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La intervención que el Gobierno Nacional ordenó sobre la EPS Sanitas a inicios de 2024 se acaba de caer en el máximo tribunal constitucional. En la Sentencia SU-277 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional falló una acción de tutela presentada por varias entidades del grupo Keralty —entre ellas, Clínica Colsanitas, Medisanitas— junto con Juan Pablo Rueda Sánchez, contra la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades alegaban que se había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
La Corte, tras estudiar el caso, revocó la decisión previa de la Corte Suprema de Justicia, que había considerado improcedente la tutela. Es decir, el alto tribunal decidió darle la razón a los accionantes y amparar su derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos varias resoluciones clave emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas resoluciones habían ordenado la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas, así como su intervención administrativa por un año. La Corte anuló tanto la resolución inicial (del 2 de abril de 2024), como su corrección (del 10 de abril de 2024), y la prórroga dictada el 1 de abril de 2025, que volvía ampliar la intervención durante un año más.
Adicionalmente, la Corte ordenó que este caso sea enviado a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, una sentencia emblemática que fijó lineamientos para el seguimiento y mejora del sistema de salud colombiano, con el fin de verificar el cumplimiento de estándares constitucionales. Por último, se dispuso que se expida la comunicación oficial correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, que regula los procedimientos de la acción de tutela.
Cabe resaltar que el magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó su voto, es decir, expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría.
Como ha sido usual en las últimas decisiones del tribunal, esta se dio a conocer a través de un flash informativo, por lo que no se conocen los detalles de la decisión. Sin embargo, tendrá importantes consecuencias.
La importancia de la EPS Sanitas
Sanitas no es cualquier EPS. Es la segunda más importante en Colombia, con 5.8 millones de afiliados (solo es superada por Nueva EPS). Fue una de las primeras grandes decisiones que tomó el Gobierno cuando, en abril de 2024, ordenó su intervención a través de la Superintendencia Nacional de Salud, argumentando presuntos riesgos para la prestación del servicio, dificultades financieras y deficiencias en el acceso a la atención. La medida generó un amplio debate nacional, no solo por la magnitud de la EPS intervenida, sino por las implicaciones para el sistema de salud en su conjunto.
Keralty, mayor accionista de la EPS, reaccionó tildando la decisión de “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Según la acción de tutela interpuesta por los representantes del grupo, la intervención habría estado marcada por irregularidades. Uno de los principales argumentos es que la medida se tomó sin un respaldo probatorio suficiente. Según los accionistas, el informe técnico que sustentó la intervención fue entregado apenas un día antes de la resolución y contenía errores, lo que para ellos demostraba una falta de análisis riguroso y serio en el proceso.
Además, se señaló un posible conflicto de interés por parte del entonces superintendente Luis Carlos Leal, quien había expresado públicamente posturas críticas frente al modelo de aseguramiento y a las EPS en general, lo cual, según la EPS, podría afectar su imparcialidad. Sanitas también advirtió que esta decisión podría generar consecuencias graves para los usuarios. Argumentaron que intervenir la EPS, sin claridad ni garantías sobre la continuidad del servicio, podría poner en riesgo la atención en salud de sus más de 5,7 millones de afiliados. De hecho, recordaron que muchas de las intervenciones similares en el país han terminado en la liquidación de las EPS.
Pero la mayoría de esos recursos habían sido negados por los tribunales. Este es el primero que surte efecto a favor de los accionantes. No está claro, sin embargo, cuál es el futuro inmediato de la EPS. ¿Regresará inmediatamente a sus propietarios? ¿Habrá una transición supervisada? ¿El Gobierno, a través de la Supersalud, puede interponer algún recurso? La sentencia de la Corte Constitucional revocó las decisiones judiciales anteriores y dejó sin efectos la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, pero como no se conoce completa, no hay detalles sobre cómo se dará la devolución de la administración ni qué condiciones deberá cumplir Sanitas tras recuperar el control. Por ahora, lo cierto es que la decisión representa un giro clave en uno de los procesos más controversiales del sistema de salud en los últimos años.
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