Hace unos días, la ONG Red Papaz publicó un comunicado en el que advertía que una de las estrategias que está impulsando Cali para mejorar la alimentación saludable en los colegios se encontraba en riesgo. La razón, añadían, era que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su Cámara de Alimentos y Bebidas, estaba tratando de incidir en la implementación de ese plan, que convertiría a los colegios de la capital del Valle del Cauca en pioneros al no vender alimentos ultraprocesados como papas fritas y gaseosas.
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“Rechazamos esta interferencia por parte de este gremio, que sabemos, por experiencias anteriores, se especializa en torpedear las iniciativas de la salud que ellos creen que puede afectar el bolsillo de sus afiliados”, insistía Red Papaz.
A lo que se refería la ONG era a una reunión que hubo en Cali el 28 de enero, en la que participaron funcionarios de las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Económico. La había solicitado la Cámara de Alimentos de
ANDI para conversar sobre un decreto (el 918) que está implementando la ciudad y que había sido expedido en diciembre de 2023. En aquel documento se establecieron una serie de medidas para promover la alimentación saludable en los colegios, entre las cuales había una que no le suena a la industria: que las tiendas escolares dejen de vender comida ultraprocesada de forma gradual. Su consumo excesivo, señalan varios estudios, está vinculado a un mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad y a padecer, en el futuro, algunas enfermedades no transmisibles.
En términos muy resumidos, la idea de ese decreto es que a finales de 2024 quedaran prohibidos en los colegios caleños los productos que tienen tres o más sellos octogonales, y que indican, por ejemplo, un exceso de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans o de sodio. A mediados de 2025 no debería haber productos con dos sellos, y a mitad del próximo año no debería ninguno con un sello.
“Nosotros acompañamos la estrategia PLATOS (Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable) para implementar este decreto y hemos hecho un trabajo muy valioso con colegios, con tenderos y con padres y madres de familia que le han apostado a este esfuerzo. Además, hemos hecho eventos y capacitaciones con asesorías de nutricionistas para demostrar que sí es posible sacar la comida chatarra de los colegios”, explica por teléfono Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.
Lo que le incomoda a Piñeros es que, después de meses de trabajo, la ANDI manifieste dudas sobre lo que señala esa norma, pues siente que podría ponerse en riesgo su implementación. “A mi juicio, la autoridad encargada (la Secretaría de Salud) no debería consultar a la industria a la que va a regular. El costo por enfermedades que causa la malnutrición los está asumiendo el Estado colombiano”, agrega Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que se vinculó al proceso, dice, para evitar que alguna piedra en el zapato se le atraviese a la adopción del decreto.
Carlos Pinzón, subsecretario de Salud de Cali, no tiene ningún problema en admitir que, efectivamente, se reunieron con los representantes de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Cree que está bien abrirle la puerta a todos los interesados. “Debemos abrirla en el marco de la transparencia y para generar confianza entre todos los actores de que este es un proceso técnico. Eso genera tranquilidad. Nosotros sabemos que cada actor tiene una intencionalidad y el de la ANDI es claro: representa unas empresas con unos intereses”.
Pinzón cuenta que esa reunión tuvo un carácter informativo y no fue “ni consultiva ni deliberativa. El propósito fue, solamente, escuchar”. En el encuentro, señala, la ANDI manifestó, entre otras cosas, su descuerdo con la norma colombiana que impuso los sellos frontales a los ultraprocesados, la definición que establece el decreto de esos productos y pidió, además, revisar los plazos establecidos para que los colegios dejen de vender esa comida.
La Cámara de Alimentos de la ANDI confirma en una respuesta enviada a El Espectador que en la reunión del 28 de enero querían saber sobre los objetivos del decreto y cómo los iban a medir. También solicitaron que “revisen el impacto en miles de empresas que producen cumpliendo las reglas y normatividad vigente” y que “consideren invitar a todos a ser parte de la solución”. La industria es clara en manifestar su desacuerdo con la completa prohibición de los alimentos con sellos en las tientas escolares y cree que la norma que obligó a los productores a poner sellos negros a paquetes y gaseosas tiene “errores técnicos” que “no permiten clasificar adecuadamente los alimentos”. A sus ojos, están “satanizando a la industria alimentaria sin considerar que somos parte de la solución”.
“Un decreto local de ventas escolares debe hacerse con rigor técnico y sin sesgos, priorizando la alimentación de los niños y niñas, en armonía con la inocuidad y permitiendo el desarrollo del portafolio desarrollado por la industria. En una alimentación balanceada, todos los alimentos pueden tener un espacio”, dice la ANDI a este diario.
Además, asegura que su intención no ha sido bloquear el decreto ni oponerse al aumento de consumo de frutas y verduras (“coincidimos en la importancia de promover una alimentación saludable en los entornos escolares”, escriben), aunque cree que al documento le hace falta “sustento técnico” y pruebas de su impacto en la salud pública. “Más que prohibiciones, necesitamos estrategias que realmente contribuyan a la promoción de hábitos saludables”.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda, hay entidades y ciudades que están insistiendo en la necesidad de restringir la presencia de productos procesados y ultraprocesados en las tiendas escolares, pues la obesidad en menores es un problema que se está saliendo de las manos. En Cali, la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (de 2015), mostró que los indicadores de sobrepeso y obesidad en los estudiantes de 5 a 12 años no están nada bien: el 22.8% tenía sobrepeso y el 12.2% obesidad.
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En 2019, el Ministerio de Salud de Colombia, publicó un documento técnico en el que daba una larga lista de razones para reglamentar las tiendas escolares. En su introducción, además de recordar que el Valle del Cauca estaba entre los departamentos con mayor exceso de peso en la edad escolar (29,9% de los niños entre los 5 y 12 años), advertía que estar expuestos a un ambiente no saludable era un factor que incidía en el desarrollo de la obesidad infantil. Entre la baraja de elementos que también influían, mencionaba el hecho de que los niños y niñas hoy encuentran una “amplia oferta amplia de alimentos y bebidas con alta densidad de energía y pobre”.
“El Plan de acción para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia de la Organización Panamericana de la Salud señala el entorno actual como un factor causante de sobrepeso y obesidad. Sus recomendaciones comprenden políticas fiscales, la regulación de la comercialización de los alimentos no saludables, un mejor etiquetado de los productos ultraprocesados, y una mejora de los alimentos en establecimientos escolares. Por tanto, es necesario establecer recomendaciones y requisitos de las tiendas escolares para brindar un entorno saludable para los niños, niñas y adolescentes”, insistía el Minsalud.
En el documento detallaba cuáles productos procesados y ultraprocesados no recomendaba vender ni publicitar en una tienda escolar. La lista es larga: hay desde embutidos como el jamón o las salchichas, y procesados como las galletas con relleno y la salsa de tomate, hasta refrescos, energizantes y bebidas carbonatadas como las gaseosas.
Su sugerencia era que en esos espacios, los tenderos le dieran prioridad a productos como los cereales, las raíces, los tubérculos, las frutas, las verduras, la carne, los huevos, las leguminosas, los productos lácteos, los frutos secos, y postres bajos en azúcares, elaborados con alimentos autóctonos, que hagan parte de la cultura alimentaria de la región.
“Nosotros creemos que es posible que los colegios ofrezcan esa alimentación saludable y que se puede replicar en más ciudades del país. Queremos que Cali sea un piloto para otras ciudades. Hay tenderos que han hecho un gran esfuerzo para lograrlo; requiere trabajo, pero les puede dar más ingresos”, replica Carolina Piñeros, de Red Papaz.
De hecho, ya hay varios ejemplos de otros lugares donde se han tomado decisiones similares. En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibirá, a partir de marzo de este año, los ultraprocesados y las bebidas azucaradas en los colegios. En Río de Janeiro, en Brasil, hace un par de años también fue aprobado un proyecto de ley para evitar la venta de esos productos. Y en Córdoba, en Argentina, esperan que en 2026 los entornos escolares estén libres de la comercialización de ultraprocesados.
“En nuestro caso, desde 2018 empezamos a restringir el consumo de alimentos ultraprocesados y a ofrecer alternativas más saludables”, cuenta Geoff Watson, rector del colegio La Colina, de Cali, que tiene 460 estudiantes. “Eso requirió de mucha creatividad y de una conversación constante con los alumnos y los padres de familia. Hoy tenemos un comité de alimentos donde hay papás, expertos, profesores, proveedores y estudiantes, que aprueban los menús. También tenemos conversaciones sobre lo que es rentable con la empresa que ofrece el servicio. Hoy todos entienden de la importancia de comer mejor”.
Por lo pronto, Pinzón, subsecretario de Salud de Cali, tiene un mensaje de tranquilidad para quienes creen que, debido a la reunión con la ANDI, se va a caer el proceso que indica el decreto: “No tenemos ninguna intención de cambiarlo. Hablamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Educación, con el despacho del Alcalde y seguimos adelante. El decreto tiene elementos técnicos que soportan la decisión de continuar con las medidas”. Asegura que tienen toda la intención de cumplir con los plazos establecidos, pero, si en 2026, hay dificultades en la implementación, están abiertos a revisarlo.
Pinzón dice que están a la espera de que la Cámara de Alimentos de la ANDI les envíe la evidencia con la que esperan sustentar sus afirmaciones, las cuales leerá en “un marco académico”. También, apunta que en la reunión que generó discordia les hizo una recomendación más: que leyeran el decreto para construir sus argumentos, pues cuando asistieron al encuentro aún no lo habían leído.
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Por Sergio Silva Numa
