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A través de un comunicado, el grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social manifestó su descontento con el reciente Decreto 0858 en el que el Ministerio de Salud establece las nuevas reglas para implementar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.
Según los exfuncionarios, la norma, emitida a finales de julio, “materializa la preocupación que hemos expresado frente al profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana”, escribieron en el comunicado.
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Desde el punto de vista de los exministros, con la expedición del decreto, el Gobierno Nacional, en la práctica, “pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes”. Esto, considerando que, entre otras cosas, con ese nuevo decreto, las EPS dejarán de contratar hospitales y clínicas, y ahora ese rol lo tendrán las secretarías de Salud.
“Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo”, agregaron los exfuncionarios entre los que se encuentran Alejandro Gaviria, Gabriel Riveros, Jaime Arias, Beatriz Londoño, y Fernando Ruiz.
Según el Ministerio de Salud, ahora las EPS deberán articularse con las redes territoriales de salud (RIITS), coordinando de manera efectiva la referencia y contrarreferencia de pacientes, la adscripción poblacional, la gestión del riesgo en salud y el uso eficiente de recursos.
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Además, el decreto señala que los hospitales de primer nivel (los más básicos) deberán organizarse como Centros de Atención Primaria en Salud y poner en marcha procesos de adscripción poblacional. En otras palabras, cada persona será asignada a un centro de salud cercano a su lugar de residencia, que será el encargado de hacer seguimiento continuo a su estado de salud y coordinar su atención dentro del sistema.
Para los exministros, el decreto no es el instrumento jurídico para implementar este tipo de cambios profundos en el sistema de salud colombiano. Por esto, solicitaron al Consejo de Estado establecer medidas cautelares “para impedir los cambios propuestos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico”.
Los reclamos de este grupo se suman a los ya hechos por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agremia a alrededor de 345 instituciones en el país. De acuerdo con su presidente, Juan Carlos Giraldo, muchos de los componentes de la norma todavía tienen que ser reglamentados, “y van a exigir una exigente conversación de todo el sector prestador con el Ministerio de Salud, para poder concretar las mejorías y las claridades que requiere este decreto. Pensamos que se necesita una conversación profunda sobre fuentes de financiación, especialmente en lo que tiene que ver con la formalización laboral”, señala.
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