Acaban de ser publicados los datos de Medicina Legal sobre las muertes voilentas en Colombia durante 2025. Antes de analizar en detalle qué nos muestran esas cifras, primero un contexto sobre el contexto y la fuente de dónde provienen esos datos.
El contexto, clave
Los datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal tienen un peso enorme en la vigilancia epidemiológica de las muertes violentas en Colombia, porque se basan en clasificación forense y en la información registrada en el RUAF-ND. Sus definiciones responden a hallazgos médico-legales, necropsias y al contexto judicial inicial del caso.
Estas cifras pueden variar posteriormente frente a las del DANE, ya que en el proceso judicial muchas veces se solicitan enmiendas en la manera de muerte cuando el fiscal del caso redefine la tipificación. Esa es una dinámica normal del sistema de estadísticas vitales; por eso los datos pueden cambiar cada año y hasta 5 hacía atras.
Para poner un ejemplo: en una primera instancia, una necropsia puede clasificar una muerte como suicidio; sin embargo, tras el avance de la investigación judicial y los análisis periciales complementarios, puede establecerse que en realidad se trató de un homicidio.
En esos casos, el fiscal solicita lo que se denomina una enmienda estadística, la cual es evaluada por el Comité de Estadísticas Vitales y, una vez aprobada, se realiza el ajuste oficial en los registros.
Aquí la articulación con el DANE es fundamental y suele funcionar muy bien, porque permite que las bases finales reflejen con mayor precisión la manera real de muerte, garantizando la coherencia del sistema de estadísticas vitales del país.
Pero vamos a los datos; ya aprendimos de la fuente. Aquí les dejo clara mi postura técnica —para quienes no están tan metidos en este mundo—: tiendo a confiar más en Medicina Legal y en el DANE que en cifras policiales, porque el enfoque forense y estadístico suele ser más estable metodológicamente, mientras que otras fuentes pueden modificar definiciones operativas de homicidio según criterios administrativos o de seguridad (algo que es ridículo para un indicador tan sensible, es como decir que unos muertos importan y otros no).
Con ese marco, vamos, ahora sí, al análisis de las tasas por 100.000 habitantes que muestra la siguiente tabla:
Fuente denominador: población DANE
En homicidios, hubo incremento
La tasa de homicidio pasó de 26,5 a 27,9 por 100.000 habitantes, un aumento del 5,3%, confirmando que en 2025 no solo hay más casos absolutos, sino mayor riesgo poblacional de morir por violencia interpersonal.
Desde una lectura epidemiológica, esto apunta a:
1. Persistencia de dinámicas territoriales de violencia.
2. Conflictos armados localizados.
3. Criminalidad organizada.
4. Disputas urbanas y rurales por control de economías ilegales.
Aquí fallaron todas las estructuras administrativas, y en especial las alcaldías con capacidad técnica de municipios categorías 1,2,3. Y en los municipios categorías 4,5 y 6 una falla de trabajo en equipo entre el municipio, departamento y nación.
Eventos de transporte: la epidemia silenciosa que sigue creciendo
Las muertes por indicentes viales subieron de 15,8 a 16,5. Es decir, hubo un aumento del 4,2%.
Esto refuerza algo que llevamos años diciendo en salud pública: la siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte en Colombia.
Aquí suelen confluir varios factores:
1. Alta exposición de motociclistas.
2. Expansión del parque automotor.
3. Fallas en control vial.
4. Consumo de alcohol.
5. Infraestructura insegura.
6. Falta de personal en las alcaldías para ejercer el control respectivo.
Es un crecimiento moderado, pero persistente, y cuando las tasas no bajan, el problema es sistémico.
Muertes accidentales: el aumento más fuerte
Este es quizá el dato que más llama la atención. La tasa pasa de 7,7 a 8,4, con un incremento del 8,2%, el más alto entre todas las categorías.
Desde vigilancia, esto obliga a preguntarnos:
1. ¿Hubo más lesiones laborales?
2. ¿O más accidentes domésticos?
3. ¿O más eventos ambientales extremos?
4. ¿O hubo cambios en consumo de alcohol u otras sustancias?
5. ¿O fue una mejor captación forense?
Es una señal clara de que aquí hay riesgos emergentes o subestimados que ameritan análisis territorial fino y que no estamos teniendo en cuenta para incluir como alerta temprana.
Suicidio: hubo descenso, ¡una buena noticia!
La tasa bajó de 5,7 a 5,3, una reducción del 6,2%. Es la única categoría que disminuye, lo cual podría estar relacionado con:
1. El fortalecimiento de programas de salud mental.
2. Un mayor acceso a atención.
3. Cambios sociales post-pandemia.
Pero en epidemiología esto se mira con prudencia: una caída de un año no es todavía tendencia, y sigue siendo una carga muy alta en términos de salud pública. Lo celebro, pero debe sostenerse.
Sin embargo, recordemos, además, que, en el período posterior a la pandemia, la salud mental se ha convertido en una prioridad en la agenda de salud pública, y Colombia actualizó su política pública en este campo como respuesta a los impactos psicosociales acumulados en la población.
Este contexto es clave para interpretar los cambios observados en la mortalidad por suicidio, que deben analizarse no solo desde la cifra puntual, sino a la luz de las intervenciones implementadas, la ampliación del acceso a servicios de atención y las estrategias de prevención que se han venido fortaleciendo en los últimos años.
¿Qué nos dice, entonces, el perfil 2025?
En conjunto, la tasa total de muertes violentas subió de 55,7 a 58,0 por 100.000 habitantes, un incremento del 4,2%. Esto es triste, pero no es solo de ahora; hay tasas en todo el conjunto que no se han mirado de manera integral como los accidentes y los incidentes viales.
Epidemiológicamente y aunque sea duro de escuchar: esto indica que el país entra en 2025 con un perfil de letalidad más alto que en 2024, impulsado principalmente por:
✔️ Homicidios.
✔️ Incidentes viales.
✔️ Accidentes.
Mientras que el suicidio mostró una reducción.
Desde vigilancia epidemiológica esto se interpreta como:
1. Un deterioro global del entorno de seguridad y exposición a riesgos.
2. Necesidad de alertas territoriales focalizadas.
3. Intervenciones intersectoriales urgentes (seguridad, movilidad, trabajo, salud mental).
4. Análisis espacial para detectar clústeres.
5. Seguimiento mensual para confirmar si estas variaciones se consolidan cuando salgan cifras definitivas.
6. Trabajo en equipo, intersectorial desde las alcaldías, departamentos hasta la Nación. Todas las peleas por diferencias políticas o administrativas afectan la vida de las personas y esto no puede seguir así. Están muriendo más personas, el riesgo es mayor y el ego no puede prevalecer sobre la vida. ¡Porque la vida es el valor supremo!
*Silvana Zapata Bedoya es Epidemióloga de la Universidad de Antioquia, epidemióloga de campo del Instituto Nacional de Salud, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de San Buenaventura. Tiene más de 15 años de experiencia en análisis de información de datos en salud. Es docente, investigadora y, actualmente, es la presidenta de la Asociación de Epidemiología de Colombia - ASOCEPIC.
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Por Silvana Zapata Bedoya*
