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El 27 de marzo se realizó la segunda reunión de la mesa técnica para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ordenada por la Corte Constitucional y citada por el Ministerio de Salud. El espacio cerró con varios desacuerdos manifestados por organizaciones del sector.
Es importante recordar que esta mesa técnica se citó con el objetivo de revisar el cálculo de los últimos cuatro años de la UPC, que son los recursos que el Estado le da a las EPS para garantizar la atención de los usuarios del sistema de salud. Esto porque la Corte Constitucional consideró que el ajuste hecho para 2025, que fue del 5,36 %, fue insuficiente.
La segunda reunión de esta mesa se dio en las instalaciones del Ministerio de Salud el jueves y tuvo como tema central las frecuencias de uso, que es el cálculo del número de atenciones, servicios e insumos que se prestan a los usuarios. Según dijo en un comunicado Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, se contó con la participación de todos las organizaciones que hacen parte de la orden de la Corte y “una de las conclusiones del día es que hay una fragmentación de los servicios, lo que conlleva que haya baja calidad en la información”.
Sin embargo, pronto salieron varias organizaciones a manifestar algunos desacuerdos en relación con este espacio. El primero de ellos tiene que ver con la metodología que se planteó para llevar las discusiones.
Por ejemplo, ACEMI, uno de los gremios de las EPS, aseguró en un comunicado que las preguntas que guiarían la reunión fueron enviadas “con apenas dos días de antelación”. Además de esto, manifiestan que todos los actores reciben preguntas similares, sin importar si son una organización de pacientes o una EPS, por lo que no siempre pueden dar respuesta.
Carlos Márquez, portavoz de la Mesa de Pacientes, también emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que “ha generado malestar entre las diferentes mesas el hecho de que no se haya concertado la metodología”.
Por su parte, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras replicó ese mensaje en sus redes sociales, añadiendo que “las preguntas que trae el ministerio están orientadas hacia la validación de la UPC actual, cuando deberían centrarse en el reajuste, tal como lo indica la Corte Constitucional”.
Sobre la calidad de la información, ACEMI dijo en su comunicado que la cartera de Salud debe hacer ajustes en la estandarización de los registros, para poder hacer un análisis completo de la información que se recibe por parte de los actores del sistema.
Por otra parte, el gremio de las EPS aseguró que “pese a tener a disposición la base de datos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), el Ministerio no ha utilizado esta herramienta como un proxi de las frecuencias”.
Además de la baja calidad de la información, el Ministerio de Salud reconoció en el comunicado que hay quejas sobre las pocas capacidades de la red pública hospitalaria y que hay “una heterogeneidad entre los actores” en términos de capacidades, algo que se evidencia en los retos de atención que hay en las zonas rurales.
Hasta el momento, el Minsalud no se ha pronunciado frente a los desacuerdos planteados por las diferentes organizaciones que participaron en el espacio. Mientras tanto, ACEMI radicó como parte de la mesa un análisis técnico en el que incluyeron los desacuerdos manifestados en el comunicado.
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