Bolivia le apuesta al dióxido de cloro contra el Covid-19 aunque no sirva para nada
En un acto de insesatez el Senado de Bolivia aprobó un proyecto de ley para elaborar, vender y usar esta polémica sustancia sin ningún respaldo médico.
El Senado de Bolivia aprobó un proyecto de ley que autoriza elaborar, vender y usar el dióxido de cloro en pacientes con covid-19, tratamiento sin sustento científico y desaconsejado por el gobierno, que pasará este miércoles a la Cámara de Diputados.
Según el proyecto, la medida tendrá vigor "mientras exista el riesgo de contagio" de coronavirus y, tras cumplir requisitos del ministerio de Salud, esa sustancia podrá ser elaborada "por laboratorios públicos y privados" y comercializada "sin necesidad de receta médica".
La presidenta del Senado, Eva Copa, que participó de la sesión de manera virtual pues está en cuarentena por coronavirus, dijo que el uso del dióxido de cloro para tratar a pacientes con covid-19 es "voluntario y no obligatorio".
De aprobarse la ley en la Cámara de Diputados, será enviada luego al Poder Ejecutivo para su promulgación por parte de la presidenta interina Jeanine Áñez, quien dio positivo a una prueba de covid-19 y está confinada pero sin síntomas.
En abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijo sobre el uso del dióxido de cloro que no hay "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia". Agregó además que su consumo "presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes".
El mismo martes, la Asamblea Legislativa regional de La Paz, que funciona de manera independiente del Parlamento nacional, aprobó también para ese departamento del país el uso en pacientes con covid-19 de este agente oxidante, que se utiliza además como blanqueador y desinfectante.
El gobernador de La Paz, Félix Patzi, tiene diez días a partir de la fecha para promulgar la ley, que tiene únicamente aplicación departamental.
La aprobación del uso del dióxido de cloro también fue exigida por la Central Obrera (COB), en una marcha de protesta el martes, entre otras demandas.
Por su parte, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, dijo que las autoridades de la salud no pueden alentar el uso de un tratamiento del que no existen pruebas sobre su efectividad.
“Una institución responsable de la salud de los bolivianos, como es el Ministerio de Salud, no puede arriesgarse a recomendar algo que no tenga una base científica”, reaccionó Delgado.
En tanto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo a la red Erbol que el dióxido de cloro "es una sustancia química, no es medicamento".
"Por lo tanto, la instancia (para autorizar su uso) no es una Asamblea, es la Agencia de Medicamentos, porque caso contrario, si hoy día se acepta esta aberración, el día de mañana cualquier Asamblea Departamental va a aprobar lo que quiere", expresó Larrea.
A pesar de que el gobierno de Áñez advirtió en junio contra el uso del dióxido de cloro, lo han autorizado los gobiernos regionales de Tarija (sur), Chuquisaca (sureste), Beni (noreste) y Cochabamba (centro).
Con una población de 11 millones de habitantes, Bolivia sobrepasó el martes los 50.000 contagiados y registró 1.898 muertos.
Lea: Una “iglesia”, charlatanes y varias víctimas: la historia detrás del dióxido de cloro
El Senado de Bolivia aprobó un proyecto de ley que autoriza elaborar, vender y usar el dióxido de cloro en pacientes con covid-19, tratamiento sin sustento científico y desaconsejado por el gobierno, que pasará este miércoles a la Cámara de Diputados.
Según el proyecto, la medida tendrá vigor "mientras exista el riesgo de contagio" de coronavirus y, tras cumplir requisitos del ministerio de Salud, esa sustancia podrá ser elaborada "por laboratorios públicos y privados" y comercializada "sin necesidad de receta médica".
La presidenta del Senado, Eva Copa, que participó de la sesión de manera virtual pues está en cuarentena por coronavirus, dijo que el uso del dióxido de cloro para tratar a pacientes con covid-19 es "voluntario y no obligatorio".
De aprobarse la ley en la Cámara de Diputados, será enviada luego al Poder Ejecutivo para su promulgación por parte de la presidenta interina Jeanine Áñez, quien dio positivo a una prueba de covid-19 y está confinada pero sin síntomas.
En abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijo sobre el uso del dióxido de cloro que no hay "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia". Agregó además que su consumo "presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes".
El mismo martes, la Asamblea Legislativa regional de La Paz, que funciona de manera independiente del Parlamento nacional, aprobó también para ese departamento del país el uso en pacientes con covid-19 de este agente oxidante, que se utiliza además como blanqueador y desinfectante.
El gobernador de La Paz, Félix Patzi, tiene diez días a partir de la fecha para promulgar la ley, que tiene únicamente aplicación departamental.
La aprobación del uso del dióxido de cloro también fue exigida por la Central Obrera (COB), en una marcha de protesta el martes, entre otras demandas.
Por su parte, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, dijo que las autoridades de la salud no pueden alentar el uso de un tratamiento del que no existen pruebas sobre su efectividad.
“Una institución responsable de la salud de los bolivianos, como es el Ministerio de Salud, no puede arriesgarse a recomendar algo que no tenga una base científica”, reaccionó Delgado.
En tanto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo a la red Erbol que el dióxido de cloro "es una sustancia química, no es medicamento".
"Por lo tanto, la instancia (para autorizar su uso) no es una Asamblea, es la Agencia de Medicamentos, porque caso contrario, si hoy día se acepta esta aberración, el día de mañana cualquier Asamblea Departamental va a aprobar lo que quiere", expresó Larrea.
A pesar de que el gobierno de Áñez advirtió en junio contra el uso del dióxido de cloro, lo han autorizado los gobiernos regionales de Tarija (sur), Chuquisaca (sureste), Beni (noreste) y Cochabamba (centro).
Con una población de 11 millones de habitantes, Bolivia sobrepasó el martes los 50.000 contagiados y registró 1.898 muertos.
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