Algunas EPS cobraban drogas como Isodine de $255 a $2 millones

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) compraban al por mayor y terminaban cobrándole al Estado como si los medicamentos los hubieran adquirido al detal, denunció la contraloría general de la República en debate de control político en el Congreso.

No solo los medicamentos de alto costo, no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como el Herceptin o Mabthera, son objetos de sobrecostos escandalosos, que en algunos casos superan hasta el 100% del valor real.

Simón Guzmán, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector Social,  denunció una estructura en la cual algunos actores del sistema se han puesto de acuerdo para facturar el costo del medicamento a precios escandalosos.

"Encontramos casos muy particulares. Por ejemplo, el Isodine, que es de uso común y un medicamento ambulatorio. Muchas EPS lo compran al por mayor y al registrarlo en el sistema lo cobran como si fuera al detal. Cuando se compra al por mayor cuesta  225 pesos pero cuando lo vemos en la estructura del costo POS, hay casos donde ese  mismo Isodine vale 2.367.000 pesos, con un crecimiento de casi un 800%", denunció.

Mencionó también el caso del catéter intravenoso que en el mercado cuesta $2.700 en promedio y que algunas EPS las registran en un promedio de $21.500. "Y el acetaminofén que al por mayor lo cobran por tableta a $17, terminan cobrándolo a $90.000”, indicó Guzmán.

La contraloría general de la República detalló ante el Senado, las movidas financieras y contables que habrían realizado las EPS para inflar los cobros de medicamentos POS, los estados financieros y la apropiación de recursos parafiscales que no fueron destinados al sector salud si no que entraron en el rubro de utilidades a repartir entre socios y accionistas.

La auditoría se concentró en el estudio del flujo de estado de efectivo de cada una de las 22 EPS que están siendo investigadas, permitiendo así observar la trazabilidad de los recursos parafiscales, provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que el sistema les reconoce a las EPS por cada uno de los usuarios. Este dinero según la dinámica legítima del sector debe ser retornado a la prestación del servicio, pero que ha sido invertido en gastos administrativos, pago de honorarios, mantenimiento de clínicas, remodelaciones, entre otros.

De acuerdo con Mario Bernal, coordinador de la contraloría delegada para el sector Social, las EPS entienden el recobro como un ingreso propio. “Pero resulta que no lo es. Porque si la EPS ha pagado de forma anticipada los medicamentos que no están incluidos en el POS -porque para recobrarlo al Fosyga ésta debe pagarlo- ¿de dónde sacó los recursos la EPS?, pues de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)", dijo.

Todo recurso que se toma de la UPC debe ser retornado cuando el Fosyga lo pague, recordó. Las EPS lo que han hecho es utilizarlo indebidamente, dijo.

Explicó que la EPS recobra al sistema los medicamentos y tratamiento NO POS y los lleva a una cuenta por cobrar, que en muchos casos es inflada porque registra la totalidad del recobro y la totalidad no es entregada por el Fosyga.

Insistió en que medicamentos rechazados por el Fosyga se mantienen en las contabilidades de las EPS y en esta medida "la cuenta está inflada”.

Insistió en que los ingresos de las EPS son parafiscales, recursos que se deben destinar al sector salud. No se pueden comprometer, deben estar en efectivos. "Deben ser mantenidos como capital de trabajo necesario para atender las demandas de los servicios de salud”, dijo.

Según Mario Bernal, las EPS deben considerar el reparto de utilidades una vez se haya realizado las reservas que la misma necesita. “Hechas estas apropiaciones es esta la utilidad que se reparte entre los socios pero no el EBITDA. Es que el EBITDA, que algunas consideraciones se llama utilidad en caja, debe permanecer ahí en la entidad.

Entre los hallazgos encontrados por la contraloría está el pago “desproporcionado” de bonificaciones a personal directivo como primas de éxito, bonificaciones por servicios prestados y “primas navideñas que suman sumas superiores a los $300 o $400 millones”, explicó.