El primer día de sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes para debatir la reforma a la salud permitió a los congresistas comenzar a abordar los puntos más polémicos del proyecto. Aunque la sesión estaba programada para las 9:00 a.m., el debate inició después del mediodía, tras alcanzarse el quorum y luego de que la mayoría rechazara las solicitudes de la oposición para modificar el orden del día y aplazar la discusión.
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Aunque no estaba en la agenda del día, los recientes autos de la Corte Constitucional alrededor de la UPC y de presupuestos máximos fueron un punto recurrente de crítica entre congresistas de la oposición y sectores independientes. Tanto, que monopolizó el debate durante las primeras horas. La representante por Cambio Radical Carolina Arbeláez propuso la creación de una subcomisión para hacer seguimiento al cumplimiento de esas medidas.
“Buscamos que se pueda continuar este debate de una forma responsable. Que antes de seguir con el trámite, nos pongamos del lado de los pacientes. Lo mínimo, antes de avanzar, es exigirle al Ministerio que cumpla”, defendió Arbeláez. Pese a eso, y a que la bancada del Centro Democrático secundó la idea, la mayoría negó la proposición.
El Ministerio de Salud evitó pronunciarse directamente sobre el tema, y su titular, Guillermo Alfonso Jaramillo, no intervino en la plenaria, a pesar de las reiteradas solicitudes de los congresistas. No obstante, la entidad aprovechó para emitir un comunicado en el que negó estar en desacato y aclaró que las órdenes de la Corte aún no están en firme, ya que están pendientes de resolución de algunos recursos. Con este antecedente, la Cámara retomó la discusión del articulado, que había quedado en pausa el 18 de diciembre. Hasta entonces, se habían aprobado 23 de los 62 artículos. Este jueves, el Gobierno consiguió luz verde para otros 7 artículos, con lo que ya se ha superado la mitad del texto avalado.
Los nuevos artículos aprobados son los 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Todos giran alrededor de la financiación y acceso a servicios complementarios en salud, la protección económica de los cotizantes y poblaciones vulnerables, así como el fortalecimiento financiero de las instituciones prestadoras de salud. El artículo 21, por ejemplo, establece los servicios sociales complementarios en salud, como el transporte, hospedaje y cuidado personal, para quienes no pueden costearlos por razones socioeconómicas o geográficas. Señala que el Gobierno nacional definirá su financiamiento y beneficiarios, garantizando su continuidad con los recursos actuales, mientras se asignan nuevas fuentes de financiación al sistema.
El artículo 22 regula las prestaciones económicas para cotizantes ante situaciones como maternidad, paternidad o enfermedad de origen común. Aquí se prioriza la protección de mujeres y personas gestantes no cotizantes en niveles A, B y C del SISBÉN, asegurando un ingreso equivalente a medio salario mínimo durante los tres meses posteriores al parto, con un aumento progresivo hasta 2030. El artículo 23, a su vez, crea un mecanismo de créditos blandos con tasas compensadas para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y entidades estatales afectadas financieramente por la liquidación de EPS, permitiendo su estabilización y permanencia en el sistema. Este es importante, pues busca mitigar el impacto económico que ha dejado la crisis y liquidación de varias EPS, evitando el cierre de hospitales y clínicas que dependen de esos recursos para su funcionamiento.
El artículo 24 modifica temporalmente la destinación de parte de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), permitiendo que las Cajas de Compensación Familiar utilicen hasta el 40% de estos fondos para sanear pasivos relacionados con la prestación de servicios de salud. Esta medida tendrá una vigencia de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley. Los artículos 25, 26 y 27 establecen disposiciones para la destinación de recursos en el sector salud, con un énfasis en la financiación del régimen subsidiado, el saneamiento fiscal y la cobertura de servicios a poblaciones vulnerables, incluyendo migrantes no afiliados. Juan Fernando Espinal, representante del Centro Democrático, expresó su preocupación sobre el impacto financiero de las disposiciones aprobadas: “Estos artículos generan un impacto fiscal. Que nos certifiquen si existe o no concepto de impacto fiscal en la reforma a la salud“, pidió.
Aunque fueron aprobados sin inconvenientes, la discusión de estos artículos sirvió para que la oposición reiterara sus dudas sobre la sostenibilidad financiera de la reforma y exigiera al Ministerio de Hacienda proyecciones detalladas sobre el gasto. “Estamos hablando de los servicios sociales complementarios que se plantearon en la Ley 100, pero que fueron relegados. Estos servicios son esenciales para garantizar el acceso real a la salud”, argumentó Alfredo Mondragón, ponente y representante del Pacto Histórico. “Esto debería unir a todos los partidos para votar a favor”, agregó. Tras un debate que se extendió por cerca de tres horas, la plenaria pasó a discutir los puntos más sensibles del proyecto: quién manejará los recursos y cómo se garantizará su correcto uso.
La Adres, el punto de discordia
Si bien se suspendió la votación ante la llegada de dos recusaciones contra las bacadas Verde y Liberal, el debate sobre las funciones de la Adres, el llamado” banco de la salud”, quedó servido sobre la mesa. Los congresistas se adentraron en la discusión de los artículos 9 al 20 del Título III del proyecto, titulado “Fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema de salud”, que aborda aspectos cruciales como la administración de los fondos y el papel de la Adres en el nuevo modelo.
El artículo 9 detalla las funciones de la Adres, que se convertiría en el pagador único del sistema. Entre sus responsabilidades estará realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asignar fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y administrar incentivos para las Gestoras de Salud y Vida (las hoy EPS). Además, deberá garantizar la transparencia en el manejo de recursos, publicar todas las transacciones del sector y realizar auditorías. También tendrá la facultad de diseñar mecanismos financieros y de crédito para fortalecer a las instituciones prestadoras.
Sin embargo, la concentración de estas funciones en una sola entidad genera preocupación en algunos sectores. Juan Fernando Espinal, representante del Centro Democrático, advirtió: “Se le están entregando superpoderes a la Adres. Es preocupante que toda esta responsabilidad recaiga en una sola entidad”. Su compañero de bancada, Hernán Darío Cadavid, compartió la misma inquietud, señalando una excesiva concentración de poder.
El artículo 13 propone la creación del “Fondo Único Público de Salud”, que será gestionado por la Adres y contará con tres cuentas: una para Atención Primaria en Salud, otra para el Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria y una tercera de uso general y cuyo objetivo principal es pagar los servicios de mediana y alta complejidad del sistema, entre otros. La primera busca garantizar acceso a servicios esenciales en los territorios a través de los CAPS y equipos médicos comunitarios. La segunda tiene como objetivo apoyar y mejorar la estabilidad financiera de los hospitales públicos de mediana y alta complejidad.
Una de las mayores críticas a este modelo proviene del artículo 14, que permite la transferencia de recursos entre estas cuentas. Para congresistas como Andrés Forero, del Centro Democrático, esta flexibilidad podría generar desequilibrios y dejar insuficientes los fondos destinados a la mediana y alta complejidad. Aunque el numeral 4 de ese artículo señala que cualquier traslado deberá ser aprobado por la Junta de la Adres con una evaluación técnica y financiera previa, los opositores consideran que no es garantía. “Aquí están fragmentando los recursos, y al hacerlo, van a fragmentar la atención”, dijo Forero.
El debate también se centró en los artículos 19 y 20, que establecen cómo la Adres realizará los pagos a los prestadores de servicios. Según la propuesta, una vez presentada la factura del servicio ante la Adres y la Gestora de Salud, el “banco de la salud” deberá pagar, en un plazo de 30 días, al menos el 85% del valor de la factura. Paralelamente, la Gestora tendrá 60 días para auditar la facturación y determinar si hay inconsistencias. Si no hay objeciones, la Adres completará el pago del 100% en un plazo adicional de 30 días; si se detectan irregularidades, el pago final se ajustará en futuras facturas.
Este modelo ha generado fuertes críticas. “Aquí se plantea que la Adres pague directamente a los prestadores al menos el 85% de las facturas de manera anticipada, dejando solo el 15% sujeto a controles. Esto es una aberración. No puedo creer que este Gobierno abra semejante boquete a la corrupción”, criticó la congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien pidió ajustes al artículo que fueron negados por la plenaria.
La ponente del proyecto, María Eugenia Lopera, negó que los pagos se fueran a realizar sin auditoría, asegurando que el procedimiento incluye soportes y un doble control por parte de la Adres y las Gestoras. No obstante, Juvinao reiteró que el tiempo de auditoría previsto en la reforma es insuficiente para garantizar un control riguroso. Forero sintetizó la preocupación con una observación: “Hay un desfase: la Adres puede pagar en 30 días, pero la Gestora se puede demorar auditando 60 días”. Con estos reparos, el debate sobre los puntos más críticos de la reforma comenzó finalmente y sigue abierto. La sesión se suspendió pasadas las 5:00 de la tarde y se reanudará este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando estos temas podrían finalmente someterse a votación.
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