Defensoría advierte que se está negando atención a usuarios de Caprecom en 13 departamentos
La entidad llamó la atención al Gobierno porque no está garantizando el derecho a la salud a más de tres millones de personas.
Redacción Salud
La Defensoría del Pueblo envió una segunda solicitud al superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, con copias al Ministerio de Salud y a la Corte Constitucional, por las constantes denuncias que recibe a diario por parte de los afiliados de Caprecom por la negación de los servicios de salud.
De acuerdo con el defensor Jorge Armando Otálora, las IPS estarían negando la prestación de los servicios de salud en Tolima, Quindío, Putumayo, Casanare, Bolívar, Caldas, Cauca, Riohacha, Cundinamarca, Arauca, Vichada, Córdoba y Urabá, con el argumento que la EPS Caprecom se encuentra en liquidación.
Para Otálora, el Gobierno no ha formulado un plan de contingencia para garantizar la atención de los afiliados a esa EPS y por ende se encuentran en riesgo más de 3 millones de personas. (Lea: Gobierno busca saldar deuda de $1 billón de EPS Caprecom con reforma legal)
Lo que le preocupa a la entidad es que tras un barrido por las Defensorías regionales, encontró al menos 453 casos de posible vulneración a los derechos humanos. Y recordó la muerte de José Ángel Chíquiza, quien falleció hace tres años haciendo fila para que lo atendieran en la EPS Comfacundi, a la que había sido adscrito tras la liquidación de Salud Cóndor.
Entre las principales quejas presentadas están: la negación de procedimientos quirúrgicos, de medicamentos, citas médicas represadas en cárceles, traslados pendientes de internos, entre otros. (Lea: “Tenemos muchos errores y lo reconozco”: Directora de Caprecom)
Por ejemplo en Cauca la Clínica La Estancia de Popayán solo atiende servicios médicos ambulatorios y en Cundinamarca en la cárcel de Guaduas, hay 14 internos pendientes de traslado para tratamiento siquiátrico, uno diagnosticado con VIH y 23 más con tuberculosis.
Es importante resaltar que el pasado 5 de octubre la Defensoría ya había solicitado información detallada sobre las medidas adoptadas para el traslado de los afiliados, los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes, la entrega oportuna de medicamentos, la atención a pacientes especialmente vulnerables y la participación de las asociaciones de usuarios en el proceso de liquidación de la EPS.
Cabe recordar que la Superintendencia de Salud delegó una comisión en varias regiones del país para que supervisaran la prestación de un servicio de salud de calidad a los afectados con la liquidación de Caprecom. Por su parte el Gobierno ha reiterado en varias oportunidades que las IPS de cada departamento a las que fueron distribuidos los afiliados de Caprecom están obligadas a prestarles una atención de calidad.
La Defensoría del Pueblo envió una segunda solicitud al superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, con copias al Ministerio de Salud y a la Corte Constitucional, por las constantes denuncias que recibe a diario por parte de los afiliados de Caprecom por la negación de los servicios de salud.
De acuerdo con el defensor Jorge Armando Otálora, las IPS estarían negando la prestación de los servicios de salud en Tolima, Quindío, Putumayo, Casanare, Bolívar, Caldas, Cauca, Riohacha, Cundinamarca, Arauca, Vichada, Córdoba y Urabá, con el argumento que la EPS Caprecom se encuentra en liquidación.
Para Otálora, el Gobierno no ha formulado un plan de contingencia para garantizar la atención de los afiliados a esa EPS y por ende se encuentran en riesgo más de 3 millones de personas. (Lea: Gobierno busca saldar deuda de $1 billón de EPS Caprecom con reforma legal)
Lo que le preocupa a la entidad es que tras un barrido por las Defensorías regionales, encontró al menos 453 casos de posible vulneración a los derechos humanos. Y recordó la muerte de José Ángel Chíquiza, quien falleció hace tres años haciendo fila para que lo atendieran en la EPS Comfacundi, a la que había sido adscrito tras la liquidación de Salud Cóndor.
Entre las principales quejas presentadas están: la negación de procedimientos quirúrgicos, de medicamentos, citas médicas represadas en cárceles, traslados pendientes de internos, entre otros. (Lea: “Tenemos muchos errores y lo reconozco”: Directora de Caprecom)
Por ejemplo en Cauca la Clínica La Estancia de Popayán solo atiende servicios médicos ambulatorios y en Cundinamarca en la cárcel de Guaduas, hay 14 internos pendientes de traslado para tratamiento siquiátrico, uno diagnosticado con VIH y 23 más con tuberculosis.
Es importante resaltar que el pasado 5 de octubre la Defensoría ya había solicitado información detallada sobre las medidas adoptadas para el traslado de los afiliados, los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes, la entrega oportuna de medicamentos, la atención a pacientes especialmente vulnerables y la participación de las asociaciones de usuarios en el proceso de liquidación de la EPS.
Cabe recordar que la Superintendencia de Salud delegó una comisión en varias regiones del país para que supervisaran la prestación de un servicio de salud de calidad a los afectados con la liquidación de Caprecom. Por su parte el Gobierno ha reiterado en varias oportunidades que las IPS de cada departamento a las que fueron distribuidos los afiliados de Caprecom están obligadas a prestarles una atención de calidad.