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Un grupo de congresistas (entre ellos, Catherine Juvinao Clavijo, Piedad Correal, Julia Miranda y Carolina Arbeláez) presentó a la Corte Constitucional una propuesta para financiar el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, cumpliendo con lo ordenado por el tribunal sin necesidad de aumentar el presupuesto.
La propuesta consiste en transferir $2.7 billones del rubro de “Apoyo a Programas de la Ley 100” al rubro de “Aseguramiento en Salud” dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Este movimiento, dicen los congresistas, permitiría cumplir con el Auto 007 de 2025 de la Corte, que exige el ajuste de la UPC para subsanar su insuficiencia, sin reformas tributarias ni la asignación de recursos adicionales, ya que se utilizarían fondos ya existentes.
Los congresistas advierten que el rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993” ha crecido de manera “excesiva e injustificada” en los últimos años, pasando de $148.000 millones en 2022 a $4,3 billones en 2025. Sin embargo, cuestionan la falta de transparencia en su ejecución por parte del Ministerio de Salud. Señalan que algunos hospitales reportan una ejecución del 0 % de los fondos asignados y que no hay información clara sobre el destino y los resultados de los equipos básicos de salud que, según el Ministerio de Salud, están operando en todo el país.
La propuesta de financiación surge en medio de la reanudación del debate sobre la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde los congresistas han aprobado 30 de los 62 artículos del proyecto. Durante la discusión, han surgido críticas al Ministerio de Salud por presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. No obstante, la cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo ha defendido su actuación, argumentando que no incurre en desacato, ya que dichas órdenes aún no son definitivas y están pendientes de resolución por parte del tribunal.
Este viernes la plenaria de la Cámara esta citada para continuar la discusión sobre el articulado, en especial, sobre las funciones y responsabilidades de la Adres, el llamado “banco de la salud”, uno de los temas que más divide al Congreso.
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