Definir a Alejandro Gaviria es tarea complicada, porque son muchas las facetas de este antioqueño de pura cepa casado con bugueña, la también ministra consejera de la Presidencia, Carolina Soto. En lo que sí hay un denominador común es que en todas sus actividades ha tenido éxito.
Como subdirector de Planeación su independencia y carácter pronto dejaron grata y eficaz huella; más tarde como decano de la prestigiosa facultad de Economía de la Universidad de los Andes mereció el aplauso de estudiantes y profesores; luego honró las páginas de este periódico con una columna imperdible para los lectores que mereció el premio Simón Bolívar, para sólo mencionar algunos de sus desafíos más recientes.
Aunque jamás sus capacidades han estado en duda, cuando fue llamado por el presidente Santos al difícil potro del Ministerio de Salud, muchos llegaron a creer que lo habían puesto en el lugar equivocado, y que los complejos problemas de ese sector lo doblegarían. Pero no, más de tres años de juicioso ministerio han confirmado que todo lo que se propone Gaviria le sale bien, porque le pone responsabilidad, profesionalismo, rectitud y convicción.
Son muchos los aciertos que Gaviria ha logrado con discreción y no sin asumir riesgos de toda clase. En primer término, fue suya la iniciativa de suspender el uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos lícitos mediante aspersión aérea, medida que de su mano adoptó el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Su segundo logro durante este año lo constituyó su campaña para reglamentar la eutanasia, convirtiéndonos en el primer país de América en dar ese paso civilizante. No fue una decisión fácil en una nación atada a las cadenas religiosas, donde además hay un procurador siempre al acecho de quienes piensan y actúan diferente a él para destituirlos e inhabilitarlos. Gaviria lo hizo alegando que la ausencia de regulación de un derecho fundamental por la pereza del legislador no puede convertirse en obstáculo para su ejercicio, por lo que era necesario fijar lineamientos. El ministerio reglamentó la eutanasia recogiendo las voces de la sentencia de la Corte Constitucional de la que fuera ponente Carlos Gaviria, siempre que se trate de enfermedad terminal, que haya consentimiento libre, informado e inequívoco y sea practicada por un médico.
El talante liberal de Gaviria quedó también evidenciado en sus posturas frente al aborto, primero incluyendo el medicamento Misoprostol en el POS y recientemente, desde el Invima permitiendo su adquisición bajo fórmula médica, cuando antes era una odisea conseguirlo. A ello se ha agregado el diseño e impulso desde el ministerio de una ambiciosa política de pedagogía sobre el derecho a la salud de la mujer, a decidir la interrupción del embarazo según el riesgo medido por el médico. Y como para que no quedara duda, Gaviria ha promovido el registro sanitario de otro medicamento fundamental para la salud sexual femenina –Mifepristona– hoy prohibido.
Este aguerrido ministro de Salud se atrevió también a reglamentar la tenencia y cultivo de semillas y plantas de cannabis, y a regular los procesos de cosecha, producción, fabricación, exportación, importación, uso y tenencia de éstos y sus derivados, para destinarlos a fines estrictamente médicos, científicos y de investigación. Mientras en el Congreso se dan los primeros pasos para legalizar la marihuana con fines terapéuticos, Gaviria ha dado un salto impresionante que redundará positivamente en la terapia de muchas enfermedades.
Tampoco le ha temblado la mano a Alejandro Gaviria en la política farmacéutica, pues ha instrumentado un coherente control de precios de medicamentos, que les han significado a los colombianos aproximadamente $500 mil millones en ahorros.
Con el cautivador paraguas de enfrentar los más neurálgicos asuntos de su despacho bajo la lente de tratarlos como problemas de salud pública y no como dogmas de fe, Gaviria no tuvo miedo por nada y todo lo logró. Es un buen ejemplo de los funcionarios probos que entienden la política como un instrumento de inclusión y respeto de las bases de un Estado laico.
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