Las últimas semanas no han sido buenas para las compañías de cigarrillos electrónicos. Las enfermedades pulmonares asociadas a estos dispositivos que han desarrollado más de 500 pacientes en Estados Unidos han generado una ola de preocupación. Michigan fue el primer estado de ese país en reaccionar: los primeros días de septiembre anunció que prohibiría los líquidos con nicotina saborizada. La administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA) se sumó a las alertas y también anunció la posibilidad de retirar del mercado los cigarrillos aromatizados mientras se despejan las dudas sobre sus consecuencias para la salud. Walmart, una de las cadenas de supermercado más grandes, fue el último en tomar decisiones drásticas. El pasado viernes aseguró que no vendería más estos productos en sus tiendas. (Lea la primera entrega de este reportaje: "Cigarrillos electrónicos, ¿una cortina de humo de las tabacaleras?")
“En vista de la reciente complejidad e incertidumbre que rodea la reglamentación de los cigarrillos electrónicos a nivel federal, estatal y local, dejaremos de vender productos electrónicos que contengan nicotina en los sitios de Walmart y Sam's Club", dijo uno de los voceros. (Lea la segunda entrega de este reportaje: "Cigarrillos electrónicos: ¿qué dice la ciencia?")
En Colombia la situación es muy distinta. Hoy los cigarrillos electrónicos aún se venden libremente en múltiples tiendas. También suelen ser promocionados en las calles con grandes avisos de publicidad. Muchos usuarios prefieren comprarlos en internet, donde en páginas como Mercado Libre los adquieren sin ninguna restricción. Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) son los nombres con los que se conocen en el argot técnico.
Sin embargo, ante el incremento de la evidencia que advierte sobre los posibles riesgos de estos dispositivos, cada vez hay más intentos por establecer unas reglas claras sobre su comercialización. De hecho, hay en el Congreso dos proyectos de ley que buscan aclarar quién puede venderlos y bajo qué condiciones.
Uno de ellos fue propuesto por la representante a la Cámara Neyla Ruíz (Partido Alianza Verde), pero hasta el momento no ha sido debatido. El otro es impulsado por el senador David Name (Partido de la U) y hace unas semanas fue aprobado en segundo debate. Sin embargo, su discusión despertó una controversia entre salubristas y empresarios que parece estar lejos de resolverse.
A los ojos de Blanca Llorente, directora científica de la Fundación Anáas, el proyecto de ley tiene un punto muy valioso: “Busca incluir los cigarrillos electrónicos en la Ley 1335, que es donde se especifican las normas sobre el consumo y venta del cigarrillo. Es decir, no podrían usarse en espacios cerrados como discotecas y las compañías que los venden tampoco podrían hacer publicidad”, explica. Aunque, dice, aún tiene detalles técnicos que deben resolverse, "si se acogen al concepto que les envió el Ministerio de Salud, es buen intento de regulación”.
En ese documento, firmado por el ministro Juan Pablo Uribe, esa entidad recopila parte de la evidencia disponible sobre estos dispositivos. En una de sus conclusiones advierte que “la declaración de que ‘los cigarrillos electrónicos son 95% más seguros que fumar’ no es cierta. Se han encontrado muchas sustancias tóxicas en el vapor liberado por los E-Cig. Entre ellas existen sustancias que producen cáncer de pulmón y de otros órganos, además de infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Por ende, se afirma que no hay pruebas científicas que demuestren que el cigarrillo electrónico es seguro para los consumidores”.
Más adelante el Minsalud admite el enorme desafío que ha significado la regulación de esos cigarrillos. “Los SEAN”, escribe en el documento que envió al Congreso, “se han convertido en un reto regulatorio para este Ministerio, debido a la vaguedad en su composición química; son cada vez más probados los daños a la salud que estos generan y ante el aumento exponencial de la comercialización y publicidad de estos en el mercado colombiano (…) La legislación existente, específicamente la sanitaria, resulta ser insuficiente para controlar de manera eficaz todo el ciclo económico del producto (producción, comercialización, venta, consumo, publicidad y promoción), lo que ha restringido el actuar en procura de brindar recomendaciones”.
Para llenar esos vacíos una de sus recomendaciones es que la popular Ley 1335 (que regula el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos) sea ampliada y cobije a estos nuevos artículos. “Productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores” es la categoría que sugiere para poder reglamentarlos.
Entre la baraja de argumentos del Ministerio hay varios que le generan inquietud. La Encuesta de tabaquismo de 2017, por ejemplo, mostró que el 15,4% de los estudiantes de colegio había tenido experiencia con el uso de cigarrillos electrónicos, sobre todo en las zonas urbanas como Medellín y Bogotá. Además, señala el Minsalud, la prevalencia de su uso en universitarios es alta. El 16,1% lo había probado una vez en la vida, de acuerdo con el III Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en esta población. “Colombia es el segundo país con mayor consumo de este tipo de productos, después de Ecuador”, escribe.
Francisco Ordóñez es una de las personas que se ha opuesto a algunos de los puntos de la ley promovida por el senador Name. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), una organización que nació hace unos 3 años y que aglutina, dice, a unos 600 usuarios y unas 14 tiendas que venden cigarrillos electrónicos.
En las últimas semanas Ordóñez ha aparecido en múltiples ocasiones en medios de comunicación. También, a través de una agencia y de varios comunicados de prensa, ha promovido su postura y sus entrevistas. Su punto se resume en una frase: “Estamos en total desacuerdo con que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina sean regulados y categorizados bajo la condición de tabaco”.
Aunque es claro en señalar en que está de acuerdo con no vender estos cigarrillos a menores de edad y en advertir que no tienen ninguna relación con la industria del tabaco (“no nos financian ni los aceptaríamos en nuestra asociación”, asegura), su principal argumento es similar al que suelen usar las tabacaleras: “Estos dispositivos son la herramienta de reducción de daños más exitosa que ha logrado sacar del tabaquismo a más de 42 millones de personas alrededor del mundo. Tenemos mucha evidencia científica que respalda nuestros argumentos”.
Es una seguridad que, como lo mostró este diario, contrasta con lo que piensan hoy los principales expertos en salud pública del mundo. El pasado viernes, de hecho, varias organizaciones y sociedades científicas colombianas se unieron para expresar su conclusión sobre este debate: “No es prudente, ni responsable asumir el enfoque de reducción del daño, cuando aún se desconoce a largo plazo el impacto que tendrá el uso de los PTC y SEAN/SSSN en la salud de los fumadores, ex fumadores, así como en las personas expuestas de manera pasiva a los aerosoles de estos productos, dado que contienen sustancias que son tóxicas y carcinógenas”.
El comunicado lo firmaban, entre otros, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Icesi, Red Papaz y la Liga Colombiana Contra el Cáncer.