Con el rumor y posterior confirmación de la candidatura de Alejandro Gaviria a la presidencia de Colombia, regresó al debate público el triste caso de Camila Abuabara, la joven que falleció en 2015 después de una intensa batalla mediática y legal por buscar una atención oportuna a su cáncer. Desafortunadamente, muchos de quienes han traído el tema de vuelta han compartido fracciones incompletas o incorrectas de la historia; algunos con la clara intención de atacar las aspiraciones políticas de Gaviria. En esta columna comparto algunas precisiones sobre el caso de Camila a partir de la acción de tutela sobre su situación. Un asunto tan delicado debería tener un debate informado pero sobre todo honesto. (Lea El difícil caso de Camila Abuabara)
El caso de Camila
En julio de 2010, Camila es diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, un cáncer que afecta las formas tempranas de glóbulos blancos presentes en nuestra sangre y que se encargan de combatir infecciones y protegernos de enfermedades. Después de siete meses de quimioterapia logra una remisión completa, es decir, su sangre ya no tiene presencia de células cancerígenas. Continúa con quimioterapia de mantenimiento por 15 meses para evitar que el cáncer regrese. En julio de 2013 Camila enfrenta su primera recaída, lo que significa que hay nuevas células malignas en su cuerpo y que requiere una nueva ronda de quimioterapia.
Unos meses después, Camila logra una segunda remisión y su oncóloga en la Clínica FOSCAL de Bucaramanga decide que es necesario realizar cuanto antes un trasplante de médula ósea que permita que su cuerpo desarrolle nuevas células sanas en su sangre y así superar la enfermedad antes de que se enfrente a una nueva recaída. La clínica encuentra que su hermano es 50% compatible y le solicita a la EPS Sanitas que autorice un trasplante haploidéntico de médula ósea.
La EPS Sanitas y la Clínica FOSCAL entran en un conflicto administrativo en donde la EPS rechaza el trasplante, primero autorizando un procedimiento distinto al solicitado y con menor precio al que pedía la clínica y más adelante afirmando que el trasplante haploidéntico no está cubierto por el sistema de salud. Toda esta demora retrasa el trasplante y lleva a que Camila inicie una campaña en medios y redes sociales para que se conozca su caso. A finales de diciembre logra contactarse con el ministro Alejandro Gaviria, quien le confirma que se ha comunicado con la EPS para que se agilice su transplante cuanto antes. Desafortunadamente, cuando por fin es aprobado, Camila descubre que el cáncer ha regresado. Los planes de recibir el trasplante quedan en pausa hasta que pueda lograr eliminar las células cancerígenas de su cuerpo nuevamente, pero la nueva ronda de quimioterapia no logra ser exitosa y las opciones terapéuticas cada vez son más limitadas.
En febrero de 2014, Camila viaja al Centro de Cáncer MD Anderson en Houston, Estados Unidos, para hacer parte de un estudio experimental que le permita eliminar el cáncer de nuevo. Aunque es retirada del estudio por lo avanzada que se encontraba su enfermedad, en julio de 2014 empieza un nuevo tratamiento en el MD Anderson y en septiembre de ese año logra una tercera remisión. Ahora tiene una nueva oportunidad para recibir el trasplante que le permita generar nuevas células sanas y así ganarle al cáncer.
Camila le pide a la EPS que autorice realizar el trasplante de médula ósea en el MD Anderson y ante la negativa de la entidad, interpone una acción de tutela. En noviembre de 2014, el juez de primera instancia ordena que se autorice el procedimiento en Estados Unidos, pero la EPS y el Ministerio de Salud y Protección Social interponen un recurso en contra de esta decisión. Según el Ministerio, el tratamiento que Camila solicita que se realice fuera de Colombia no cumple los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y afirma que tampoco se puede ordenarle al Estado pagar directamente por ese procedimiento ya que los transplantes de médula ósea están cubiertos por el sistema de salud y en consecuencia, el costo debe ser asumido por la EPS.
El juez encargado de revisar el recurso decide suspender la primera orden y días más tarde ordena que Camila reciba el trasplante en Colombia. El juez señaló que no se presentó evidencia de que en el MD Anderson de Houston se tuviera una mayor probabilidad de éxito del procedimiento que la que se podría realizar en un hospital como la Clínica de las Américas en Medellín. Camila regresa al país y en diciembre de 2014 finalmente recibe el trasplante con éxito. Lamentablemente, una infección en su sistema digestivo la afecta gravemente y finalmente la lleva a su muerte en febrero de 2015.
Las lecciones del caso
La vida de Camila nunca debió terminar de esa forma. Las barreras administrativas del sistema de salud retrasaron la primera oportunidad que tuvo de recibir un trasplante en Colombia que muy probablemente hubiese evitado una segunda recaída. Fue gracias a la inoperancia de su EPS que Camila tuvo que buscar un tratamiento en el exterior y que recibiera un trasplante ya que su cuerpo estaba muy débil para combatir una infección. Este tipo de fallas son inadmisibles y refuerzan la necesidad de que el sistema de salud sea reformado.
Lamentablemente, la historia sesgada que se cuenta sobre el caso de Camila se está utilizando para endilgarle a Alejandro Gaviria la responsabilidad de su muerte. Un análisis honesto de los hechos debería ser suficiente para reconocer que ni él ni el Ministerio de Salud son responsables del lamentable desenlace. Para muchos es fácil pensar que lo correcto era no intervenir en la acción de tutela, pero esa no era una opción real dentro de las responsabilidades que tenía Gaviria como funcionario público.
Por un lado, la decisión del primer juez obligaba a que se pagara con recursos públicos un tratamiento que ya estaba en el plan de salud colombiano. La obligación de Gaviria, y de cualquier otro que estuviese en el cargo, tenía que ser pedirle al juez que reconociera que ese gasto debía ser asumido por la EPS de los recursos que ellas reciben para atender a todos sus afiliados, pues son estas entidades las responsables de pagar por lo que está cubierto por el sistema de salud. No haberse opuesto al respecto hubiese significado favorecer a las EPS a costa de los recursos de todos los colombianos. Estaba obligado a evitar un detrimento patrimonial de recursos públicos. El exministro tomó una decisión impopular, pero a la que estaba obligado ética, legal y constitucionalmente.
Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene la obligación de asegurarse que solo se usen recursos de la salud para tratamientos en el extranjero cuando se cumplan los criterios que ha establecido la Corte Constitucional. Uno de ellos es que no exista una alternativa en Colombia para ese mismo procedimiento. En la Clínica de las Américas ya se había realizado ese trasplante en pacientes con tercera remisión y no existía evidencia de que en el MD Anderson se garantizara una mayor probabilidad de éxito. En todos los sistemas de salud en el mundo existen restricciones sobre el financiamiento de tratamientos en países extranjeros con recursos públicos, especialmente si estos mismos se pueden realizar en el mismo país. Sin estos límites, tendríamos que desviar miles y miles de millones para costear tratamientos evidentemente más costosos en hospitales en Estados Unidos y Europa que perfectamente se podrían realizar en Colombia.
Además, la respuesta del exministro Gaviria no se quedó en una negación simplista a las pretensiones de Camila de recibir el trasplante que necesitaba. En su primera interacción, Gaviria insistió ante la EPS para lograr la primera autorización del trasplante. Luego, ante la medida provisional del juez de primera instancia, el ministerio solicitó que el trasplante se realizara en Colombia e inició toda la gestión necesaria para que se llevara a cabo en el menor tiempo posible. Aunque los contradictores de Gaviria aseguren que lo correcto era dar luz verde al trasplante, la realidad es que hacerlo hubiese ido en contra de la jurisprudencia y de la ley a las que están sometidos todos los funcionarios del Estado.
En su carrera presidencial, Gaviria deberá responder por sus decisiones como ministro de Salud, eso es parte de la campaña y está bien. Hay mucho que debatir sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Pero en todos los debates debemos exigir que prime la honestidad a la hora de emitir juicios sobre la gestión de los candidatos. La desinformación y la instrumentalización de la muerte de Camila solo demuestra lo ruin que puede ser la estrategia electoral de algunos.
*Investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Profesor de Derecho y Salud Global en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Rosario. - @GarciaRuizJo