La reforma a la salud fue aprobada en segundo debate este jueves en la Cámara de Representantes. Con esta decisión, la plenaria dio luz verde al articulado y envió el proyecto a la Comisión Séptima del Senado, el mismo escenario donde, hace poco más de un año, fue archivado. La noticia representa un triunfo para el Gobierno Nacional, así como para el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes el pasado 5 de marzo enviaron una carta al Congreso solicitando un trámite con “mensaje de urgencia e insistencia”.
El grueso de la reforma, sin embargo, se aprobó el miércoles. Ese día, como explicamos aquí, se avalaron 24 artículos que transforman la Adres, el banco de la salud, en el gran pagador único del sistema, otorgándole nuevas funciones en auditoría, supervisión y control del flujo de recursos. Con esta modificación, la Adres asumiría un papel central en la gestión financiera del sistema de salud, desplazando a las EPS en el manejo de los pagos a hospitales y clínicas. Ese día, los congresistas también aprobaron la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud, un proceso que deberá completarse en un plazo de dos años.
Durante ese período, las EPS deberán desmontar la integración vertical, es decir, dejar de ser propietarias o tener participación en las clínicas y hospitales a los que remiten a sus afiliados. Además, se territorializarán en las regiones donde tienen mayor presencia, abandonarán su papel como gestoras del riesgo financiero y comenzarán a compartir funciones clave, como la conformación de redes de prestación de servicios (contratación de hospitales) con las secretarías de salud. Esta medida ha sido criticada por la oposición, que advierte que podría fragmentar la responsabilidad en la administración del sistema, debilitando su eficiencia.
Este jueves, entonces, la plenaria comenzaba con casi todos los temas más polémicos resueltos. Solo quedaban por discutir y aprobar ocho artículos. En principio, parecía que los artículos 48, 56 y 57 serían los más difíciles de acordar. Estos artículos otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir normas relacionadas con la transformación del sistema de salud, incluyendo la reglamentación del régimen laboral de los trabajadores del sector, así como la regulación de las consultas públicas en materia de salud.
Sin embargo, fue el artículo 42 el que desató el mayor debate en la plenaria. Este artículo proponía definir los órganos de dirección y administración de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), es decir, los hospitales públicos, e introducir criterios de meritocracia en la elección de sus directores, un proceso que actualmente está en manos de gobernadores y alcaldes. Al inicio del debate, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, anunció que los ponentes le habían informado sobre un acuerdo para eliminarlo. Esta decisión generó un fuerte rechazo, no solo entre congresistas de la oposición, sino también entre algunos aliados histórico de la reforma, como Marta Alfonso Jurado, de la Alianza Verde.
“Insisto en que los hospitales públicos también requieren mayor regulación. También han sido un robadero de muchos políticos, convertidos en contrataderos de personal administrativo que terminan desangrando los hospitales públicos. Es justo que esta reforma contenga este artículo para garantizar un mayor gobierno corporativo de los hospitales. Es justo que, con las responsabilidades que les vamos a entregar, tengamos un mayor control de ellos. Que el país esté pendiente de quienes votan la eliminación de este artículo. Ellos serán los representantes de la Cámara que seguramente van a manipular las elecciones de los gerentes de hospitales”, dijo Jurado en un duro pronunciamiento en la plenaria.
Pese a esto, las mayorías del Congreso definieron la eliminación de ese artículo.
El último bloque de artículos en discutirse y aprobarse fue el 44, 60, 61 y 62. El 44 establece la creación del “Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria (FIDH)”, administrado dentro del Ministerio de Salud, sin personería jurídica ni estructura propia. Su objetivo es fortalecer la red pública hospitalaria mediante proyectos de infraestructura y dotación, financiados a través de diversas fuentes, como el Presupuesto Nacional, cooperación internacional y regalías. La administración del fondo será supervisada por un Comité Consultivo.
En el artículo 60 se establece que los regímenes de salud para las Fuerzas Militares, Policía, Magisterio y Ecopetrol seguirán siendo regidos por normativas específicas y no se verán afectados por la reforma. Y el artículo 61, quizá el más importante de esta tanda, definió el régimen de transición hacia el nuevo sistema de salud, asegurando que nadie quede sin protección. Durante este periodo, los tratamientos médicos no se suspenderán y los pacientes continuarán siendo atendidos por las IPS. Las EPS que no se transformen en Gestoras de Salud y Vida deberán transferir a sus afiliados al nuevo sistema sin interrumpir la cobertura. Además, se priorizarán los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en áreas donde no haya EPS.
El Ministerio de Salud tendrá seis meses para reglamentar el sistema, mientras que la Superintendencia de Salud se encargará de atender las quejas y reclamos de los usuarios durante la transición. Finalmente, el Ministerio de Hacienda estructurará un mecanismo de crédito para liquidar los pasivos de las EPS que se transformen en Gestoras de Salud y Vida. De esta manera, y con esta tanda de artículos, la reforma a la salud quedó aprobada en la Cámara de Representantes en segundo debate.
¿Qué sigue?
El camino que le queda al proyecto no es, sin embargo, fácil. El proyecto pasa ahora a la Comisión Séptima del Senado. Esta instancia será decisiva, ya que fue precisamente en esta comisión donde el proyecto se hundió en la legislatura pasada, lo que representó en aquel entonces un fuerte revés para el Gobierno.
Esa Comisión Séptima está integrada por 14 senadores. Entre ellos se encuentran Martha Isabel Peralta Epieyu, Nadia Georgette Blel Scaff, José Alfredo Marín Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, Sor Berenice Bedoya Pérez, Edwing Fabián Díaz Plata, Honorio Miguel Henríquez Pineda, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Norma Hurtado Sánchez, Ana Paola Agudelo García, Omar de Jesús Restrepo Correa, Wilson Neber Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo.
El Gobierno cuenta con el respaldo de senadores como Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva, quienes han defendido la reforma. Sin embargo, también enfrentará una fuerte oposición de figuras con amplia experiencia en el Congreso y en asuntos de salud, como Norma Hurtado, quien ha sido una de las más críticas del proyecto. Hurtado ha cuestionado la falta de un análisis claro sobre su viabilidad fiscal y, además, está impulsando en el Congreso iniciativas que buscan restringir la facultad del Ejecutivo para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una propuesta que el ministro Guillermo Jaramillo ha rechazado en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, senadoras como Nadia Georgette Blel Scaff y Beatriz Lorena Ríos Cuéllar tampoco han mostrado apoyo al articulado en debates anteriores, lo que anticipa un escenario de discusión complejo para el Gobierno. “En la Comisión Séptima del Senado estoy positivo. Allá nos va a ir bien también”, señaló al final del debate el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Reacciones al trámite
Después del debate del miércoles, pocos dudaban de que el Gobierno lograría aprobar su reforma este jueves. Las reacciones no se han hecho esperar.
“Avanzó sin dificultad la aprobación de la reforma a la salud: persisten las mismas dificultades expresadas desde la ponencia: Adres desnaturalizada, servicios pagados sin auditoria, fragmentación de la UPC, roles difusos entre los agentes. Nada de esto conduce a una mejor atención en salud , nada de esto contribuye a la mayor transparencia, nada de esto favorece a los pacientes. Una reforma sin consensos que no ha atendido argumentos, ni cifras, ni el conocimiento de los agentes del sistema. Enorme responsabilidad le asiste al Senado de la República para el tercer debate”, criticó Ana María Vesga, de Acemi, el gremio de las EPS.
En la misma línea se pronunció Bruce Mac Master, director de la Andi: “La reforma a la salud tiene muchos problemas, el principal es que no tiene en cuenta la atención a los pacientes, no tiene en cuenta cómo se hará la transición de los pacientes, no se sabe cómo va a ser la atención”, dijo en una atención a medios. Después, agregó en X: “No sabemos si los representantes de la Camara tienen conciencia de las decisiones que están tomando por cuenta de los pacientes de Colombia No sólo están cometiendo un inmenso error, sino que están conduciendo a todo el sistema de salud a una crisis mucho peor que la que tenemos hoy día”.
Mientras tanto, otros sectores celebraron la noticia. “Han sido meses de debate, resistencia y argumentos técnicos y humanos para demostrar que la salud no puede seguir siendo un negocio que lucra a unos pocos, mientras el pueblo sufre y muere en las puertas de un hospital. Esta reforma es el primer paso para devolverle la dignidad a nuestro sistema de salud y para garantizar que, sin importar si vives en el campo o en la ciudad, recibas atención con calidad, calidez y respeto”, señaló Marta Alfonso Jurado, representante de la Alianza Verde y defensora del proyecto. “Aún falta camino, el debate en el Senado será la siguiente batalla, y allí también seguiremos defendiendo lo que creemos: la salud es un derecho, no un privilegio”.
“Esta reforma representa el compromiso de garantizar atención digna y oportuna para todos, sin importar su lugar de origen o condición. Seguimos trabajando para eliminar las barreras y fortalecer el derecho a la salud”, reaccionó, a su vez, el Ministerio de Salud en una publicación en X.
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