Suspenden debate de reforma a la salud: recusaron a dos partidos políticos

Plenaria sobre esta reforma en el Congreso de la República

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la Cámara de Representantes se lleva a cabo este jueves el debate de la Reforma a la Salud, luego de que el Gobierno convocara sesiones extraordinarias en el Congreso del 11 al 14 de febrero para retomar la discusión entorno a este proyecto de ley.

Aunque los congresistas estaban citados para el martes, 12 de febrero, solo una hora después de haber iniciado las discusiones se aplazó el debate. Los representantes de la oposición presentaron sus objeciones a la forma en cómo se tramitó la convocatoria a la plenaria. Por esta razón, el debate se retomó casi al mediodía de este jueves.

Las discusiones entorno a este proyecto de ley habían quedado pausado desde el 18 de diciembre de 2024. El gobierno nacional busca que el Congreso avance en la aprobación de 39 artículos (de 62 que tiene el proyecto), varios de ellos aún objeto de un intenso debate. Entre los puntos más polémicos, por ejemplo, están la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud, las facultades extraordinarias del presidente y el papel ampliado de la ADRES, conocida como el “banco de la salud”, en la gestión del sistema.

Si el proyecto supera este segundo debate en la Cámara de Representantes, aún deberá enfrentar dos instancias más: primero, en la Comisión Séptima del Senado, donde en el pasado fue archivado, y luego en la plenaria del Senado. En caso de aprobarse en ambas, podría requerir conciliación antes de que el presidente Gustavo Petro lo firmara.

Llega una nueva recusación contra el partido Partido Alianza Verde, anunció el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Esto lleva a la suspensión del debate. Salamanca convocó a la plenaria para el viernes, 14 de febrero, a las 10 de la mañana. La discusión logró avanzar en la aprobación de 7 artículos y en la discusión de algunos de los artículos más polémicos alrededor de la Adres.

El presidente de la plenaria anunció que llegó una recusación contra la bancada del partido Liberal. “Hay un elemento nuevo relacionado con la financiación de la campaña que nos obliga para cuidar el debido proceso (...) remitimos por oficio a la Comisión de Ética”, anunció el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. La bancada del Partido Liberal se retiró de la discusión de la reforma a la salud.

Los congresistas continuaron con la discusión de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, del título III del proyecto, “Fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema de salud”. Tratan sobre temas muy sensibles en la discusión, como las funciones de la Adres (el llamado “banco de la salud) en el nuevo sistema de salud.

El artículo 9 detalla esas funciones. La Adres se convertirá en el gran pagador único del sistema, encargándose de realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asignar fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y administrar los incentivos para las Gestoras de Salud y Vida. Además, la entidad tendrá la responsabilidad de garantizar la transparencia y trazabilidad de los recursos públicos, publicando todas las transacciones del sector salud. También podrá realizar auditorías y diseñar mecanismos financieros y de crédito para las instituciones prestadoras

“Se entregan superpoderes a la Adres. Preocupa que en una entidad como esta quede toda esta responsabilidad”, dijo Juan Fernando Espinal, representante del Centro Democrático. Sobre la capacidad de la Adres para asumir estas funciones se ha debatido mucho en el sistema. En la redacción del artículo, tal cuál está en la ponencia, se señala que el Ministerio de Salud, junto con la Adres, deberá implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional para garantizar la capacidad operativa de la entidad en un plazo máximo de un año. Además, la ADRES deberá aplicar buenas prácticas de gobierno corporativo. Otros congresistas como Hernán Dario Cadavid, del mismo partido, hicieron comentarios en la misma línea de Espinal, señalando lo que para él es una gran “concentración de poder”.

“¿Cómo va a ser para que esas nuevas funciones sean en beneficio de los pacientes?“, preguntó Luz Ayda Pastrana, representante del Cambio Radical.

“Estos artículos, además, implican la fragmentación de los recursos de la salud. Aquí están fragmentando los recursos, y al hacerlo, van a fragmentar la atención. Para la mediana y alta complejidad, el esquema que esta generando el Gobierno va a dejar recursos prácticamente de carácter residual”, criticó Andrés Forero, también del Centro Democrático. Su comentario se dirige a algunos elementos importantes del proyecto. El artículo 13 crea el llamado “Fondo Único Público de Salud”, gestionado por la Adres. Este fondo se dividirá, a su vez, en tres cuentas, dos de ellas independientes: una para la Atención Primaria en Salud y otra para el Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria.

Ambas tienen objetivos que han sido una bandera del Gobierno. La primera busca fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la atención básica en los territorios. Su propósito es garantizar que la población tenga acceso a servicios esenciales sin barreras, priorizando el cuidado cercano y oportuno a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y otros equipos médicos comunitarios. Por otro lado, la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria está enfocada en garantizar la estabilidad financiera y operativa de los hospitales públicos de mediana y alta complejidad.

Finalmente, habrá una tercera cuenta a cargo de la Adres, la llamada “Cuenta General para el Manejo y Destinaciones de los demás recursos del Fondo Único Público de Salud”. El artículo 17 señala que con los recursos de esta cuenta se pagarán los servicios de mediana y alta complejidad, incluyendo hospitales públicos, privados y mixtos que forman parte de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). También cubre medicamentos, insumos médicos, prótesis y órtesis, garantizando el acceso a tratamientos especializados. A Forero, del Centro Democrático, y a otros congresistas de la oposición les preocupa en especial que el artículo 14 permite el traslado de recursos entre las cuentas.

Es decir, los recursos de la Cuenta de Atención Primaria en Salud y la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria podrían transferirse a la Cuenta General para el Manejo y Destinaciones de los demás recursos del Fondo Único Público de Salud, o viceversa, según las necesidades del sistema. Sin embargo, algunos congresistas de la oposición y de partidos independientes advierten que esta flexibilidad podría generar desequilibrios en la distribución de los fondos. Su principal preocupación es que los recursos destinados a la atención de mediana y alta complejidad resulten insuficientes.

Esto pese a que el numeral 4 de ese artículo 14 señala que “el traslado de los recursos entre las cuentas debe ser aprobado por la Junta Directiva de la ADRES, previa evaluación técnica y financiera que justifique la necesidad del traslado, garantizando el equilibrio financiero del Fondo y la cobertura de las obligaciones priorizadas“, se puede leer.

“Quienes se han enfrentado a la reforma, han buscado que las EPS se queden manejando los recursos. Una de las maneras de sustentarlo, es diciendo que se está fragmentando los recursos y que no tiene sentido las cuentas que se están creando”, defendió Alfredo Mondragon, ponente del proyecto y miembro del Pacto Histórico. Mondragon agregó que el propósito de los artículos es lograr la financiación de la atención primaria en salud, un elemento que, en su opinión, no tuvo la prioridad que debió tener en los últimos años.

Los artículos 19 y 20 son igual de importantes. Allí se propone el camino a través del cual la Adres pagará los servicios de salud. Cuando un prestador haya brindado un servicio de salud, deberá presentar la factura correspondiente tanto a la Adres como a la Gestora de Salud y Vida. A partir de este momento, la Adres tendrá un plazo de 30 días para pagar, “como mínimo, el 85% del valor de la factura” de cada servicio. Paralelamente, la Gestora de Salud y Vida dispondrá de 60 días para auditar la facturación y determinar si existen inconsistencias. Si la auditoría no encuentra objeciones, la Adres contará con un plazo adicional de 30 días para completar el pago del 100% de la factura. En caso de que se detecten inconsistencias, el pago final se realizará una vez que se resuelvan dichas glosas. Además, si en la revisión se encuentra que el pago inicial fue mayor al valor validado, la ADRES podrá descontar el excedente en futuras facturas del prestador.

Este método ha generado preocupación en congresistas como Catherine Juvinao Clavio, representante a la Cámara de la Alianza Verde. “Aquí se plantea que la Adres pague directamente a los prestadores al menos el 85% de las facturas de manera anticipada, dejando solo el 15% de la factura sujeta a controles. Esto es una aberración. No puedo creer que este gobierno abra semejante boquete a la corrupción”, criticó Juvinao.

La ponente de la reforma, María Eugenia Lopera, afín al Gobierno, defendió ambos artículos y rechazó que se fuera a pagar sin controles. “No es cierto que ese pago se haga sin auditoría. Las cuentas se radican con soportes, de manera simultánea, ante la Adres y las Gestoras de Vida (hoy las EPS). La Adres tiene un plazo de 30 días para pagar el 85% del valor, mientras que las cuentas cuentan con 60 días para ser auditadas en su totalidad. Si tras la auditoría se determina que el valor excede lo ya pagado, la diferencia se descontará en la siguiente cuenta. Todo el procedimiento se realiza bajo la auditoría tanto de la Adres como de las Gestoras”, dijo Lopera. Sin embargo, Juvinao le controvirtió asegurando que el tiempo de auditoría establecido en la reforma sería insuficiente para garantizar un control adecuado y efectivo antes de que la Adres gire en la práctica los recursos.

Forero, del Centro Democrático, resumió la inquietud de manera sencilla: “Hay un desfase: la Adres puede pagar en 30 días, pero la Gestora se puede demorar auditando 60 días”.

Los congresistas aprobaron el primer bloque de artículos de esta sesión de extras. Los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 tuvieron la luz verde de la plenaria. Giran alrededor de la financiación y acceso a servicios complementarios en salud, la protección económica de los cotizantes y poblaciones vulnerables, así como el fortalecimiento financiero de las instituciones prestadoras de salud. El artículo 21, por ejemplo, establece los servicios sociales complementarios en salud, como transporte, hospedaje y cuidado personal, para quienes no pueden costearlos por razones socioeconómicas o geográficas. El Gobierno nacional definirá su financiamiento y beneficiarios, garantizando su continuidad con los recursos actuales mientras se asignan nuevas fuentes de financiación.

El artículo 22 regula las prestaciones económicas para cotizantes ante situaciones como maternidad, paternidad o enfermedad de origen común. Se prioriza la protección de mujeres y personas gestantes no cotizantes en niveles A, B y C del SISBÉN, asegurando un ingreso equivalente a medio salario mínimo durante los tres meses posteriores al parto, con un aumento progresivo hasta 2030. Por su parte, el artículo 23 crea un mecanismo de créditos blandos con tasas compensadas para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y entidades estatales afectadas financieramente por la liquidación de EPS, permitiendo su estabilización y permanencia en el sistema.

El artículo 24 modifica temporalmente la destinación de parte de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), permitiendo que las Cajas de Compensación Familiar utilicen hasta el 40% de estos fondos para sanear pasivos relacionados con la prestación de servicios de salud. Esta medida tendrá una vigencia de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley. Los 25 26 27 establecen disposiciones para la destinación de recursos en el sector salud, con un énfasis en la financiación del régimen subsidiado, el saneamiento fiscal y la cobertura de servicios a poblaciones vulnerables, incluyendo migrantes no afiliados. Juan Fernando Espinal, representante del Centro Democrático, expresó su preocupación sobre el impacto financiero de las disposiciones aprobadas: “Estos artículos generan un impacto fiscal. Que nos certifiquen si existe o no concepto de impacto fiscal en la reforma a la salud“, pidió.

Con este bloque de artículos, restan 32 artículos para que se apruebe el proyecto.

Antes de que iniciará la discusión del articulado, a la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó una proposición que pidió suspender el trámite. El documento estaba firmado por más de 20 representantes de la oposición y algunos partidos independientes, quienes solicitaron aplazar la discusión hasta que el Ministerio de Salud cumpla la orden de la Corte Constitucional de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el estado gira a las EPS por cada afiliado al sistema de seguridad social en salud.

La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, una de las promotoras de la proposición, sostuvo que “el congreso antes de avanzar con el trámite de la reforma a la salud debe ponerse del lado de los pacientes. Radicamos una proposición para que antes de continuar con el debate, se conforme una subcomisión que verifique el cumplimiento de lo ordenado por la corte al Ministerio de Salud frente al pago de los recursos para la atención y los medicamentos de los pacientes de alta complejidad y el ajuste de la UPC”.

Ante la petición, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que un juzgado negó las pretensiones y por lo tanto ordenó continuar con el trámite. Además, la solicitud de aplazar nuevamente el debate recibió solo 31 votos a favor y 58 en contra.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺