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A finales de la semana pasada, el Ministerio de Salud expidió un decreto (el 0858) en el que establece las nuevas reglas para implementar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. En él hace varios cambios al sistema que han recibido varias críticas de diferentes actores.
El gremio de las EPS, por ejemplo, señalaron que esa nueva norma modifica por completo la organización del sistema y “desdibuja el rol” que han tenido las EPS. Además, dijeron desde Acemi, que reúne a las EPS del régimen contributivo, el decreto “viola el principio de libre elección de los usuarios”, pues limita su posibilidad de escoger libremente el lugar donde desean recibir atención médica.
De hecho, en entrevista con Caracol Radio, Ana María Vesga, presidente de esa asociación, anunció que demandarán el decreto. A su parecer, es un intento de hacer una reforma que debería pasar por el Congreso.
Como contamos en este artículo, con ese nuevo decreto las EPS dejarán de desempeñar una tarea que han hecho por mucho tiempo: contratar hospitales y clínicas. Ese rol caerá, ahora, en las secretarías de Salud.
Las EPS, dijo el Ministerio de Salud, deberán articularse con las redes territoriales de salud (RIITS), coordinando de manera efectiva la referencia y contrarreferencia de pacientes, la adscripción poblacional, la gestión del riesgo en salud y el uso eficiente de recursos.
Pero, ¿qué opina el gremio hospitalario?
La postura del gremio hospitalario
En un video, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agremia a alrededor de 345 instituciones en el país, dejó clara su posición.
Para Giraldo, el proyecto es un punto de partida. “Encontramos que muchos de sus componentes todavía tienen que ser reglamentados y van a exigir una exigente conversación de todo el sector prestador con el Ministerio de Salud, para poder concretar las mejorías y las claridades que requiere este decreto. Pensamos que se necesita una conversación profunda sobre fuentes de financiación, especialmente en lo que tiene que ver con la formalización laboral”, señala.
Además, dice que hay otros aspectos que requieren mayor claridad. Por ejemplo, las competencias que ahora tendrán los diferentes actores del sistema. "¿Cuáles son los alcances de las entidades territoriales respecto a las ARL, a las EPS, a la red prestadora pública, privada y mixta?“, se pregunta.
Así mismo, a la ACHC le inquieta un punto que ya han mencionado otros actores: “muchas de las dificultades que estamos teniendo hoy, especialmente con flujo de recursos al interior del sistema, no se van a ver resueltas por los componentes del decreto".
A los ojos de Giraldo, será necesario que se discutan otros componentes relacionados con nuevas fuentes de financiación de la reforma al sistema que se tramita en el Congreso.
Para el representante del gremio hospitalario, este decreto tiene pilares fundamentales que tienen que ver con la gobernanza, con las redes integradas, con el trabajo decente, con la soberanía sanitaria y también con aspectos de calidad de información.
Sin embargo, par Giraldo, ahora, su reglamentación se suma a las otras piezas esenciales del sistema de salud: la discusión de la reforma y los problemas que requieren atención en el sistema.
Críticas y reacciones al decreto
Otros actores del sistema de salud han señalado varias críticas al decreto. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, escribió en su cuenta de X que “el decreto estatiza y territorializa el sistema de salud. No elimina a las EPS en teoría, pero en la práctica sí. Crea una figura ambigua: con responsabilidades, pero sin capacidad de gestión. Hay un desmonte implícito del aseguramiento. Está en juego el logro social más importante del país en los últimos años: la protección financiera en salud”.
“Un pequeño gran problema que la Corte Constitucional debería examinar con urgencia: decretazo, estocada para poner en marcha reforma que no sale como ley en el Senado”, escribió, por su parte, Jairo Humberto Restrepo, conocedor del sistema y profesor de la Universidad de Antioquia.
El decreto representa un cambio estructural “profundo y preocupante” al sistema de salud, dijo, por su parte, el movimiento Pacientes Colombia. Implica, añadió, un “desmonte del modelo de aseguramiento” y generará una “incertidumbre financiera”.
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