Antonio Espaillat y su hermana Maribel, acusados de homicidio involuntario por el desplome de Jet Set, en el que fallecieron 235 personas, entre ellas el cantante Rubby Pérez, recuperaron su libertad la madrugada de este jueves. Así va el caso.
Esta semana se registró de detención de Antonio y Maribel Espaillat, los hermanos y dueños de la reconocida discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, que se derrumbó el 8 de abril en la madrugada y que cobró la vida de 235 personas y más de 180 resultados heridas. Una de las víctimas fatales fue el intérprete de merengue Rubby Pérez, quien se encontraba cantando cuando el lugar colapsó.
Ahora se anuncia que tras más de 12 horas de indagación y testimoniales, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito nacional dictó medidas de coerción contra los propietarios del lugar que han sido acusados oficialmente de homicidio involuntario.
Se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos a los señalados, un aproximado de 850 mil dólares, así como la presentación obligatoria y periódica antes las autoridades. Los hermanos tampoco podrán salir del país. Con este marco de requisitos los Espaillat recuperaron su libertad y así seguirán vinculados al debido proceso.
La libertad les fue otorgada ya que se consideró que han tenido la voluntad de colaborar en la investigación sobre los hechos. “Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje” dijo la jueza sobre las medidas tomadas.
En la audiencia celebrada hasta la madrugada de este jueves 19 de junio, se presentaron unos 80 afectados o familiares de víctimas en calidad de querellantes. Según el programa El gordo y la flaca, las querellas en contra suman más de 100-.
Abogados de afectados solicitan prisión preventiva para hermanos Espaillat
Otros medios apuntaron que cerca de 40 acordaron no seguir con un proceso penal.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público informó que apelará la decisión, ya que cree que la jueza no tuvo en cuenta el daño hecho : “sobre todo, a 235 personas que murieron”.
Los abogados de las víctimas solicitaron que se dicte prisión preventiva para los hermanos.
Por su parte, los acusados se expresaron mediante sus representantes en un comunicado donde afirman haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, así mismo, dijeron: “Reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional a las familias que sufren”.
