Defensoría pide a Supersalud garantizar derechos de afiliados a Golden Group
Tras las permanentes quejas sobre la inexistencia de convenios con la EPS, actualmente en proceso de intervención.
Redacción Salud
La delegada para los derechos de la salud y la seguridad social de la Defensoría del Pueblo requirió a la Superintendencia del ramo para que explique las medidas adoptadas a fin de garantizar los derechos de los afiliados a la EPS Golden Group, actualmente en proceso de intervención.
Según un comunicado, la Defensoría ve como “muy preocupantes” las permanentes quejas respecto a “temas como la suspensión y cancelación de convenios con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en la mayoría de los diez departamentos donde Golden Group aseguraba tener cobertura, siendo los casos más críticos los de Bogotá, Barranquilla, Montería, Cúcuta y Neiva, sin desconocer las dificultades que se venían presentando en otras ciudades como Cartagena, Ibagué, Riohacha, Santa Marta, Valledupar y Aguachica”.
Según el agente liquidador designado por la Superintendencia de Salud, actualmente hay “49 mil personas afiliadas en cinco departamentos a la EPS, la cual acumula embargos que superarían los mil 300 millones de pesos”, situación que para la Defensoría resulta alarmante por el hecho de que el “distribuidor autorizado que aparecía en los sitios de cobertura como la empresa encargada de proveer medicamentos a las IPS, dio a conocer que tampoco tiene convenio con la entidad intervenida, lo cual se refleja en la falta de oportunidad para acceder a lo recetado, como lo evidencian varios casos reportados por los medios de comunicación, y que lamentablemente afectan de manera directa a la población más vulnerable, como los niños y niñas”.
De acuerdo con el seguimiento hecho por la Defensoría, también existen dificultades con los procesos de referencia de pacientes al tercer nivel de complejidad, así como con la asignación de citas médicas con los especialistas. Por esa razón, solicitó a la Superintendencia adoptar e informar las medidas necesarias para que la liquidación de la EPS y el traslado a las 13 instituciones seleccionadas para la migración de los afiliados no produzca traumas e interrupciones en la atención de los pacientes, al tiempo que le pidió informar sobre la participación de las asociaciones de usuarios en este proceso.
La delegada para los derechos de la salud y la seguridad social de la Defensoría del Pueblo requirió a la Superintendencia del ramo para que explique las medidas adoptadas a fin de garantizar los derechos de los afiliados a la EPS Golden Group, actualmente en proceso de intervención.
Según un comunicado, la Defensoría ve como “muy preocupantes” las permanentes quejas respecto a “temas como la suspensión y cancelación de convenios con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en la mayoría de los diez departamentos donde Golden Group aseguraba tener cobertura, siendo los casos más críticos los de Bogotá, Barranquilla, Montería, Cúcuta y Neiva, sin desconocer las dificultades que se venían presentando en otras ciudades como Cartagena, Ibagué, Riohacha, Santa Marta, Valledupar y Aguachica”.
Según el agente liquidador designado por la Superintendencia de Salud, actualmente hay “49 mil personas afiliadas en cinco departamentos a la EPS, la cual acumula embargos que superarían los mil 300 millones de pesos”, situación que para la Defensoría resulta alarmante por el hecho de que el “distribuidor autorizado que aparecía en los sitios de cobertura como la empresa encargada de proveer medicamentos a las IPS, dio a conocer que tampoco tiene convenio con la entidad intervenida, lo cual se refleja en la falta de oportunidad para acceder a lo recetado, como lo evidencian varios casos reportados por los medios de comunicación, y que lamentablemente afectan de manera directa a la población más vulnerable, como los niños y niñas”.
De acuerdo con el seguimiento hecho por la Defensoría, también existen dificultades con los procesos de referencia de pacientes al tercer nivel de complejidad, así como con la asignación de citas médicas con los especialistas. Por esa razón, solicitó a la Superintendencia adoptar e informar las medidas necesarias para que la liquidación de la EPS y el traslado a las 13 instituciones seleccionadas para la migración de los afiliados no produzca traumas e interrupciones en la atención de los pacientes, al tiempo que le pidió informar sobre la participación de las asociaciones de usuarios en este proceso.