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La declaración que firmó Colombia y 30 países para proteger los derechos sexuales

El acceso al aborto, la educación sexual y la equidad de género dominaron la agenda de la Cuarta Conferencia Mundial de Diplomacia Feminista, que se llevó a cabo el 22 y 23 de octubre en París, Francia. Colombia fue uno de los 31 países que firmaron una declaración conjunta para ratificar su compromiso con la igualdad y la autonomía de las mujeres.

Luisa Fernanda Orozco

27 de octubre de 2025 - 01:19 p. m.
Fueron ocho los acuerdos firmados por los países, entre ellos garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Foto: France Diplomatie
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“Los derechos de las mujeres no son negociables”. Ese fue el mensaje principal que, entre el 22 y 23 de octubre, se resaltó en la Cuarta Conferencia Mundial de Diplomacia Feminista en París, Francia. Desde 2021, este evento reúne a gobiernos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre la igualdad de género a nivel global. Para la edición de 2025, un total de 54 países asistieron, y 31 —entre ellos Colombia–, firmaron un acuerdo conjunto para ratificar su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, como el acceso aun aborto seguro.

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En la declaración oficial de la conferencia, se lee un mensaje claro: “Si bien reconocemos los avances logrados con mucho esfuerzo en los últimos cincuenta años, expresamos nuestra profunda preocupación por los actuales niveles de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, los intentos constantes de revertir los derechos de las mujeres y las niñas, y los persistentes efectos adversos de la desigualdad de género en todo el mundo”.

Fueron ocho los acuerdos firmados: garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto; respetar y promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en su diversidad; combatir todas las formas de violencia y discriminación de género —incluidas las basadas en orientación sexual, identidad de género o el ejercicio de la autonomía corporal—; involucrar a hombres y niños como agentes de cambio; fortalecer el trabajo de las organizaciones feministas y de la sociedad civil; reconocer y proteger la diversidad de las familias; asegurar la participación plena y efectiva de mujeres y jóvenes en todos los espacios de decisión, con igualdad salarial y derechos laborales; y promover una cultura feminista en la función pública y la diplomacia, que incorpore la igualdad de género en todas las decisiones y foros internacionales.

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Países como Alemania y Estados Unidos no participaron en esta edición de la conferencia, a pesar de que en las anteriores sí habían hecho presencia.

Colombia, un actor clave en las discusiones de género

Arlene Tickner, Embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista en nuestro país, le dijo a El Espectador que Colombia también tuvo presencia en la edición pasada de la conferencia, que se llevó a cabo en México durante 2024. “Estamos entre los países de América Latina que cuentan con política exterior feminista”, cuenta Tickner. “De hecho, Colombia y Francia suscribieron una carta de intención para trabajar bilateralmente con un énfasis muy expreso en derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto. La declaración que se presentó en esta conferencia nació como una idea de los dos países y sus embajadoras de política exterior feminista para enfatizar los compromisos de un grupo importante de países con estos derechos”.

En palabras de Tickner, esto sucedió porque ambos países comparten similitudes, como el hecho de que Francia incorporara en su constitución el derecho al aborto en 2024 y Colombia lo despenalizara en 2022.

La respuesta ante los cortes de cooperación internacional y los movimientos conservadores

Durante la conferencia, uno de los temas que más atención generó fue la creciente tendencia en varios países por intentar restringir los derechos sexuales y reproductivos. Un análisis presentado por Neil Datta, director ejecutivo y fundador del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), evidenció la magnitud del fenómeno: entre 2019 y 2023 circularon en Europa fondos por cerca de USD $ 1.180 millones, provenientes de 275 actores vinculados con iniciativas antigénero. Más de la mitad de esos recursos se originaron en 28 países europeos, seguidos por aportes de la Federación Rusa y de organizaciones con sede en Estados Unidos. “El retroceso contra décadas de progreso en igualdad de género está en el centro de la estrategia de la extrema derecha para ganar poder en toda Europa. En América Latina también se están sentando raíces al respecto”, afirmó Datta a El Espectador.

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Ante este contexto geopolítico, Tickner explicó que los países asistentes a la conferencia decidieron ampliar el alcance de su declaración, con el propósito de que, en un momento político decisivo, más gobiernos pudieran adherirse al documento general centrado en un objetivo común: proteger los derechos de las mujeres.

Por la misma línea, Ana Cristina González, co-creadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres —quien también participó en el evento en París—, señaló que el papel de Colombia en esta conferencia tiene una doble dimensión: por un lado, los avances en materia de política exterior feminista; y por otro, el reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy enfrentan un panorama complejo tras los recortes en la cooperación internacional anunciados a comienzos de 2025, en particular por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Sobre este punto, varios representantes de organizaciones de la sociedad civil que asistieron al encuentro —y que prefirieron reservar su nombre— manifestaron a El Espectador la necesidad de que en este tipo de espacios se discutan acciones concretas para mitigar el vacío que dejó el retiro de USAID en países de África y América Latina, incluido Colombia. “Muchos de nosotros vinimos con nuestros propios recursos para buscar alternativas frente a la falta de financiamiento. Quisiéramos que se materialicen soluciones reales, porque somos nosotros quienes hacemos el trabajo en terreno”, dijo una de las participantes. De la misma manera, se mencionó la necesidad de que los compromisos pactados por los países firmantes se vuelvan medibles y se les pueda hacer seguimiento.

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Por ahora, y en palabras de González, es importante destacar que, aunque se viene hablando de un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, se debe resaltar que ”hemos avanzado mucho estas tres décadas, que han sido años de conquista políticas y debate público. La mayoría de los países del mundo han avanzado en hacia la liberalización de las leyes de aborto, lo que ha hecho que los grupos denominados antiderechos vean que lo avances les resultan incómodos”.

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
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