:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/FWxA7HChNWWOotZeiQCEJnlX8pA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FUQC3RU3L5GAZAI2GOHCJEHKNY.jpg)
Las 17 organizaciones médicas y de profesionales de la salud que integran el grupo ‘Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria en salud’ le enviaron hace unos días una carta al presidente del Senado, Iván Name, en la que invitan al Congreso de la República a abordar el tema de financiamiento de la reforma a la salud “como una prioridad”. (Puede leer: Tras un año de espera, el Invima ya tiene director: Petro elige a Germán Velásquez)
Con base en un documento publicado por el Banco de la República en mayo de este año y una investigación publicada en la revista académica Cost Effectiveness and Resource Allocation a inicios de octubre, las organizaciones médicas presentan el aumento en el gasto que el sistema de salud ha tenido en los últimos años en dos frentes, puntualmente.
Según el grupo, el sistema de salud “enfrenta un aumento en el gasto principalmente por el incremento en enfermedades crónicas no transmisibles”, pues pasó de representar 1.5 billones de pesos en 2016, a ser 5.9 billones de pesos en 2021. Para 2030, este gasto podría ser de 8 a 10 billones de pesos por año. (Le puede interesar: Invima pide no administrar este medicamento por brote de infecciones por Burkholderia)
También destacan que se ha visto un incremento del gasto “por concepto de presupuestos máximos (tecnologías no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud)” que pasó de $42.290 millones en el régimen contributivo en 2003, a $6.83 billones en 2021.
Sobre este segundo punto, las organizaciones, lideradas por la Academia Nacional de Medicina, resaltan que “el crecimiento desbordado del gasto en presupuestos máximos cuestiona cómo se están gestionando estas atenciones que para el año 2021 representan aproximadamente el 0,5 % del PIB”. Para el grupo, esta situación exige una evaluación y análisis exhaustivo por parte de los organismos de control. (También puede leer: Cuando los mosquitos se convierten en una amenaza pública)
Estos datos, exponen las asociaciones firmantes, resaltan la importancia “de definir claramente y a través de estudios técnicos confiables, la suficiencia de la UPC, así como las proyecciones asociadas a los cambios por envejecimiento de la población, carga de enfermedad, aumento de la frecuencia de uso”, entre otros fenómenos que deben ser considerados.
Por estas razones, el grupo considera que tanto el Congreso de la República, así como el país en general, debería conocer las fuentes de los recursos, “sobre la base de las proyecciones de ingresos por cotizaciones y el crecimiento de los aportes del Presupuesto General de la Nación”, que serían necesarios para sufragar la reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro y que no dependen de ese sector. (Puede interesarle: Médicos del mundo piden acciones urgentes para frenar el cambio climático)
Algunos de ellos, por ejemplo, son “la construcción, dotación y mantenimiento de los CAPS, incorporación a las plantas de personal de quienes hoy se encuentran vinculados por orden de prestación de servicios o formas de tercerización laboral, más el valor del Sistema Público Único de Información en Salud”.
El segundo debate de la reforma a la salud, que se está dando en la plenaria de la Cámara de Representantes, se retomará este miércoles (1º de noviembre). Los puntos más controversiales de este proyecto de ley, como la transformación de las EPS y, precisamente, la financiación de la reforma, todavía no son discutidos en la plenaria de esta corporación.