La Corte Constitucional está estudiando dos demandas de inconstitucionalidad contra el delito del aborto. La primera ponencia, que dio a conocer El Espectador, dada por el magistrado Alberto Rojas Ríos, responde a una acción presentada por Andrés Mateo Sánchez Molina. La segunda ponencia, que vendrá del presidente del alto tribunal, Antonio José Lizarazo, responde a la demanda presentada por el movimiento Causa Justa, más de 40 organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Ambas demandas apuntan a lo mismo: es necesario eliminar el delito del aborto.
Un informe publicado por la coalición Niñas no Madres, segura que quienes se verían más beneficiadas por la eliminación del delito serían las niñas y adolescentes colombianas. Las niñas y las adolescentes en Colombia son el grupo poblacional más afectado por la violencia sexual en el país. A 2019, el 73% de los 26.158 casos examinados por presunto delito sexual en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) tuvieron por víctima una niña o adolescente entre los 0 y los 17 años, siendo las adolescentes entre 12 y 17 años las más afectadas, con un total de 9.472 denuncias.
En muchos de los casos, los agresores corresponden a personas de su círculo social o familiar. Estas desgarradoras cifras corresponden a aquellos casos que son denunciados. Sin embargo, se estima que exista un importante subregistro, causado, entre otras, por las dificultades para presentar una denuncia que afectan a todas las víctimas, pero que pueden ser más profundas para las niñas y adolescentes, por ejemplo, como resultado de la falta de provisión de educación sexual integral que impide que identifiquen la violencia sexual, evitando que denuncien. (¿Qué tienen en común el delito de aborto con la criminalización del VIH?)
Aunque en Colombia, tanto la Constitución, como la legislación, consagran múltiples estándares que buscan proteger a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, en la práctica muchas de ellas no tienen acceso efectivo a las protecciones mínimas de su salud reproductiva, como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enfrentando barreras para acceder a este procedimiento, las cuales se agudizan si se trata por ejemplo, de niñas migrantes o en zonas rurales y de difícil acceso. Un reciente estudio de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, revela que las niñas y adolescentes son el grupo poblacional más afectado por la criminalización del aborto, pues las denuncias y procedimientos contra ellas corresponden al 12,5% del total de casos investigados, al igual que el 24% del total de condenas.
Las niñas y adolescentes en Colombia enfrentan un difícil panorama que las sitúa como las más afectadas por formas de violencia sexual en el país, lo cual coincide con la tendencia en la región. Así, el 80% de las violaciones sexuales de niñas y adolescentes en la región se concentran en víctimas entre los 10 y 14 años, y el 90% de estos casos involucran un contexto de violación reiterada. (Lea también: Los detalles del nuevo “round” del aborto en la Corte Constitucional)
Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia la tasa de violencia sexual para el año 2018 fue de 52.3 víctimas por cada cien mil habitantes. Igualmente, en este mismo año se registró que diariamente 15 niñas entre 10 a 14 años dieron a luz y el 86% del total de las mujeres agredidas sexualmente durante ese año fueron niñas y adolescentes (NA). Esta grave situación lleva a calcular que, en el país, cada día 15 niñas, entre 10 y 14 años, dan a luz.
Durante el confinamiento ocasionado por la pandemia, la situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes se exacerbó en Colombia y en toda la región de América Latina. Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), durante el periodo del 16 de marzo al 6 de abril de 2020, 19 mujeres fueron víctimas de feminicidio y la entidad recibió 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales 1.407 correspondían a delitos sexuales. En particular, entre el 25 de marzo y el 23 de junio de 2020, 2.451 niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia sexual; esto traduce un promedio de 27,2 abusos sexuales cada día contra menores de edad.
En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de violencia sexual durante la pandemia, “en el que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en zonas rurales, con alta disputa territorial por los actores armados y factores de vulnerabilidad socioeconómica que exacerban los efectos de los hechos victimizantes”. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Colombia se habían verificado varios casos de violencia sexual a niñas y adolescentes indígenas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas durante la cuarentena decretada por el COVID-19. (Lea también: Colombia les falló a más de 30.000 mujeres al negarles un aborto)
Ante el recrudecimiento de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva toma aún mayor importancia. En el caso de niñas y adolescentes, la Corte ha establecido, entre otros estándares, que no puede ser exigida la presentación de una denuncia cuando se trate de niñas menores de 14 años, que debe proveérseles información completa y veraz sobre el procedimiento y debe respetarse su decisión, incluso si sus padres o tutores no están de acuerdo.
No obstante, el COVID-19 ha impactado gravemente en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y niñas, no solo porque ha exacerbado las barreras preexistentes que de por sí impedían su acceso, sino porque ha creado nuevas barreras que, efectivamente, limitan o eliminan el acceso a estos servicios. Un diagnóstico del Centro de Derechos Reproductivos identificó una profundización en las barreras a todos los servicios de salud reproductiva en Colombia, pues, aunque el Ministerio de Salud y Protección Social ordenó la continuidad de estos servicios por ser esenciales, la medida no fue implementada en la práctica. Muchas entidades prestadoras de servicios de salud no adaptaron sus protocolos ni rutas de acceso, afectando especialmente el acceso en zonas rurales. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reporta haber acompañado 75 casos de niñas y adolescentes entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2020 que enfrentaron barreras de acceso a la IVE.
Frente al delito de aborto, las menores de edad resultan más sancionadas que mujeres en los demás grupos de edad. Si bien el 12,5% de los casos investigados involucran mujeres menores de edad, el 24% de las sancionadas son menores. Igualmente, según estos datos de esta misma entidad, en el período 2010-2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto son habitantes de áreas rurales.
Colombia también tiene obligaciones internacionales para proteger a las niñas y adolescentes. En particular, el Comité de los Derechos del Niño, recomendó al Estado colombiano adoptar más iniciativas para reducir la mortalidad materna en adolescentes, a través de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados como: la anticoncepción de emergencia, la atención prenatal, durante el parto y posparto, y los servicios de aborto sin riesgo y posaborto, además de un mecanismo de supervisión de estos.
Igualmente, el Comité CEDAW aconsejó a Colombia asegurar el acceso de las mujeres al aborto legal, mediante mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. Por ejemplo, “sanciones, y sensibilizando a las autoridades y profesionales pertinentes sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos; y ampliando la oferta de métodos de aborto modernos y seguros desde el punto de vista médico”.
“Por fuera de las causales, el aborto sigue siendo un delito tipificado en el artículo 122 del Código Penal colombiano. La persistencia de la penalización crea un sistema dual, en el cual, por un lado, el acceso a la IVE bajo las condiciones mencionadas es un derecho fundamental protegido por garantías constitucionales, y que, por fuera de las mismas, es considerado una conducta delictiva” reza el informe.