El VIII Congreso Internacional de Sistemas de Salud cerró la semana pasada con un conversatorio sin precedentes: cuatro campañas presidenciales con mayor intención de voto, representadas por sus asesores de salud, debatiendo en un mismo escenario académico sus propuestas para el sistema de salud en Colombia. Estuvieron presentes Alejandro Gómez por la campaña de Claudia López, Bernardo Useche por la de Sergio Fajardo, Iván Sánchez Arango por la de Abelardo de la Espriella y Román Vega por la de Iván Cepeda. La campaña de Paloma Valencia se excusó de acompañarnos por motivos de salud de su asesor.
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Que esto haya ocurrido en un espacio universitario, con tiempo para argumentar y sin el formato de los debates televisivos, permitió un intercambio más sustantivo y menos condicionado por las dinámicas mediáticas habituales . Por considerarlo de interés público, en esta columna recogemos lo más importante.
Lo que propuso cada campaña
Alejandro Gómez (asesor de Claudia López). Reconoce dos crisis simultáneas: una estructural acumulada desde 2010, cuando la UPC dejó de cubrir la siniestralidad, y una coyuntural de liquidez del gobierno actual. Propone un fondo de salvamento financiado con títulos de deuda para estabilizar la red prestadora en el corto plazo. En el largo plazo, plantea un plan de beneficios explícito (definido a través de un pacto social) acompañado de un estudio actuarial (un análisis técnico-financiero que utiliza modelos matemáticos, estadísticos y demográficos para cuantificar y gestionar riesgos financieros a futuro), un sistema de información confiable y un mecanismo anual de evaluación de tecnologías a través del fortalecimiento del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Propone continuar con el aseguramiento, pero migrando hacia esquemas sin ánimo de lucro con alianzas público-privadas-comunitarias. Su visión de largo plazo es transitar de un sistema de seguridad social en salud hacia uno de “cuidado y protección social integral”.
Bernardo Useche (asesor de Sergio Fajardo, en representación de Luz María Agudelo). Pone el acento en recuperar la rectoría estratégica del Estado sobre el sistema, que considera diluida desde la Ley 100. Propone un “puesto de mando presidencial” desde el primer día para atender la crisis. En materia de salud pública, plantea una canasta preventiva per cápita pagada por resultados, organizada por ciclo vital, e intervención sistemática de los determinantes sociales de la salud (infraestructura sanitaria, agua potable, vivienda, seguridad alimentaria) con atención prioritaria a territorios como Chocó, Cauca y Catatumbo. Propone que las EPS se comprometan a atender la totalidad de la población de un territorio, y que una reforma concertada con todos los actores se presente durante 2026.
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Iván Sánchez Arango (asesor de Abelardo de la Espriella). Calificó la situación actual del sector como una crisis humanitaria, relacionada, según su interpretación, con decisiones adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro. Propone una inyección inmediata de 10 billones de pesos (según sus palabras: recursos ya identificados en el presupuesto nacional y la ADRES) para pagar nóminas médicas, atender pacientes y entregar medicamentos represados a pacientes crónicos. Defiende la Ley 100 como base del sistema, y su propuesta de largo plazo se centra en la transparencia: un lago de datos con inteligencia artificial que permita rastrear cada peso desde que entra al sistema hasta que llega al paciente, sin necesidad de reformas legislativas.
Román Vega (asesor de Iván Cepeda). Plantea que la crisis es estructural e histórica, no atribuible exclusivamente al gobierno actual. Propone un plan de choque en los primeros 100 días orientado a garantizar liquidez a hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos, y comprar cartera vencida para estabilizar la red. Fue explícito en señalar que ese plan de choque no estará orientado a profundizar el sistema actual, sino a abrir las condiciones para su transformación. En el largo plazo, propone avanzar hacia un fondo único con pagador único, fortalecer la ADRES con pagos orientados a resultados, y construir la atención primaria como eje universal del sistema. Plantea un sistema mixto (mencionó que no sería estatización, pero sí regulación estricta del sector privado en función del bien común) y una reforma concertada con la sociedad antes de presentarse al Congreso. Propone además una “comisión de la verdad” sobre el uso histórico de los recursos de la salud.
Los puntos de acuerdo
El punto de partida común fue el reconocimiento de una crisis. No en su denominación exacta (Sánchez Arango la calificó de “crisis humanitaria”, los demás hablaron de crisis estructural y coyuntural), pero sí en su existencia. Esto tiene relevancia porque no había sido la posición de todos los actores involucrados.
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También hay consenso en torno a que la crisis tiene dos capas. La primera capa es una crisis acumulada desde hace varios años, aunque las razones que cada campaña le atribuye a esa acumulación no son las mismas (para la campaña de Cepeda tiene que ver más con la corrupción en el uso de los recursos; para las demás campañas, con ciertos matices, no es solo eso, sino que incluso de mayor peso son el envejecimiento y los costos incrementales de todos los sistemas). La segunda capa es más reciente: una crisis de liquidez que deja a hospitales, gestores farmacéuticos y pacientes crónicos sin los recursos que necesitan.
Sobre las soluciones de corto plazo hubo más convergencia que diferencias. Todos reconocieron que hay que inyectar recursos con urgencia. Los mecanismos varían (títulos de deuda, crédito con organismos multilaterales, recursos ya identificados en el presupuesto). Todas las propuestas coinciden también en la necesidad de mejorar los sistemas de información: hoy existen versiones distintas de cifras tan básicas como cuánto le debe el sistema a los prestadores, lo que dificulta seriamente cualquier ejercicio de gestión gubernamental.
Las diferencias de fondo
Donde las propuestas divergen con mayor claridad es en el modelo estructural.
Alejandro Gómez (campaña de Claudia López) plantea mantener el aseguramiento pero transformarlo hacia esquemas sin ánimo de lucro, con alianzas público-privadas-comunitarias, y definir un plan de beneficios explícito (qué cubre el sistema y qué no) actualizable cada año mediante evaluación de tecnologías.
Bernardo Useche (campaña de Sergio Fajardo) pone el acento en recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema. Propone que las EPS se comprometan a atender la totalidad de la población de un territorio, corrigiendo la tendencia a seleccionar afiliados según su rentabilidad, y que las entidades territoriales fortalezcan su capacidad en salud pública.
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Iván Sánchez Arango (campaña de Abelardo De La Espriella) defiende la arquitectura de la Ley 100 como base, y atribuye el deterioro actual al manejo del gobierno Petro. Su apuesta de largo plazo es la trazabilidad de cada peso del sistema, apoyada en inteligencia artificial y datos integrados, sin requerir cambios legislativos para implementarla.
Román Vega (campaña de Iván Cepeda) propone la transformación más profunda entre los miembros del panel: un fondo único con pagador único, la ADRES como administradora con pagos orientados a resultados, y la atención primaria como eje del sistema. Plantea también una “comisión de la verdad” sobre el uso histórico de los recursos.
Lo que quedó por fuera
El debate dejó algunos temas sin desarrollar. Por un lado, aunque hay un reconocimiento de la crisis actual del sector, no hubo tiempo para detallar en qué consistirá realmente el plan de manejo. Por otro lado, temas como la situación del talento humano en salud (condiciones laborales precarias y una distribución territorial muy desigual) recibieron poca atención en las intervenciones.
También llamó la atención la propuesta de Román Vega (Campaña de Cepeda) sobre la aceptación de la necesidad de una compra de cartera. Por supuesto, al no haber acuerdo aún entre los diferentes sectores sobre cuál es y de qué magnitud es esa cartera, se hacen preguntas sobre exactamente cuál sería el alcance operativo y financiero de esa propuesta.
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También llamó la atención la propuesta de Iván Arango (la campaña de La Espriella) sobre la necesidad urgente de inyectar 10 billones de pesos al sistema. Pero no está claro por qué esa cantidad y en qué puntos se inyectará.
Y quedó sin respuesta una pregunta que atraviesa todo el debate: cómo se financia de manera sostenible un sistema cuya demanda crece más rápido que sus ingresos. Todos la reconocen; ninguna campaña ha presentado aún una respuesta completa.
El 14 de mayo habrá una nueva oportunidad. Más de 35 organizaciones del sector salud tienen convocados a los candidatos presidenciales. La asistencia podría constituir un indicador relevante sobre el lugar real que ocupa la salud en cada campaña. Ojalá los candidatos asistan.
*Zulma Cucunubá es médica, salubrista y epidemióloga, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana (Bogotá). Mauricio Serra es médico y salubrista, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Javeriana (Cali). Rolando Enrique Peñaloza es profesor de Sistemas y Políticas de Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana (Bogotá) y Presidente del VIII Congreso Internacional de Sistemas de Salud
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