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Este jueves, en un debate que se desarrolló sin mayores sobresaltos, las mayorías de la Cámara de Representantes aprobaron la ponencia de la reforma a la salud. La decisión representa un triunfo para el Gobierno Nacional y para los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes el pasado 5 de marzo enviaron una carta al Congreso solicitando un trámite con “mensaje de urgencia e insistencia”.
La plenaria comenzó con casi todos los temas más polémicos resueltos, pues el grueso de la reforma se aprobó el miércoles. Solo quedaban por discutir y aprobar ocho artículos. En principio, parecía que los artículos 48, 56 y 57 serían los más difíciles de acordar. Estos artículos otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir normas relacionadas con la transformación del sistema de salud, incluyendo la reglamentación del régimen laboral de los trabajadores del sector, así como el desarrollo de las consultas públicas en materia de salud.
Sin embargo, fue el artículo 42 el que generó más discusión. Este artículo proponía definir los órganos de dirección y administración de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), es decir, los hospitales públicos, e introducir criterios de meritocracia en la elección de sus gerentes, una decisión que actualmente está en manos de gobernadores y alcaldes. Al inicio del debate, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, anunció que los ponentes le habían informado sobre un acuerdo para eliminarlo de la ponencia. Esto generó un fuerte rechazo, no solo entre congresistas de la oposición, sino también entre algunos aliados de la reforma, como Marta Alfonso Jurado, de la Alianza Verde.
“Insisto en que los hospitales públicos también requieren mayor regulación. También han sido un robadero de muchos políticos, convertidos en contrataderos de personal administrativo que terminan desangrando los hospitales públicos. Es justo que esta reforma contenga este artículo para garantizar un mayor gobierno corporativo de los hospitales. Es justo que, con las responsabilidades que les vamos a entregar, tengamos un mayor control de ellos. Que el país esté pendiente de quienes votan la eliminación de este artículo. Ellos serán los representantes de la Cámara que seguramente van a manipular las elecciones de los gerentes de los hospitales”, dijo Jurado en un duro pronunciamiento en la plenaria.
Pese a esto, y a las críticas de otros como Andrés Forero o Catherine Juvinao, las mayorías de la Cámara votaron la eliminación de ese artículo.
El último bloque de artículos en discutirse y aprobarse, pasadas las 3:00 de la tarde, fue el 44, 60, 61 y 62. Entre ellos, resaltan el 44, que crear el “Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria (FIDH)” para fortalecer la red pública hospitalaria mediante proyectos de infraestructura y dotación, financiados a través de diversas fuentes; y el 61, que define el el régimen de transición hacia el nuevo sistema de salud.
Durante esta transición, se asegura que ningún tratamiento médico podrá ser suspendido sin una indicación médica explícita, y tampoco se negarán consultas con especialistas. Aunque el proyecto aún tiene un largo camino por recorrer, con dos debates pendientes en el Senado, ayer en la Cámara de Representantes el Gobierno y sus aliados aprovecharon para celebrar un triunfo que, hasta hace unas semanas, parecía más difícil de alcanzar.
La Adres, el “banco de la salud” que sería el gran centro del nuevo sistema
La transformación de la Adres es una de las grandes apuestas de la reforma a la salud. Según el texto aprobado por la Cámara, la Adres, una entidad hoy centralizada y cuyo director es nombrado por el Ministerio de Salud, se convertirá en el gran y único pagador del sistema de salud, asumiendo las funciones de gestión del riesgo financiero que hoy tienen las EPS.
El objetivo es que la Adres se encargue de realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asigne fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y haga auditorías aleatorias que verifiquen la gestión eficiente de los recursos de la salud, entre otras casi 30 diversas funciones. Para la gestión de la plata de la salud, la Adres administrará el “Fondo Único Público de Salud”. Este fondo, a su vez, se dividirá en tres cuentas, dos de ellas independientes: una para la atención primaria en salud y otra para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. La tercera es la “Cuenta general para el manejo y destinaciones de los demás recursos del Fondo Único Público de Salud”, con la que se pagarán los servicios de mediana y alta complejidad.
Las EPS pierden funciones claves y se convierten en Gestoras de Salud y Vida
La Cámara de Representantes aprobó el fin de las EPS tal como el país las conoce hace 30 años. Estas entidades deberán transformarse en Gestoras de Salud y Vida. Dejarán de administrar recursos y se concentrarán en la gestión del riesgo en salud. Entre las funciones de las Gestoras estará identificar y analizar los riesgos en salud de la población y conformar y organizar las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), además de auditar la calidad de los servicios prestados y verificar la facturación. Sin embargo, la mayoría de estas funciones las compartirán con las Secretarías de Salud territoriales o con otros actores.
Por estas funciones, se les pagará mensualmente un 5% de la UPC. Si no cumple con algunos estándares de calidad, su pago podrá reducirse hasta en un 30%. Las EPS deberán territorializarse, es decir, concentrarse en las regiones donde tienen más afiliados, y salir de aquellas donde tienen menos. Deberán abandonar la integración vertical en la mediana y alta complejidad y si tienen Planes Voluntarios en Salud (como medicina prepagada) deberán separar esta operación comercial.
Se crean los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)
Los representantes aprobaron la creación de los llamados Centros de Atención Primaria en Salud. En términos simples, son los lugares donde las personas podrán recibir atención médica básica y preventiva cerca de donde viven. Podrán ser administrados por el Estado, por empresas privadas o mediante una combinación.
Si este proyecto se vuelve ley, todos los colombianos deberán inscribirse en un CAPS cercano a su residencia. Los CAPS ofrecerán servicios de salud tanto individuales como colectivos. Serán los encargados de la vigilancia en salud pública y de la recolección de información sobre las condiciones sanitarias de cada territorio. Elaborarán planes de salud familiar, comunitaria, mental y ocupacional y podrán incluir en su atención medicinas alternativas y conocimientos ancestrales reconocidos por el Minsalud. Serán, en resumen, la primera puerta de acceso al sistema y gestionarán la referencia de pacientes a niveles más complejos cuando sea necesario. Este nivel más complejo será coordinado por las Gestoras, por lo que ambas entidades tendrán que comunicarse permanentemente.
Las Secretarías de Salud ganan poder en la conformación de las redes
Las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) serán el sistema donde los colombianos recibirán atención médica, organizando los hospitales y clínicas en distintos niveles de complejidad. En el nivel más básico estarán los Centros de Atención Primaria en Salud, encargados de atender problemas de salud comunes y promover la prevención.
Sin embargo, cuando un paciente requiera atención más especializada, será remitido a la red complementaria, conformada por hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad. Cada CAPS estará vinculado a una de estas redes para garantizar un tránsito adecuado del paciente a niveles superiores de atención. Uno de los puntos que más debate generó en la reforma fue quién definiría y organizaría estas redes. Hoy las EPS tienen autonomía en esa elección.
La reforma aprobada en la Cámara establece que esta tarea recaerá en las Secretarías de Salud, en conjunto con las Gestoras. Para ello, se firmarán convenios de desempeño con los hospitales de mediana y alta complejidad, en los cuales se definirán los servicios a prestar, los estándares y la modalidad de pago.
Una transición donde Nueva EPS podría ser muy importante
El nuevo sistema de salud se implementaría de “forma gradual”. Durante este proceso, ninguna persona dejaría de recibir atención: en ningún caso se suspenderían tratamientos sin una indicación médica explícita, ni tampoco se negarían consultas por especialistas. Las personas que se encuentren en cuidados permanentes o tengan alguna enfermedad crónica, de alto costo, rara o huérfana, seguirían siendo atendidos por la IPS que sea requerida y que los viene atendiendo.
El Ministerio de Salud adelantaría un proceso de territorialización de las EPS, concentrando su operación en las ciudades y regiones donde tienen más usuarios. En los territorios donde no quede ninguna EPS disponible, los CAPS, en primer lugar, o la Nueva EPS, en segundo lugar, asumirían el aseguramiento de las personas. Las EPS tendrían que vender durante este tiempo de transición las clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad de las que son dueñas (integración vertical). La Superintendencia Nacional de Salud dispondría de canales adicionales para la atención de solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios.
La reforma aún no está aprobada: ¿qué sigue en el trámite?
El camino que le queda al proyecto no es fácil. La reforma pasa ahora a la Comisión Séptima del Senado. Esta instancia será decisiva, ya que fue precisamente en esta Comisión donde el proyecto se hundió en la legislatura pasada. La Comisión está integrada por 14 senadores. Entre ellos se encuentran Martha Isabel Peralta Epieyú, Nadia Georgette Blel Scaff, José Alfredo Marín Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, Sor Berenice Bedoya Pérez, Édwing Fabián Díaz Plata, Honorio Miguel Henríquez Pineda, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Norma Hurtado Sánchez, Ana Paola Agudelo García, Ómar de Jesús Restrepo Correa, Wilson Neber Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo.
El Gobierno cuenta con el respaldo de senadores como Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva, quienes han defendido la reforma. Sin embargo, también podría enfrentar una fuerte oposición de figuras con amplia experiencia en el Congreso y en asuntos de salud, como Norma Hurtado, del Partido de la U, quien ha sido una crítica del proyecto en el pasado, pero que ha reconocido que el sistema de salud actual necesita cambios.
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