Defensoría encontró irregularidades en alimentación escolar de La Guajira, Chocó y Atlántico

Luego de conocer la situación de 13 municipios en La Guajira, Atlántico y Chocó, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora acompañado por la ministra de Educación, Gina Parody, informó que en Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará se encontraron irregularidades en el programa de suministro de alimentación escolar de niños y adolescentes.

“Se evidenció incumplimiento de la normatividad sanitaria para la conservación de los comestibles, problemas en la contratación, ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y suministro”, informó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Respecto al departamento de Atlántico, la Defensoría pidió hacer seguimiento e investigar las irregularidades encontradas por la Secretaría de Salud de este departamento en 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 colegios públicos, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, sobre contaminación en más del 70 % de los alimentos. Llamó la atención a la Secretaría de Educación por no actuar como se debe en estas situaciones.

La situación de Chocó no ha cambiado a pesar de las denuncias de la Defensoría. Aunque la entidad advirtió hace unos meses sobre el suministro de alimentos en mal estado a los niños de menos recursos en el país y que la conservación de los mismos se estaba haciendo en lugares no adecuados, la Secretaría de Integración Social sólo realizó el adecuado seguimiento a 3 de los 29 municipios.

“A ello se suma que no obstante los cuestionamientos y las evidencias denunciadas en el caso Fungescol, fue suscrito un otrosí para prorrogar el contrato de operación entre el 6 de julio y este 12 de agosto”, denuncia la Defensoría.

De acuerdo con información de la entidad, en Yuto y Alto Andágueda la situación es complicada porque los niños deben comer por turnos de 11 minutos, hay dificultades para refrigerar los productos perecederos debido a que carece de regularidad en el fluido eléctrico, entre otros.

En La Guajira, que afronta una crisis tras las masivas denuncias de muertes de niños por desnutrición infantil, la Defensoría reportó también irregularidades con el suministro de los alimentos escolares.

Uno de los casos que reporta es que en un centro etno-educativo de Manaure no habían sido entregados los alimentos que debían llegar el 22 de junio y en otro caso, se conoció que los niños tenían que pagar 200 pesos diarios por el almuerzo que debían consumir en el piso a la intemperie y hacer sus necesidades a campo abierto por carencias en infraestructura.

Finalmente el defensor alertó de una grave situación en el municipio de Barrancas donde al parecer candidatos a la próximas elecciones regionales estarían condicionando el transporte escolar de niños a la consecución de las firmas necesarias para respaldar sus aspiraciones políticas, por lo que la entidad pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad de Delitos Electorales investigar esta situación.

Luego de conocer la situación de 13 municipios en La Guajira, Atlántico y Chocó, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora acompañado por la ministra de Educación, Gina Parody, informó que en Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará se encontraron irregularidades en el programa de suministro de alimentación escolar de niños y adolescentes.

“Se evidenció incumplimiento de la normatividad sanitaria para la conservación de los comestibles, problemas en la contratación, ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y suministro”, informó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Respecto al departamento de Atlántico, la Defensoría pidió hacer seguimiento e investigar las irregularidades encontradas por la Secretaría de Salud de este departamento en 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 colegios públicos, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, sobre contaminación en más del 70 % de los alimentos. Llamó la atención a la Secretaría de Educación por no actuar como se debe en estas situaciones.

La situación de Chocó no ha cambiado a pesar de las denuncias de la Defensoría. Aunque la entidad advirtió hace unos meses sobre el suministro de alimentos en mal estado a los niños de menos recursos en el país y que la conservación de los mismos se estaba haciendo en lugares no adecuados, la Secretaría de Integración Social sólo realizó el adecuado seguimiento a 3 de los 29 municipios.

“A ello se suma que no obstante los cuestionamientos y las evidencias denunciadas en el caso Fungescol, fue suscrito un otrosí para prorrogar el contrato de operación entre el 6 de julio y este 12 de agosto”, denuncia la Defensoría.

De acuerdo con información de la entidad, en Yuto y Alto Andágueda la situación es complicada porque los niños deben comer por turnos de 11 minutos, hay dificultades para refrigerar los productos perecederos debido a que carece de regularidad en el fluido eléctrico, entre otros.

En La Guajira, que afronta una crisis tras las masivas denuncias de muertes de niños por desnutrición infantil, la Defensoría reportó también irregularidades con el suministro de los alimentos escolares.

Uno de los casos que reporta es que en un centro etno-educativo de Manaure no habían sido entregados los alimentos que debían llegar el 22 de junio y en otro caso, se conoció que los niños tenían que pagar 200 pesos diarios por el almuerzo que debían consumir en el piso a la intemperie y hacer sus necesidades a campo abierto por carencias en infraestructura.

Finalmente el defensor alertó de una grave situación en el municipio de Barrancas donde al parecer candidatos a la próximas elecciones regionales estarían condicionando el transporte escolar de niños a la consecución de las firmas necesarias para respaldar sus aspiraciones políticas, por lo que la entidad pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad de Delitos Electorales investigar esta situación.