de visibilidad en los territorios.
Una respuesta a esta necesidad de apoyo y respaldo a las OSC es la creación de una política pública que genere un ambiente favorable a su gestión. “Una política pública robusta, dirigida a la protección y garantía a los derechos de asociación, expresión, manifestación, vida e integridad de sus líderes y que propenda por el fortalecimiento de capacidades de gestión, que facilite el relacionamiento entre las organizaciones y el estado y su acceso a recursos de manera tal que sea sostenible su labor “, explica García.
Teniendo en cuenta el rol que cumplen las OSC en el desarrollo del país y de sus comunidades, se hace relevante destacar que en Colombia sólo un departamento y una ciudad han desarrollado una política pública de tal magnitud: Caldas y Medellín.
Desde la década del 2000 se empezó a pensar en una política pública para las OSC de Medellín, “se hizo un análisis de la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones sociales como un problema de interés público”, explica Carlos Andrés Monsalve Roldán, director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONG (FAONG)
Sin embargo, no fue hasta el 2015 que se logró materializar la política, liderada por las organizaciones que componen la FAONG. Esta federación, que nació hace 35 años y con 36 organizaciones sociales, hoy está integrada por 93 OSC de diversa índole y ha hecho parte de la labor de incidencia en Medellín y en el departamento de Antioquia por promover el trabajo y el fortalecimiento de las organizaciones.
La política pública de Medellín incluye “apoyos económicos o en especie y estímulos fiscales”, estabilidad en dichos apoyos, un enfoque a largo plazo, respeto a la autonomía de las OSC y democratización de los espacios de toma de decisiones para que estas sean tenidas en cuenta.
Dos años después de la creación de la política, fue necesario un nuevo decreto para dar los lineamientos a la implementación, en este se habla de la creación de un sistema de identificación y registro. Hasta el momento, en Medellín se han logrado caracterizar a 3 mil organizaciones, aunque la Federación estima que existen alrededor de 4 mil, teniendo en cuenta que es un número que fluctúa mucho por la falta de fortalecimiento de las OSC. Un caso similar al que ocurre con las 208.230 entidades sin ánimo de lucro registradas por CCONG, cuya última actualización fue en junio de 2021, pues la falta de registro por parte del Estado limita su acceso a esta información.
El decreto de Medellín también incluye programas de capacitación para que las OSC puedan ejercer control social sobre las decisiones públicas y la creación de redes de apoyo entre las organizaciones y con el gobierno local. Estas acciones son similares a las que adoptó la política pública para las OSC en Caldas en el 2022.
A pesar de que en Medellín se crearon redes de organizaciones por comuna, como lo dicta la política pública, Monsalve insiste en que después de creadas se debe trabajar por darles sostenibilidad y acompañamiento para que se conviertan en redes efectivas que favorezcan su participación y articulación.
La política pública en Medellín también plantea un sistema de información para dar a conocer a las organizaciones, en el que se pueda revisar las capacidades y los servicios que pueden ofertar, así como un enlace con cooperantes internacionales. Sin embargo, este sistema de información hasta el momento sigue en el primer paso de caracterización, que, de acuerdo con la federación, no está actualizada.
“El sector público piensa en acciones sociales, pero se ve como único actor con la capacidad de implementarlas, la política pública está pensada en que el sector social pueda ser fortalecido para cumplir un rol en alianza con el sector público, con las empresas y aportar al desarrollo social del territorio”, finaliza Monsalve.
Aunque la política pública en Medellín existe hace ocho años, su implementación ha sido un proceso que se ha visto ralentizado por las voluntades políticas. Por ejemplo, el documento tiene previsto que organizaciones sociales que hacen parte de la federación, organizaciones que no estén dentro de la federación y redes de organizaciones constituyan, en conjunto con el gobierno local, un comité coordinador que se dedique a impulsar el alcance de dicha política. Así como también la designación de recursos económicos que permitan ejecutar el plan de acción que propone dicha política pública, lo cual, de acuerdo con Monsalve, sigue pendiente.
Monsalve, quien participa en el proceso desde la FAONG explica que para las organizaciones “ha sido complejo contar con la disposición de las diferentes administraciones frente a la implementación de la política pública” y agrega que, durante las dos últimas administraciones no ha habido un avance significativo, ni una apuesta clara por parte de los alcaldes por fortalecer a las OSC a pesar de contar con la política pública. “Se requiere de una voluntad política que se traduce en una disposición administrativa y de recursos para poder hacer la implementación”, puntualiza.
En el caso de Antioquia, donde todavía no hay una política pública específica para las OSC, la FAONG está trabajando para impulsar la política de participación ciudadana, desde donde se puede apalancar el fortalecimiento del sector social. Además, quieren visibilizar el potencial del sector para ampliar la capacidad del gobierno y desarrollar acciones sociales.
Rodríguez, desde CCONG se ha dado a la tarea de visibilizar un rol activo, de toma de decisiones y participación de las organizaciones sociales no solo en el círculo del sector social, sino en un contexto de elecciones regionales.
“Reconocer el rol de las OSC en las comunidades y su potencial es necesario para que sean tenidos en cuenta en las agendas programáticas de candidatos y posteriormente en los planes de desarrollo de quienes sean elegidos el próximo 29 de octubre, porque como hemos visto, el fortalecimiento de la OSC también depende de voluntades políticas”, puntualiza.
Sobre la importancia de fortalecer la democracia con recursos como políticas públicas y el rol activo de la sociedad civil, Samantha Power, Administradora de USAID, aseguró en su discurso “Una revolución global de dignidad” que “tenemos que centrarnos juntos en lograr avances, y no sólo en ejecutar programas de desarrollo. Debemos utilizar las herramientas políticas a nuestra disposición y reunir al sector privado, las fundaciones y los actores filantrópicos para aumentar la inversión que puede generar oportunidades nuevas y visibles para los ciudadanos”.
*Desarrollado en alianza con el Programa Suma Social
