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“No hay interventores con corona”: Daniel Quintero

En esta entrevista con El Espectador, Daniel Quintero sostiene que Nueva EPS “no se puede quebrar” porque su caída implicaría “el colapso del sistema”, deja abierta la puerta a nuevos cambios en las EPS intervenidas y afirma que en el sector salud, “lamentablemente, todo el mundo le roba a todo el mundo”.

Juan Diego Quiceno

17 de mayo de 2026 - 09:00 a. m.
El superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Foto: Supersalud
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La primera vez que intentamos entrevistar a Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud, fue imposible. Una reunión en Palacio se extendió más de la cuenta. Ocurrió apenas horas después de que el exalcalde de Medellín solicitara la renuncia protocolaria de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno, una decisión que volvió a agitar la discusión sobre el manejo de las intervenciones y el futuro del sistema de salud.

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Quintero llegó al cargo en medio de demandas y cuestionamientos por su nombramiento, que no cayó bien en varios sectores de la salud ni entre antiguos aliados del Gobierno, hoy críticos de Gustavo Petro, como Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación.

En esta conversación con El Espectador reconoce que las intervenciones a las EPS “nunca han funcionado”, asegura que alrededor del pago de cartera podrían moverse coimas de hasta 30 %, admite que la Supersalud todavía opera con “hojas de Excel” y sostiene que Nueva EPS “no se puede quebrar” porque su caída implicaría “el colapso del sistema”. También deja abierta la puerta a nuevos cambios en las EPS intervenidas y defiende nuevamente la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud colombiano.

¿Ya recibió la renuncia de todos los interventores?

Ya fue comunicada la solicitud. Realmente, nosotros tenemos la potestad de cambio de cualquier interventor en el momento en que queramos. No requeriríamos ni siquiera de su renuncia. Solicitarla tuvo como objetivo enviarles un mensaje muy claro a todos ellos y es que esta superintendencia llega con un propósito claro de inspección, vigilancia y control. Los procesos de intervención, si bien se hacen sobre entidades que entraron en cuidados intensivos y por eso el gobierno intervino, requieren, por parte del interventor, de una gestión que realmente ponga al paciente en el centro, que ponga a los prestadores de salud en el centro y que, sin duda, logre mejoras en el servicio, en especial en lo que se refiere a la entrega de medicinas, que es un tema que queremos atacar con mucha fuerza ahora.

Ya tuvimos dos reuniones: una con Nueva EPS y otra con Famisanar, en el marco de esta decisión, donde ellos están presentando sus informes, sus resultados, con luces y sombras. Con el resto de las EPS intervenidas también vamos a actuar, pero esto no se circunscribe solo a las EPS intervenidas, sino con todas las EPS del país sobre las que esta superintendencia ejerce vigilancia y control.

Jorge Iván Ospina le respondió que a él solo le pide la renuncia el presidente Petro…

Él acaba de llegar y no se le pide la renuncia por sus resultados a alguien que lleva una semana. Pero lo que sí está claro es que aquí no hay interventores con corona ni interventores que estén por encima de la orden, no solo del presidente, sino de la Constitución, que ha sido clara en poner en regla a todos los interventores, a todos.

¿Es viable volver a cambiar interventores a tres meses del fin del gobierno y con tantos cambios recientes?

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Haré cambios si encuentro que hay interventores que no comparten los valores que yo quiero imprimirle a las entidades intervenidas y, en general, al sistema de salud, que son: transparencia, el usuario primero, nada de demoras en medicamentos y que no haya indolencia en el tratamiento de las personas, que se acabe la carrera de la muerte.

¿Por qué las intervenciones no han funcionado, como usted ha reconocido?

Las intervenciones, en general, no han funcionado porque parten de un modelo que está equivocado, un modelo que viene colapsando, que ha demostrado que no funciona para el ciudadano y que ha creado unos incentivos perversos. Una prueba de que el modelo no está funcionando son precisamente las intervenciones. No hay gobierno que haya hecho una intervención y que esa intervención haya resultado en el salvamento de la EPS. Cuando entra el gobierno a intervenir es ya para proteger al ciudadano como última instancia, para que le paguen a los prestadores como última instancia y eso es lo que vamos a evaluar: que no haya favoritismos en el pago de prestadores, que haya justicia en ese sentido porque lo contrario, incluso, puede alertar indicios de corrupción.

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Recordemos que yo entré a la superintendencia y ya me estaban ofreciendo sobornos o coimas para ayudar a gestionar el pago a unos proveedores sobre otros. Nosotros estamos convencidos de que la plata de la UPC alcanza, pero si no se la roban.

¿Esa presunta corrupción que usted ha denunciado ha sucedido entonces con los interventores que nombró el gobierno?

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El presidente ha sido muy claro, no solo con el país. Cuando me nombró me dijo: “No proteja a nadie. No importa si es de este gobierno o de otro. Yo no nombré a nadie para que lo haga mal”. Estamos ante un sistema que lamentablemente le da muchas gabelas a los interventores.

Ellos adquieren demasiado poder. No tienen, a diferencia de las EPS cuando no están intervenidas, una junta directiva permanente y por eso es muy importante que la Superintendencia de Salud tenga dientes y ejecute sus tareas de control, tanto previa como posteriormente. Ya existen denuncias, incluso del interventor de Nueva EPS, sobre posibles carteles dedicados al cobro de cartera y alrededor de los cuales se estarían moviendo montos millonarios: 10, 15, 20 y hasta 30 %. Si al sistema le alcanza para pagar 30 % de coimas para agilizar el pago de una cartera, ¿no sería mejor que esos recursos terminaran en atención para los ciudadanos y en la entrega de medicamentos? Ese es el propósito de esta Superintendencia.

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¿Está diciendo que los interventores tienen tanto poder que se salen del control?

Tiene mucho poder, pero afortunadamente yo soy experto en rastreo de datos. Y en los cargos en los que he estado no he tenido nunca temor de enfrentar a grandes carteles. Con la data siempre quedan trazas y eso es lo que vamos a perseguir.

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¿Qué va a hacer con Nueva EPS? Es la EPS más grande del país, no se conocen sus estados financieros hace tres años y tiene deudas por todos lados…

Nueva EPS es el mejor ejemplo de que se necesita una reforma a la salud, la verdadera solución al problema de la salud en Colombia que ha presentado el presidente Petro tres veces al Congreso con el ánimo de que el Congreso le entregue un modelo nuevo al país.

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Lo que existe hoy es un modelo de quiebra programada. Estas EPS, que fueron tomadas en su mayoría por clanes político-empresariales, toman la plata, no hacen inversiones en prevención y luego se quiebran, se van, dejando endeudada toda la red de prestadores y con unos pacientes mucho más costosos para el sistema, que terminan migrando a la siguiente EPS en crisis. Es un efecto dominó que se va replicando y así Nueva EPS pasó de tres millones de afiliados a hoy más de 11 millones de afiliados, muchos de ellos pacientes de alto costo. Sin embargo, dos claridades. La primera es que cuando se hace la intervención, Nueva EPS no tenía estados financieros aprobados, es decir, ya no había estados financieros en firme. Ya la junta incluso de su momento los había rechazado, esto antes de que el gobierno entrara, pero ha fallado Nueva EPS en resolver el problema.

El interventor se comprometió ante esta superintendencia en tener estados financieros de 2024 y de 2025 para los próximos días. Nueva EPS, a pesar de todo esto resulta ser, al mismo tiempo, la única esperanza real del sistema, porque es la única que tiene el respaldo del Estado. Es la única en la que hay un socio diciendo: “Estoy listo para capitalizar”. Es la única que no se puede quebrar y, por tanto, también es la única en la que hay garantías reales tanto para los prestadores como los gestores farmacéuticos, los operadores logísticos, de que lo que están hoy prestando se les va a pagar. El resto de EPS tiene una incertidumbre asociada al régimen de pagos futuro.

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¿Esta superintendencia se plantea la posibilidad de liquidar Nueva EPS?

De ninguna manera. Nosotros tenemos una obligación y es la de evitar el riesgo sistémico. La liquidación de una EPS como Nueva EPS implicaría el colapso del sistema. Hoy Nueva EPS es una entidad estratégica de la nación y el Gobierno viene planteando una capitalización en el marco de ese reconocimiento como entidad estratégica.

Tres intervenciones a tres EPS se han caído total o parcialmente en tribunales. ¿La Supersalud hizo intervenciones sin sustento jurídico?

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No lo creo así. Están dadas todas las causales de intervención. Son las mismas causales que se utilizaron para intervenir a decenas de EPS en el pasado. Hoy la Corte Constitucional, a la que además respetamos y acatamos, ha dicho que se debe ser más exigente con el proceso de intervención, que se deben incluir unas variables y esta superintendencia no solo acata eso, sino que en el marco de esa discusión viene planteando transformaciones internas, de modo que ese fallo de la Corte se respete.

¿La Supersalud se equivocó en la inspección y vigilancia de estas entidades?

A esta superintendencia, me lo dijo el mismo presidente, le ha faltado dientes en inspección, vigilancia y control. Y cuando uno entra ya al interior de la entidad y revisa, por ejemplo, cómo maneja los temas de información, se da cuenta que muchos de los procesos importantes se manejan con hojas de Excel. Es muy complejo poder auditar la salud de 54 millones de colombianos, 17 EPS y más de 60.000 vigilados con hojas de Excel. Para poder evitar el fraude, la corrupción, la cartelización, se necesitan capacidades avanzadas en temas de inteligencia artificial, de blockchain. Nada de eso tiene la Supersalud, pero eso va a cambiar.

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Ahora estamos ya avanzando en un plan de inversiones en tecnología que va a permitir rastreo de datos, que va a permitir agilizar procesos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el reconocimiento de medicinas. Cuando a un paciente no le entregan la medicina y la tiene que comprar, tiene derecho a que la EPS le reconozca el valor de esa medicina. Hoy ese trámite puede durar un año. Yo quiero que eso llegue a 10 días. Y eso lo podemos hacer con tecnología.

Frente a eso, ¿cómo va a controlar el gasto? Porque si los ciudadanos pueden comprar medicamentos y luego pasar la factura, hay un riesgo de mayor gasto.

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Lo que debe garantizar y ha garantizado la Supersalud es que sea un hecho que hubo ese pago, que realmente se entregó la medicina. No es un procedimiento que me esté inventando yo ahora, es un procedimiento que existe. Hay una delegatura dedicada a eso de forma particular, pero con procesos muy lentos.

Todo lo que usted está planteando, ¿es realista hacerlo en tres meses, antes del cambio de gobierno?

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Yo soy un ejecutor de alta eficiencia en todos los cargos públicos en los que he estado. Nunca se me ha criticado por la falta de ejecución. En Medellín, en solo un cuatrienio, dejamos Metro de la 80, la tercera línea de metro después de 25 años. Hidroituango, un proyecto destruido, lo pusimos a funcionar. Tuvimos el covid-19, construimos hasta nuestros propios ventiladores, los sistemas de información más avanzados y me podría quedar media entrevista hablando de lo que pudimos hacer en un periodo relativamente corto.

Se le critica la llegada a la superintendencia de personas como Juan David Duque y Sergio Andrés López ¿Cómo responde a quienes critican eso como una toma política de la Supersalud?

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Yo tengo un equipo técnico de alta eficiencia, de resultados, que me acompañó, por ejemplo, enfrentando el covid-19 en Medellín. Ese equipo que tú mencionas estuvo en ese proceso. Es un equipo que yo conozco, que conozco bien, que me conoce y, además, es un equipo que no le tiene miedo a enfrentar mafias. Ya lo hicimos juntos.

Pero usted ha hecho cambios en manuales para facilitar esos nombramientos.

Se ha mencionado el caso del cambio del manual de funcionamiento de un asesor, es decir, de un cargo de asesor, porque encontramos que en la entidad no había capacidades para hacer estudios en temas de infraestructura. Eso no existía y no hace sentido porque además es una variable habilitante para los servicios de IPS y EPS en el país.

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¿Ese es el único cambio que usted reconoce?

Sí. El resto cumple requisitos, es decir, esto es porque le faltaba a la entidad algo. Y si veo que le falta algo a la entidad, se le va a hacer el cambio. Yo no soy de pañitos de agua tibia. Yo llego y hago las cosas que hay que hacer. Si encuentro algo que no funciona, lo cambio. Hay que hacer lo correcto y cuando sabes que hay que hacerlo, no te demores en hacerlo.

Su nombramiento como superintendente también está demandado y esas demandas vienen justamente de su ciudad. ¿Qué razones encuentra?

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Son maniobras, sin duda, políticas en el marco también de unas elecciones que se han polarizado mucho. En teoría, yo cumplo los requisitos, son muy claros, están expresados en la norma. Sin embargo, voy a acatar cualquiera que sea la decisión del Consejo de Estado.

Hay evidencia académica de que la plata de la UPC en el sistema no está alcanzando. ¿Cuál es su posición?

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La evidencia también muestra que no solo la corrupción en el sistema se está llevando gran parte de la plata, sino también prácticas que incluso no rompen la ley. La ley les permite hacer eso, pero terminan encareciendo el servicio de forma dramática. Es el caso de las EPS con integración vertical. Terminan haciendo contratación yo con yo. Recursos públicos en los que la EPS sí le paga a unas IPS, pero a mayores precios de lo que le pagaría al resto del sistema. Entonces, la plata alcanza, pero esos modelos de cartelización terminan elevando los precios del sistema. Y hay una forma sencilla de demostrarlo: ¿dónde están los supuestos COP 40 billones de deudas que tienen las EPS con el sistema?

Están en las utilidades de las IPS. Hoy tenemos, en solo los últimos años, COP 45 billones de utilidades. Lo que ha habido es una transferencia de la riqueza, recursos públicos, de las EPS a las IPS, desde donde ya luego la plata sale a los dueños de las mismas EPS.

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Pero si hay tanta riqueza en las IPS, como usted dice, ¿cómo se entiende que haya cierres de servicios todas las semanas?

Es exactamente la razón por la que ocurre. Lo que hacen las EPS es que tienen favoritos y a esos favoritos les pagan muy bien: COP 45 billones de utilidades. Y mientras eso ocurre, hay un montón de otras que están sufriendo por falta de pagos, que están sufriendo porque no les contratan servicios. Este es un sistema en el que se ha permitido todo esto porque muchas cosas todavía, millones de facturas, se manejan a mano. Yo vengo, entre otras, a liderar un proceso de digitalización y transformación digital del sector.

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Ese diagnóstico que usted hace lo comparten varios gremios. Pero también se preguntan: ¿por qué eso no cambió en las EPS intervenidas? Si los interventores que nombró el Gobierno pueden postular los hospitales y clínicas que ellos decidan.

Ha ido mejorando. Por ejemplo, hay un indicador que muestra mejora y es cuántas empresas públicas de salud son contratadas, cuántas ESE son contratadas. El porcentaje viene aumentando, pero esa es una de las críticas que ha hecho el presidente a las intervenidas: que siguen manejando los mismos esquemas y las mismas estructuras corruptas que llevaron a esas entidades a la intervención. Los casos son aberrantes. Vamos a denunciar todo lo que encontremos sin ninguna vacilación.

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¿Por qué está pasando eso en las EPS intervenidas?

Son organizaciones que tienen estructuras corporativas que diluyen el poder hacia abajo y desde muchas regionales. Por ejemplo, de Nueva EPS hay muchas críticas e incluso denuncias de corrupción. Y la misión de Jorge Iván Ospina, debe ser poner en orden todas estas regionales. Hay que hacer una limpieza de cualquier atisbo de corrupción que se presente. Solo así va a alcanzar la plata para las medicinas para la gente.

El presidente ordenó comenzar a quitar habilitaciones a las EPS. ¿Lo va a hacer?

Es una de las órdenes que entregó la Ley 100 y que entregó la Constitución Nacional a la Superintendencia de Salud y es que, en aquellos casos donde se compromete la prestación del servicio se le debe quitar la habilitación a IPS, EPS y, en general, a vigilados por parte de la Supersalud. Esto, máxime cuando hay malversación de fondos, cuando los fondos se utilizaron de forma indebida para ver las cosas que no eran. La Supersalud está a punto de terminar de reglamentar el proceso y pronto empezaremos a utilizar esta figura.

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¿Se está planteando hacerlo con alguna EPS e IPS?

Por el momento simplemente estamos en el proceso de reglamentación.

¿Algún mensaje que le quiera enviar a las personas y a las EPS y a las IPS que lo van a leer y que tienen preocupaciones inmensas por el futuro del sistema?

El sistema está en crisis. El sistema de salud como modelo financiero mostró que los incentivos que crea terminan siendo incentivos perversos, incentivos criminales, incluso asesinos, que, contrario al sueño que se tenía en principio y era que articular un modelo de mercado al sistema de salud iba a acabar la corrupción, pues no. Necesitamos un gran acuerdo de paz en la salud en Colombia. Ponernos de acuerdo. Y el Congreso tiene una misión histórica y es entregarle un nuevo modelo de salud al país.

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¿Qué incluiría ese acuerdo de paz?

Ese acuerdo tiene que incluir en la mesa todas las variables para que sean discutidas. Tiene que girar en torno a lo que será la reforma de la salud y tiene que decir cómo ordenar el sistema. Voy a poner simplemente un ejemplo para demostrar el desorden del sistema. Asmet Salud es muy fuerte en Caquetá, en el Cauca, en Nariño, pero un paciente que tiene en la costa Caribe le sale 10 veces más costoso que cualquier paciente que tenga en su propio territorio.

Ellos mismos han pedido y muchas EPS han pedido, que les quitemos la habilitación de algunos territorios de modo que eso no les pase. Bueno, hace poco el Gobierno nacional presentó un decreto con el ánimo de empezar a territorializar el país. Quizás no es por decreto, de pronto hace parte de esa mesa: venga, sentémonos a ordenar el sistema de salud.

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La reforma de la salud no busca estatizar el sistema. Busca un sistema mixto en el que seguramente Nueva EPS va a tener un rol muy importante en regiones que incluso no son rentables para EPS tradicionales o EPS privadas, y habrá unas EPS privadas en mercados de alta competencia donde serán mucho más eficientes para poder lograr precios, no manejando el riesgo financiero como ocurre hoy, sino con transferencia directa desde la ADRES. Porque también quedó demostrado con el modelo desde 1993, que el manejo del riesgo financiero por parte de la EPS crea incentivos perversos.

El acuerdo de paz tiene que incluir estas variables, pero quizás la más importante es que tiene que parar la robadera, porque aquí lamentablemente todo el mundo le roba a todo el mundo. La IPS, sabiendo que la van a glosar y que le van a demorar dos años los pagos, lo que hace es que eleva los precios de forma significativa. Lo mismo ocurre con los gestores farmacéuticos. Luego siguen las EPS, que como saben que hay ese comportamiento por parte de las IPS, entonces glosan de forma excesiva, demoran los pagos de forma excesiva. La farma de la misma manera. Luego las graves denuncias de interventores que estarían cobrando coimas o incluso casas de cobro de abogados que cobran hasta 20 y 30 % para que les paguen las facturas. Es todo el mundo robándole a todo el mundo.

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A mí me han, a veces, criticado que no hago parte del sector de la salud. Quizás es lo que más conviene. Que llegue alguien que no tenga compromisos con ningún sector y que diga: “Vamos a ordenar el sistema para todos, para todos los colombianos” y que sirva como un árbitro neutral en ese proceso de ordenación.

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