En la mañana de este martes, Bernardo Armando Camacho se posesionó como nuevo superintendente nacional de Salud. Camacho asume el cargo tras la renuncia de Giovanny Rubiano, la cual fue aceptada hace unas semanas por el presidente Gustavo Petro.
“Camacho Rodríguez es médico con amplia experiencia en gestión pública y fortalecimiento de instituciones al servicio de la vida. Desde la Superintendencia, el Gobierno seguirá protegiendo los recursos del sector salud, garantizando este derecho fundamental”, anunció el Ministerio de Salud, a través de sus redes sociales.
Camacho asume el cargo en un momento clave para la entidad, que actualmente mantiene la intervención sobre ocho EPS, todas bajo control de interventores designados por la Superintendencia, excepto Sanitas, que debió ser devuelta a sus propietarios por orden de la Corte Constitucional.
Su llegada al cargo no estuvo libre de contratiempos. Si bien su hoja de vida de Camacho fue publicada hace semanas en las páginas de Presidencia (lo que es un paso previo al nombramiento), la decisión se habría complicado debido a su reciente paso como interventor de Nueva EPS. Camacho dirigió como interventor a la Nueva EPS hasta el 19 de agosto, y al posesionarse como superintendente de Salud tendría que declararse impedido para intervenir en decisiones relacionadas esta EPS.
Mientras se resolvía este asunto, el Gobierno había designado, de manera interina, al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Hernán Urrego Rodríguez. Ahora, con la designación de Camacho por parte del Ministerio de Salud, parece que la preocupación en torno a estos impedimentos fueron subsanadas.
Son varios los procesos que deberá continuar el nuevo superintendente de Salud, entre ellos las auditorías externas con firmas privadas para revisar los estados financieros y operativos de las EPS intervenidas, que tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y evaluar la viabilidad de sus planes de recuperación. También deberá continuar con la negociación conjunta de medicamentos, orientada a reducir costos y garantizar el abastecimiento en las redes de atención, y la construcción de una nueva regulación para los gestores farmacéuticos, como Audifarma y Cruz Verde.
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