Aborto: aún más inaccesible para las venezolanas en Colombia

El año pasado, Pepa*, una mujer migrante venezolana que vive en Cúcuta, solicitó en un hospital público de esa ciudad una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), producto de su actividad como trabajadora sexual. Se rompió el condón, cosas que pasan. En el hospital le dijeron que no la atendían porque no tenía el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y la mandaron a Migración Colombia, pero el documento ya no se entrega, solo se renueva, así que no puede obtenerlo.

Al volver al hospital le dijeron que podían atenderla por urgencias, como manda la ley, pero que un procedimiento de aborto no es una emergencia, y la devolvieron a su casa. Meses después, Pepa tiene un niño de brazos producto de un embarazo no deseado, y continúa ejerciendo trabajo sexual para mantenerlo.

El caso de Pepa es uno de tantos en los que a las mujeres venezolanas les han negado el derecho al aborto. Pero sobre este tema hay secretismo, miedos a denunciar y, por lo mismo, un alto subregistro. Por eso, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización que se ocupa de acompañar legalmente, entre otras, a mujeres a quienes les niegan este derecho, así como la Fundación Oriéntame, la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete y Médicos del Mundo-Francia presentaron un informe en diciembre del año pasado que revela que las instituciones de salud colombianas les están negando servicios de IVE a las mujeres venezolanas que los solicitan, en particular en zonas de frontera.

De acuerdo con Juliana Martínez, exdirectora de la Mesa, las barreras para acceder al aborto en centros de salud son las mismas para colombianas que para venezolanas: desconocimiento del marco legal —tanto las mujeres como los prestadores de salud interpretan o desconocen la sentencia C-355, que despenaliza el aborto en tres causales en Colombia—, criminalización de las mujeres a pesar de la sentencia, falta de protocolos para IVE o demasiada burocracia para acceder al procedimiento, o simplemente algunos prestadores de salud y judiciales se niegan a realizar el procedimiento o a recibir denuncias aduciendo razones personales.

“Sin embargo, a los casos de mujeres migrantes se suman tres barreras más: por un lado, el estado del aborto en Venezuela es distinto que en Colombia, lo que dificulta que las mujeres migrantes vayan a consultas o a centros hospitalarios por miedo a ser criminalizadas (bien sea por solicitar un aborto o por ser migrantes). Muchas de esas mujeres no tienen regularizado su estatus migratorio y, a pesar de que el PEP no es necesario para ser atendidas por urgencias, les piden el papel y les niegan el servicio”. La tercera barrera que identifican las organizaciones es la falta de protocolos en los centros hospitalarios para atender a las mujeres migrantes.

En teoría, toda negación del servicio de IVE equivale a la negación de un derecho fundamental, como lo reconoció la Corte Constitucional en 2006, y en otros 22 fallos judiciales más. Pero en la práctica la cosa cambia. El Ministerio de Salud resolvió en 2017 que, sin importar su estatus migratorio, una persona debía ser atendida por urgencias en cualquier centro de salud en Colombia. Pero en el 41 % de los casos que acompañó la Mesa, las mujeres no tenían su estatus migratorio en regla y, aunque eso no debería ser un impedimento, les negaron el servicio. “Muchas se ven obligadas a buscar ayuda en instituciones privadas que prestan servicios de salud pero que solo están en Bogotá o Medellín, y no tienen salvoconducto para moverse por el territorio nacional o personas con quienes dejar a sus hijos, o dinero ni para el pasaje. Conocimos casos en donde las bajaron del bus, a su suerte”, dice Martínez.

Por su parte, la Corte Constitucional dijo en 2017 que los servicios obstétricos como el embarazo o el aborto requerían una atención “urgente y prioritaria”, sin importar si la calidad de la solicitante es nacional o extranjera, o si hubo violencia sexual en territorio nacional o extranjero. En pocas palabras, todas las mujeres tienen derecho a un aborto si así lo deciden. Sin embargo, y según el informe, a algunas de las mujeres que solicitaron una IVE en ciudades como Cúcuta o Bogotá les negaron el servicio porque un aborto no es considerado una emergencia obstétrica para los prestadores de salud.

“Otra cosa es que también las mujeres migrantes están mucho más expuestas a la violencia sexual y a la trata de personas. Casi el 80 % de las mujeres que lograron ser rescatadas de redes de trata en Colombia eran venezolanas. Pero si una mujer víctima de violencia sexual quiere solicitar una IVE bajo la causal de abuso sexual, debe presentar la denuncia de Fiscalía, y muchas mujeres migrantes no denuncian, o no les reciben la denuncia porque sucedió en territorio venezolano”, anota Martínez.

La Fundación Oriéntame, que es privada, atendió entre enero de 2018 y junio de 2019 a 848 mujeres venezolanas que consultaron por la IVE. Por otro lado, el Ministerio de Salud, entre el 1.º de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2019, un período superior a dos años, registró un total de 629 mujeres procedentes de Venezuela con diagnósticos relacionados con IVE, la mayoría atendidas en Bogotá. Que apenas haya 47 registros en Norte de Santander, 29 en La Guajira y 10 en Arauca es sospechoso: “Por un lado, que el reporte sea menor puede indicar un subregistro y, por el otro, que las atenciones están asociadas con la presencia de población migrante y la capacidad de respuesta institucional”, reza el informe. La mayoría de las mujeres atendidas tenían entre 19 y 25 años.

Para las mujeres venezolanas, el aborto es una de las necesidades más apremiantes en salud sexual y reproductiva. El acceso a servicios de planificación, los servicios de aborto seguro y los anticonceptivos son las necesidades que encabezan el informe Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana, que publicó Profamilia junto con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) en 2018. Tanto en ese documento como en el recién publicado, la desinformación, la xenofobia y la falta de financiación son señaladas como las grandes barreras que impiden el acceso a los servicios de salud sexual.

El año pasado, Pepa*, una mujer migrante venezolana que vive en Cúcuta, solicitó en un hospital público de esa ciudad una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), producto de su actividad como trabajadora sexual. Se rompió el condón, cosas que pasan. En el hospital le dijeron que no la atendían porque no tenía el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y la mandaron a Migración Colombia, pero el documento ya no se entrega, solo se renueva, así que no puede obtenerlo.

Al volver al hospital le dijeron que podían atenderla por urgencias, como manda la ley, pero que un procedimiento de aborto no es una emergencia, y la devolvieron a su casa. Meses después, Pepa tiene un niño de brazos producto de un embarazo no deseado, y continúa ejerciendo trabajo sexual para mantenerlo.

El caso de Pepa es uno de tantos en los que a las mujeres venezolanas les han negado el derecho al aborto. Pero sobre este tema hay secretismo, miedos a denunciar y, por lo mismo, un alto subregistro. Por eso, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización que se ocupa de acompañar legalmente, entre otras, a mujeres a quienes les niegan este derecho, así como la Fundación Oriéntame, la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete y Médicos del Mundo-Francia presentaron un informe en diciembre del año pasado que revela que las instituciones de salud colombianas les están negando servicios de IVE a las mujeres venezolanas que los solicitan, en particular en zonas de frontera.

De acuerdo con Juliana Martínez, exdirectora de la Mesa, las barreras para acceder al aborto en centros de salud son las mismas para colombianas que para venezolanas: desconocimiento del marco legal —tanto las mujeres como los prestadores de salud interpretan o desconocen la sentencia C-355, que despenaliza el aborto en tres causales en Colombia—, criminalización de las mujeres a pesar de la sentencia, falta de protocolos para IVE o demasiada burocracia para acceder al procedimiento, o simplemente algunos prestadores de salud y judiciales se niegan a realizar el procedimiento o a recibir denuncias aduciendo razones personales.

“Sin embargo, a los casos de mujeres migrantes se suman tres barreras más: por un lado, el estado del aborto en Venezuela es distinto que en Colombia, lo que dificulta que las mujeres migrantes vayan a consultas o a centros hospitalarios por miedo a ser criminalizadas (bien sea por solicitar un aborto o por ser migrantes). Muchas de esas mujeres no tienen regularizado su estatus migratorio y, a pesar de que el PEP no es necesario para ser atendidas por urgencias, les piden el papel y les niegan el servicio”. La tercera barrera que identifican las organizaciones es la falta de protocolos en los centros hospitalarios para atender a las mujeres migrantes.

En teoría, toda negación del servicio de IVE equivale a la negación de un derecho fundamental, como lo reconoció la Corte Constitucional en 2006, y en otros 22 fallos judiciales más. Pero en la práctica la cosa cambia. El Ministerio de Salud resolvió en 2017 que, sin importar su estatus migratorio, una persona debía ser atendida por urgencias en cualquier centro de salud en Colombia. Pero en el 41 % de los casos que acompañó la Mesa, las mujeres no tenían su estatus migratorio en regla y, aunque eso no debería ser un impedimento, les negaron el servicio. “Muchas se ven obligadas a buscar ayuda en instituciones privadas que prestan servicios de salud pero que solo están en Bogotá o Medellín, y no tienen salvoconducto para moverse por el territorio nacional o personas con quienes dejar a sus hijos, o dinero ni para el pasaje. Conocimos casos en donde las bajaron del bus, a su suerte”, dice Martínez.

Por su parte, la Corte Constitucional dijo en 2017 que los servicios obstétricos como el embarazo o el aborto requerían una atención “urgente y prioritaria”, sin importar si la calidad de la solicitante es nacional o extranjera, o si hubo violencia sexual en territorio nacional o extranjero. En pocas palabras, todas las mujeres tienen derecho a un aborto si así lo deciden. Sin embargo, y según el informe, a algunas de las mujeres que solicitaron una IVE en ciudades como Cúcuta o Bogotá les negaron el servicio porque un aborto no es considerado una emergencia obstétrica para los prestadores de salud.

“Otra cosa es que también las mujeres migrantes están mucho más expuestas a la violencia sexual y a la trata de personas. Casi el 80 % de las mujeres que lograron ser rescatadas de redes de trata en Colombia eran venezolanas. Pero si una mujer víctima de violencia sexual quiere solicitar una IVE bajo la causal de abuso sexual, debe presentar la denuncia de Fiscalía, y muchas mujeres migrantes no denuncian, o no les reciben la denuncia porque sucedió en territorio venezolano”, anota Martínez.

La Fundación Oriéntame, que es privada, atendió entre enero de 2018 y junio de 2019 a 848 mujeres venezolanas que consultaron por la IVE. Por otro lado, el Ministerio de Salud, entre el 1.º de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2019, un período superior a dos años, registró un total de 629 mujeres procedentes de Venezuela con diagnósticos relacionados con IVE, la mayoría atendidas en Bogotá. Que apenas haya 47 registros en Norte de Santander, 29 en La Guajira y 10 en Arauca es sospechoso: “Por un lado, que el reporte sea menor puede indicar un subregistro y, por el otro, que las atenciones están asociadas con la presencia de población migrante y la capacidad de respuesta institucional”, reza el informe. La mayoría de las mujeres atendidas tenían entre 19 y 25 años.

Para las mujeres venezolanas, el aborto es una de las necesidades más apremiantes en salud sexual y reproductiva. El acceso a servicios de planificación, los servicios de aborto seguro y los anticonceptivos son las necesidades que encabezan el informe Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana, que publicó Profamilia junto con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) en 2018. Tanto en ese documento como en el recién publicado, la desinformación, la xenofobia y la falta de financiación son señaladas como las grandes barreras que impiden el acceso a los servicios de salud sexual.