Cigarrillos electrónicos y vapeadores, un mercado con confusos intereses en el país

Colombia no ha regulado el mercado de cigarrillos electrónicos. / Getty Images

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Este artículo hace parte de la segunda entrega de un reportaje. Lea la primera: aquí: “Cigarrillos electrónicos, ¿se avecina un problema de salud pública”.

A principios de este siglo, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe revelador sobre las tabacaleras que parecía más una película de ciencia ficción. Tras examinar con lupa los documentos privados de multinacionales como Philip Morris, R.J. Reynolds Tobacco y la British American Tobacco, un comité dirigido por Thomas Zeltner, salubrista suizo, expuso en más de 250 páginas las tácticas que estas compañías habían usado para proteger su negocio.

Aquel documento, logrado gracias a un intenso litigio contra esas empresas, mostraba que esas compañías habían fabricado datos y manipulado la evidencia que existía sobre las consecuencias de fumar. “Vieron a la OMS como uno de sus principales enemigos y emprendieron una batalla contra ella... Financiaron en secreto a ‘expertos independientes’ para realizar investigaciones, publicar artículos, presentarse en conferencias o desacreditar los resultados de estudios”, sentenciaron los autores.

La historia tiene capítulos que parecen de película. En 1977, siete de las principales tabacaleras fabricaron la “Operación Berkshire”, un plan para desestimar la relación entre fumar y varias enfermedades. Una década más tarde, en Boca Ratón, en Florida (EE.UU.), Geoffrey Bible, presidente de Philip Morris International, reunió a los altos ejecutivos de la compañía para estudiar cómo influir en las decisiones de la OMS. Al cabo del encuentro, identificaron 26 amenazas globales para su industria.

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Desde entonces, no hay quien no camine con prudencia a la hora de establecer una relación con esa industria o de recibir algún tipo de financiación. Y ahora, con los “cigarrillos electrónicos” o “vapeadores” abundando en un mercado que Colombia aún no ha podido regular, hay quienes piden que haya más transparencia sobre qué papel está jugando cada actor y el dinero que reciben.

Un buen ejemplo de lo compleja que pueden llegar a ser esas relaciones es la Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW), que Philip Morris International financió en 2017 y a la cual prometió destinar US $80 millones durante 12 años. “Una fundación privada independiente, sin fines de lucro y comprometida con la reducción de muertes y enfermedades causadas por fumar. Nuestra misión es acabar con el tabaquismo en esta generación”, es como se presentan en su página web. Para lograr ese objetivo, dicen, abordan las necesidades del mundo en desarrollo en relación con el abandono del tabaco y se enfocan en la “reducción de daños”.

Su lanzamiento despertó preocupación. Ese mismo año, la OMS prefirió dejar clara su posición con un comunicado en el que recordaba “el conflicto fundamental de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública”. La “OMS no colabora con la industria tabacalera ni con agentes no estatales que trabajen para promover los intereses de esa industria. Por consiguiente, la Organización no se implicará en esta nueva Fundación”, sentenció. También pidió a los Gobiernos y a la comunidad de la salud pública que siguieran su ejemplo.

Ese organismo no fue el único en alzar la voz. Al año siguiente, los voceros de las escuelas y facultades de salud pública más reputadas publicaron una carta conjunta en la que aclaraban que no aceptarían ningún tipo de financiamiento de la FSFW. “Si Philip Morris realmente quisiera establecer un ‘mundo libre de humo’, dejaría de impugnar los esfuerzos legales a nivel local y nacional para el control del tabaco y dejaría de publicitar y fabricar cigarrillos”, expresaron. “El éxito en salvar millones de vidas dependerá de la investigación y el desarrollo de políticas que no estén contaminadas por los intereses de la industria tabacalera”.

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En agosto del año pasado, otro grupo de salubristas liderado por Joanna E. Cohen, directora del Instituto para el Control Global del Tabaco de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, publicó un breve texto en The BMJ en el que revelaban otras inconsistencias sobre la Fundación para un mundo libre de humo.

Aunque, argumentaban, el estatuto original de la fundación indicaba que estaría “libre de la influencia” de Philip Morris, en 2020 esa frase se había modificado por “libre de influencia inapropiada”. Que en 2019 casi un tercio del presupuesto de la fundación hubiese sido destinado a salarios, relaciones públicas y honorarios y no a investigación científica, como habían prometido, era otro factor que aumentaba la desconfianza de las investigadoras.

Entre los beneficiarios de aquella Fundación está un actor que, a su vez, tiene vínculos con organizaciones en Colombia: la “International Network of Nicotine Consumer Organisations” (Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina) o INNCO. Con sede en Dinamarca, recibe apoyo para su misión de “promover estrategias de reducción de daños por tabaco”. El lema con el que se presenta en su portal es “La reducción del daño del tabaco es un derecho humano”.

INNCO ha cobrado popularidad porque, entre otras cosas, le pidió a la OMS asistir a la Conferencia de Control de Tabaco en 2018 en calidad de observador. Su solicitud, como la de otros aspirantes, fue rechazada. En un breve documento, ese organismo explicó los motivos: O “las actividades de la organización se limitan al ámbito nacional”, o “la organización ha aceptado fondos de la industria del tabaco y/o tiene intereses creados en ella” o “la organización está afiliada a la industria del tabaco”.

Hoy INNCO está compuesta por 36 miembros. Reúne a varias de las organizaciones que promueven el vapeo alrededor del mundo como Anesvap, de España; A.C.E.A.F Vape, de Túnez; la Austrian Vapers Customer Association, de Austria, o Asovape, de Chile. En el listado también está Asovape, de Colombia.

Cuando le preguntamos a Francisco Ordóñez, presidente y fundador de Asovape, sobre su relación con organizaciones internacionales, no tiene problema en admitir que hace parte de INNCO, pero aclara que solo una vez recibieron recursos. “El único aporte que hemos aceptado fue en 2019 para cubrir ciertos gastos de la vapeatón que hicimos ese año”, dice. “Somos conscientes de que el Convenio Marco limita la participación con la industria. Por eso somos muy cuidadosos a la hora de evitar esas relaciones porque queremos que nos escuchen y tener participación como ciudadanos”.

Asovape, efectivamente, ha participado de manera activa en foros sobre “reducción del riesgo” tanto en Colombia como en el exterior. Ha apoyado, además, la creación de asociaciones similares en once países de América Latina y, con frecuencia, lidera otras actividades para promover el enfoque de reducción de riesgos. Aunque está constituida como Asociación en 2017, por lo menos desde un año antes hace activismo en redes sociales. “Gracias al vapeo ahora tenemos un mundo infinito de sabores que probar con sus líquidos, sin contar que el sentido del gusto se ha recuperado. Atrás se ha quedado el desagradable sabor a ceniza de cigarrillo”, es uno de los mensajes que aparecen en su Instagram.

Ordóñez, también fue fundador y ha sido presidente de ARDT Iberoamérica, una “organización comprometida con la defensa de la reducción de daños del tabaquismo en Iberoamérica” que reúne a más de 12 asociaciones “pro vapeo”. El significado de sus siglas es “Activistas comprometidos con la reducción de daños del tabaco”. En su página web quedó el registro fotográfico de 16 de sus participantes cuando viajaron a Medellín desde varios países para fundarlo.

Según Ordóñez, Asovape “funciona con las uñas”. En su base de datos, cuenta, tienen cerca dos mil afiliados que hacen aportes de vez en cuando. Con las grandes tabacaleras como Philip Morris y British American Tobacco apenas han tenido acercamientos. “Nos han dicho que nuestro trabajo es muy bueno, pero es solo eso, un acercamiento”.

Juan Carlos Restrepo, director legal y de asuntos externos de la British American Tobacco, que también comercializa vapeadores, tiene otra versión de esa historia. Cuando le preguntamos sobre si la compañía tenía o no relación con Asovape y otras organizaciones, aseguró que sí les han dado una financiación ocasional. En sus palabras, patrocinaron el foro de Medellín que culminó con la creación de ARDT Iberoamérica.

“Pero nosotros solo lo patrocinamos; no participamos. Jamás hemos comprometido la independencia de Asovape. Todas las asociaciones que vinieron son autónomas. Asovape empezó como una asociación de tiendas de vapeo y evolucionó a una asociación de consumidores. Sus tiendas eran nuestros clientes y tenemos relación con nuestros clientes, pero no tenemos ninguna relación comercial”, asegura Restrepo.

Por el contrario, Silvia Barrero, de Philip Morris (que vende productos de tabaco calentado) advierte que su compañía no tiene ningún conflicto de interés con Asovape. “Nos nutren de información, estamos al tanto de sus actividades, pero no tenemos una relación directa con ellos”, asegura. Con quienes sí tiene una relación mucho más cercana es con otra organización que también defiende el enfoque de “reducción de daño” y ha hecho foros junto a Asovape y a ARDT Iberoamérica: Acción Técnica Social (ATS).

“Dado su experiencia y los estudios que han desarrollado en el enfoque de reducción de riesgo y daño, que no es solo del tabaco sino para diferentes sustancias, sí hemos contado con asesoría técnica por parte de Acción Técnica Social. Es una organización civil local y tiene una participación importante con tomadores de decisión, entonces, por supuesto que tenemos espacios donde nos han brindado asesoría”, dice.

¿Eso se traduce en algún tipo de financiación? “Tenemos un contrato de prestación de servicios con Acción Técnica Social”, contesta Barrero, de Philip Morris.

Julián Quintero, líder de esa corporación, no tiene inconveniente en aceptar que durante el último año ha asesorado Coltabaco S.A.S. (de Philip Morris). Tampoco en admitir que ha contado con el apoyo de Asovape y de ARDT para la apertura de espacios en los que “se comparte información del enfoque de reducción de riesgos y daños”. Uno de sus proyectos, de hecho, lleva por nombre “Plataforma Nicotina Reducción de Riesgos y Daños”.

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Para él, sin embargo, hablar de conflictos de interés no debería ser un tema central en este debate. Como organización que lleva más de una década promoviendo ese enfoque con otras sustancias psicoactivas como la heroína, eso es “distraerse del problema de salud pública”. “Las personas pueden estar tranquilas porque nosotros siempre hemos defendido ese enfoque y llegamos muchísimo antes que las tabacaleras, que son nuevas en este asunto. Así como tenemos relación con Coltabaco, también hablamos con la industria de cannabis y alcaldías”, dice.

En otro documento enviado por correo electrónico, insiste en que la “plataforma es autónoma y no se compromete o representa los intereses de terceros. Como organización de la sociedad civil mantenemos un criterio independiente y ajeno a cualquier presión externa o interés particular”.

Otro proyecto sobre vapeadores que se hunde

A Mauricio Toro le quedan tan solo unos meses para abandonar el Congreso de Colombia. Luego de cuatro años con un puesto en la Cámara de Representantes, los votos de las últimas elecciones no le alcanzaron para ser elegido nuevamente. Su salida posiblemente también sea el final de uno de sus proyectos bandera: con el que buscaba “regular el consumo de nicotina, los vapeadores y los cigarrillos electrónicos”. La comisión séptima, donde se discuten los temas de salud, lo aprobó en segundo debate, pero aún le falta un largo camino para que se convierta en ley.

Lo que buscaba Toro con su propuesta, dice al otro lado del teléfono, era regular, en principio, la nicotina. “Nada ganamos con prohibir estos dispositivos, que están cambiando todos los días, si no regulamos esta sustancia, que es la que hace tanto daño. Lo óptimo sería que dejaran de consumirla, pero eso no va a pasar. Por eso, mi propuesta es regularla, pero permitir que el artefacto sea un mecanismo para reducir el daño”. Como todos, no está de acuerdo en que los menores de edad puedan comprar cigarrillos electrónicos. Tampoco cree que se deba permitir una agresiva publicidad que promueva su consumo en jóvenes.

Toro ha participado en varios foros junto a Asovape y Acción Técnica Social. Uno de ellos fue organizado por el proyecto “Plataforma Nicotina Reducción de Riesgos y Daños” (de ATS). El último espacio en el que ratificó su postura fue un “Space” de Twitter el pasado 2 de marzo organizado por Asovape.

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El congresista sabe que sobre él han recaído críticas por esa relación, pero, a sus ojos, no se trata de un conflicto de interés. “No lo tengo porque con todos los actores he hablado, a todos les he aceptado invitaciones y a todos los he oído. Desde a Asovape y las tabacaleras, hasta a RedPapaz. Yo no puedo legislar oyendo a un solo sector. Ahora, yo sí defiendo a la industria nacional de producción de estos dispositivos porque necesitan una regulación y porque tenemos que evitar que esto se llene de alquimistas sin conocimiento que terminan haciendo sustancias en cualquier garaje”.

Toro fue uno de los promotores de la última audiencia pública que se hizo el 22 de octubre del año pasado para volver a debatir sobre cómo regular los cigarrillos electrónicos en Colombia. En ella participaron todos los actores que han tenido algún rol en esta discusión: desde Asovape, que se presentó como una organización de consumidores que defiende los intereses de los ciudadanos; hasta Carolina Piñeros, directora de RedPapaz; Blanca Llorente, de la Fundación Anáas y Carlos Castro, director médico de la Liga Contra el Cáncer, que piden que estos artefactos se regulen como derivados del tabaco, es decir, que tengan los mismos impuestos, avisos similares en el etiquetado, las mismas normas para la promoción y venta y que haya zonas libres de humo.

También fue invitado el Ministerio de Salud que, como reitera en un correo electrónico enviado a este diario, cree que el mejor camino es regularlos como productos sucédanos del tabaco, algo que también recomienda el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), entidad que se encarga de hacer recomendaciones al Gobierno luego de analizar la evidencia disponible. Esa postura, que implicaría cobijar estos dispositivos con la Ley que regula el tabaco (la 1335), es una posición con lo que definitivamente no están de acuerdo ni Philip Morris Internacional, ni la British American Tobacco.

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Entre los participantes a esa audiencia estuvieron Clive Bates y David Sweanor, que fueron presentados como expertos internacionales. El primero, como lo presenta su página web, ha trabajado en temas de energía, medio ambiente y salud pública con el Gobierno inglés. El segundo se presenta como “abogado y defensor de la salud pública” que ha “trabajado con bastante éxito para reducir el consumo de cigarrillos en todo el mundo desde 1983″. Ambos defienden el enfoque de reducción de riesgos y daños y ambos, como confirma la misma empresa, fueron invitados por la British American Tobacco.

Otro de los expertos invitados fue el doctor Hugo Caballero de la Red Latinoamericana por la reducción de daños asociados al tabaquismo (Reldat), quien dejó claro que no tiene conflictos de interés. Como le dijo ayer a este diario, esa red, que reúne a varios médicos de América Latina, “no recibe un peso de ningún tipo de industria, sea tabaquera, filantrópica o farmacéutica. No lo aceptaríamos”.

Ese mismo día de la audiencia pública, también se llevó a cabo otro evento a solo unos minutos del Congreso. En el Centro Cultural García Márquez, en Bogotá, fue organizado un encuentro por Acción Técnica Social y su proyecto “Plataforma Nicotina Reducción de Riesgos y Daños”. Como se observa en las imágenes de promoción, fue apoyado por la Reldat y ARDT Iberoamérica y asistieron, entre otros, Mauricio Toro y el representante Juan Carlos Losada.

Días antes de que se realizara, Dattis, una popular agencia de comunicaciones contratada por ATS, escribió a varios periodistas invitándolos al conversatorio y ofreciendo entrevistas con alguno de los expertos que participarían. Entre ellos también estaba el neumólogo Hugo Caballero y el doctor Diego Verrastro, director de la Reldat.

Este artículo hace parte de la segunda entrega de un reportaje. Lea la primera: aquí: “Cigarrillos electrónicos, ¿se avecina un problema de salud pública”.

* Esta investigación fue financiada, en parte, por una subvención de STOP, organismo de control de la industria tabacalera global. El contenido es totalmente independiente desde el punto de vista editorial.