*Esta es la segunda entrega de un especial. Vea la primera, sobre Chocó, aquí.
Hay un filósofo de Eslovenia, Slavoj Zizek, que dedicó parte de su trabajo a reflexionar sobre ese acto tan ineludible de ir al baño. Según él, la estructura de cada inodoro es un reflejo de la cultura que lo ha creado, y por eso es que los franceses, con su larga tradición revolucionaria y su estilo radical, ponen el agujero del inodoro en la parte de atrás y el excremento desaparece muy rápido sin ser visto, “como una guillotina”, dijo Zizek en una conferencia. Mientras los alemanes, más conservadores, ponen el agujero adelante y con poca agua para observar sus deposiciones e identificar si hay rastros de enfermedad. “Cada vez que vas al baño te sientas sobre una ideología”, sentenció.
Algo similar concluyó Asier Reina, un fotógrafo español con el que hablé hace algunos años y que puso su lente en inodoros de más de 30 países. Para él, los baños y los cementerios son universales: “nadie se libra de la mierda y de la muerte”, pero nacer en un cierto lugar sí que determina facetas cotidianas de la vida, como defecar.
Las formas en que Colombia va al baño dicen mucho del país y de su historia. Hace tres décadas, cuando el gobierno hizo la primera encuesta de calidad de vida (1997), apenas la mitad de los hogares tenían un sanitario conectado al alcantarillado, 30% tenían letrinas o inodoros con otros tipos de conexión (pozos sépticos o bajamar) y un 14.5 % no tenían absolutamente nada: el patio, el bosque, el río, el mar o el desierto eran su baño. Un 15.5 % de los que tenían baño en realidad lo compartían con otros hogares y 23 % lo tenían afuera de su casa. En La Guajira, donde esta investigación pone la lupa, más de la mitad de los hogares carecían de alcantarillado.
Eran tiempos de recesión, crisis económica y agudización de la violencia. Pero en 30 años, la situación, con sus matices, pinta distinta. El país, incluso, ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los últimos rendimientos de nuestra economía (por expansión del PIB) han dejado boquiabiertos a expertos de todo el mundo. ¿Por qué entonces 1.4 millones de colombianos siguen practicando la defecación al aire libre, según UNICEF? ¿Por qué el 14.5 % de los “sin sanitario” apenas se ha reducido en 7 %? ¿Por qué todavía un 20 % de los hogares siguen teniendo su baño por fuera de casa, donde acechan riesgos de intimidad y seguridad personal para niños y mujeres? ¿Por qué aún en La Guajira más de la mitad de los hogares siguen sin alcantarillado?
Inodoros estancados
Iliana Curiel, pediatra y salubrista del pueblo indígena Wayúu, dice que en Colombia el saneamiento se ha tratado como un problema de infraestructura, cuando en realidad es una cuestión de derechos, de cuidados y de desigualdad. De hecho, ha visto cómo en La Guajira, su departamento, el éxito de las políticas públicas se ha medido en número de baños entregados, y no en baños usados, cuidados y sostenibles en el tiempo.
Para ella, cuando hay asuntos estructurales o cuando el Estado no está presente, problemas como el del saneamiento suelen justificarse como algo cultural, pero en La Guajira no es así: “No es que la gente aquí quiera defecar al aire libre, no es que no quieran lavarse las manos, no es que las niñas asuman la menstruación con miedo y vergüenza porque sí. Es que les toca, porque viven en un entramado en donde la ausencia de estado y la falta de alternativas justifican e imponen unas formas”.
A esto, añade Curiel, se suma que las políticas públicas en Colombia han priorizado el acceso a agua potable y relegan el saneamiento. Por ejemplo, la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el “Estado de Cosas Inconstitucional” en La Guajira y ordenó al Estado colombiano garantizar agua, salud y alimentación a la niñez Wayúu en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, no hace ninguna mención explícita al tema de saneamiento. El proyecto público-privado Misión Guajira contempla acceso a agua, energía limpia, conectividad, entre otros, pero nada explícito sobre saneamiento.
Mientras tanto, en ese departamento, históricamente (de 1997 a 2024) ha habido más hogares que reportan no tener acceso a alcantarillado que a acueducto.
Y el número de hogares que debe practicar la defecación al aire libre es hoy el más alto en Colombia (seguido por Vichada, Vaupés y Chocó).
Esta idea la comparte también Inés Restrepo, quien por décadas abanderó la investigación en saneamiento ambiental de la Universidad del Valle. Según cuenta, en Colombia pasa que ningún político quiere estar asociado a aguas residuales, y eso explicaría, en parte, por qué el acceso a acueducto y agua potable, menos escatológico, es más popular en la política pública. Esto, afirma Restrepo, aun cuando “si mejora el saneamiento, mejoran el 50 % de las enfermedades relacionadas con el agua”.
Algo similar han identificado en la oficina de UNICEF Colombia. Dayana Patricia Deluque, del área de Agua y Saneamiento de este organismo, cuenta que la brecha entre ambos temas es gigantesca en Colombia. Por ejemplo, el actual Plan Nacional de Desarrollo marca la pauta del ordenamiento territorial alrededor del agua, pero no pasa lo mismo con el saneamiento, y cuando se lanzó la nueva Política de Gestión Comunitaria del Agua del Ministerio de Vivienda, no se dijo nada del tema de saneamiento, ni de cómo los procesos comunitarios y de gobernanza local podrían aportar a la reducción de la brecha.
A estas cuestiones se añade que en Colombia parece como si nos costara pensar con seriedad en aguas residuales, excretas, menstruación y todo eso que, en el mejor de los casos, se va por el inodoro. “Muchos dicen que la gente no tiene baño porque no quiere, o porque les gusta así, cuando en realidad es la manera en la que estas personas tienen para gestionar el saneamiento”, reflexiona.
Lo que estas expertas manifiestan también se sustenta con datos. Si comparamos los resultados de acceso a alcantarillado y a acueducto que ha registrado la Encuesta Nacional de Calidad de Vida desde 1997 hasta la actualidad (2024), la tendencia es que en Colombia el acceso al agua siempre ha sido significativamente mejor que al saneamiento, incluso en La Guajira.
El bucle de la desigualdad
Un sistema de monitoreo de información que comparten UNICEF, la OMS y el Gobierno de Colombia muestra que el acceso universal a saneamiento en Colombia ha mejorado en cinco puntos porcentuales, pero sigue siendo insuficiente, sobre todo para zonas rurales y dispersas. La cosa se pone más aguda si se considera que, en el ideal del sistema de las Naciones Unidas, las metas van más allá: que el sanitario o letrina no se comparta con otros hogares, que cuente con los insumos mínimos de higiene y que sea gestionado de manera segura para quienes lo usan y su entorno.
Así las cosas, en un mundo en el que 3.500 millones de personas carecen de de servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 419 millones de personas defecan al aire libre, necesitamos multiplicar los avances hasta por 13 de aquí a 2030 para notar cambios reales y lograr la necesaria Meta 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene y el anhelado fin a la defecación al aire libre.
Lograr estos resultados es un propósito para UNICEF, no obstante, Deluque dice que Colombia tiene varios obstáculos: la inversión en saneamiento es mucho más costosa que en agua potable, y llegar a la ruralidad dispersa requiere una capacidad que el país aún no tiene.
En eso coincide Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento de Colombia. El saneamiento en el país se rige por una norma (Ley 142 de 1994) que, según dice, “tiene un enfoque de privatización y de mercantilización de los servicios públicos que hoy día no es la respuesta para atender los compromisos que tenemos con el derecho humano al saneamiento”. Este escenario permite que las empresas encargadas de prestar estos servicios pierdan de vista el derecho y no encuentren muchos estímulos económicos para ir a zonas apartadas o hacer instalaciones donde hay pocas personas, dificultades de infraestructura o problemas con la propiedad de predios.
La viceministra dice que el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que en Colombia hay rezagos y una desatención histórica a los compromisos del Estado con el agua y el saneamiento básico. Y si a esto se añaden los problemas actuales de variabilidad climática, la brecha se sigue arrastrando y hay poco tiempo para cerrarla.
Entretanto, un círculo de desigualdad se perpetúa: sin saneamiento seguro ni baños dignos, los niños desertan de la escuela, las niñas y mujeres participan menos en espacios colectivos (por la vergüenza que les da menstruar) y el agua se contamina. Si el agua se contamina, hay enfermedades y desnutrición. Un estudio financiado por el Banco Mundial demostró que los niños expuestos a una mayor concentración de gérmenes fecales no alcanzan la misma estatura que otros menores menos expuestos y obtienen logros significativamente más bajos en pruebas de aprendizaje. Con esto, la pobreza y otros problemas estructurales persisten en un bucle muy lento del que a Colombia le cuesta salir.
Las mujeres y las niñas son las que más sufren las consecuencias de las malas condiciones sanitarias. Sin un lugar seguro y privado donde hacer sus necesidades y gestionar la menstruación, solo les queda ir a lugares lejanos y oscuros que socavan su dignidad, les generan miedo y ansiedad, las excluye de espacios públicos y las expone a infecciones y riesgos de sufrir violencia sexual.
La organización internacional Water Aid ha reportado que las mujeres con acceso deficiente al saneamiento y comportamientos higiénicos inadecuados son más propensas a sufrir problemas de salud reproductiva, como vaginosis bacteriana, infección del tracto urinario, partos prematuros o nacimiento de bebés con bajo peso al nacer. A esto se suma el estrés psicosocial de aceptar estoicamente el dolor, el silencio y la vergüenza de menstruar cada mes en condiciones poco dignas.
Las flores del campo
En Uribia, uno de los municipios más extensos de Colombia (y hasta de Suramérica), hay un asentamiento que no muchos aceptan. Rafael Benigno López, un joven wayúu conocido en este lado de La Guajira como ‘Raphael Justin’, se enfurece cuando a Flor del Campo lo llaman ‘la invasión’. “Invasión la de un extraterrestre. Esto es un barrio y nosotros no llegamos a arrebatarle la tierra a nadie”, dijo enardecido.
Flor del Campo existe desde julio de 2019, y desde entonces ha tenido un crecimiento monumental. Los primeros en llegar fueron indígenas wayúu retornados de Venezuela que huían de la crisis en ese país. Aterrizaron a un lote que años atrás había sido una sede de la Aeronáutica Civil y luego (solo un sector) se convirtió en el botadero de basuras municipal. Ya no hay aeropuerto ni está el vertedero de Uribia; en cambio, hay kilómetros de desierto y basura sobre los cuales más de 16 mil personas han puesto sus casas. Algunas de ellas están sobre un terreno en el que se sepultaron toneladas de basura, lo que significa un altísimo riesgo para la población allí asentada, pues bajo tierra hay acumulados gases tóxicos que en cualquier momento podrían explotar como un volcán.
Casas, las hay de todo tipo: de cemento, de bahareque y barro, de palma y de latas, bolsas y costales (así muchas de ellas). Las cocinas suelen instalarse en el piso del patio (para aprovechar el fuego de las hogueras), y algunos han logrado cerrarlas para evitar que el viento incesante llene todo de arena. Las visitas se reciben afuera, porque es más fresco, y muchos prefieren dormir en chinchorros, porque adentro el calor es asfixiante. El agua se almacena en tanques: una empresa privada llega hasta allí, a media hora del casco urbano, y abastece a las familias, pues no hay ni vestigios de acueducto. Y el baño, ¿y el baño? Pocas viviendas tienen eso que en cualquier ciudad colombiana es paisaje en una vivienda y que en Flor del Campo es un verdadero privilegio.
En sus orígenes, hace apenas siete años, nadie, absolutamente nadie, tenía sanitarios en este asentamiento, cuya población hoy es incluso superior a la de un municipio tan visitado como Guatapé, Antioquia. Elaine Pimienta fue una de las primeras habitantes. Solía ser profesora de escuela en la costa oriental de Venezuela, de donde emigró porque ya su sueldo no le alcanzaba ni para el jabón de lavar ropa. Aunque en Flor del Campo tuvo que vivir varios meses bajo una lona sostenida con palos, aquí al menos sentía que había más probabilidades para la esperanza. Su baño era en realidad el monte: la parte más alejada posible del desierto, entre ramas, basura y algo de vegetación, y después de las vías del tren carbonífero del Cerrejón, que pasa por ahí. Allá llegaban todos, papel higiénico o trapo en mano, y escapando de la mirada avergonzada e incómoda de sus vecinos.
“No se imaginan la pena que a mí me daba. Yo me aguantaba de ir solo para no pasar la vergüenza, y entonces empecé a retener y a sufrir infecciones, y me tocó relajarme”, recordó. Así fueron las cosas hasta que un día, sin muros siquiera, decidió con su familia abrir un hoyo profundo en el predio en el que estaban y comenzar a tapar las excretas con arena. Así estuvo por un tiempo hasta que logró poner un sanitario y abrirle un respiradero al sistema, muy artesanal, que habían diseñado. En estos años le han hecho modificaciones para evitar malos olores y garantizar que el lugar esté cubierto y lejos del paso de transeúntes. Pero Elaine es en realidad una privilegiada (lo dijo ella misma).
No hay cifras oficiales sobre el número de personas que tienen sanitario en este asentamiento, pero un recorrido de tres días por varios sectores de Flor del Campo (Villa del Rosario, La Esperanza y Aeropuerto 1), lo confirmó. Muchas personas hacen sus necesidades en bolsas plásticas que luego arrojan en el llamado ‘monte’. Algunas familias cuentan con letrinas secas que ellos mismos han construido con tubos de cables reciclados, llantas de camión y arena y grava (que ayudan a filtrar y compactar mejor la tierra). Estos últimos, si quedan mal hechos, terminan por arrojar gases tóxicos que, según cuentan las mujeres, junto al calor, les generan infecciones urinarias persistentes (incluso a las niñas). En todo caso, muchas, muchas familias de este lugar todavía van al ‘monte’, o ´baño público´, como lo llaman.
María Cristina Epiayú, madre soltera de 13 hijos, camina cerca de 20 minutos para ir al baño de su hija, pues ir a ‘el monte’ le da miedo. Cada mes, Débora Uriana y su hija de 12 años, se quedan en casa los días de su menstruación, pues no usan toallas higiénicas y temen que las señalen en el camino al ‘monte’. Karina Paz, con cuatro hijos, tiene un baño seco, pero está rodeada de viviendas sin baño. “Los olores y los mosquitos son terribles”, contó. Yaneth María Epiayú, madre de cinco hijos (en cuya escuela tampoco hay baños), solía ir al ‘monte’ hasta noviembre del año pasado, cuando encontró a un joven muerto en el lugar en el que iba a hacer sus necesidades y decidió pedirle prestada la letrina a una vecina. Videlina Epieyú vive justo al frente del ‘monte’ y siente terror cada vez que debe cruzar por la vía del tren para que ella y sus cinco hijos hagan sus necesidades. Y Simona Pimienta, de 74 años, y su hijo de 22 con una discapacidad cognitiva, a ellos sí que les cuesta ir al baño.
Simona y su náufrago
Simona Pimienta es una de las pocas parteras que tiene Flor del Campo, también pone inyecciones, cura a accidentados y hace tactos para avisarle a las embarazas si es mejor que agarren una moto y se vayan a un hospital, pues en el asentamiento no hay transporte público. Tres veces al día camina al ´monte´, a veces más si desayuna con avena y leche, pero no puede hacer lo mismo con su hijo menor, Yeiler Fernández.
En mayo de 2021, Yeiler acompañó a su padre y a un tío a una jornada de pesca en Puerto Bolívar, un pedazo de Uribia que da al mar Caribe. En aquel tiempo solían alquilar una lancha para conseguir pescado y mariscos, y luego venderlos en Maicao. Ese era el principal sustento de la familia. Sin embargo, en aquella ocasión, Simona notó que su esposo y su hijo estaban tardando más de lo esperado. Como tenían la idea de comprar zapatos, pensó que tal vez se habían entretenido en los comercios, pero pasaron las horas, y un grupo tuvo que ir en su búsqueda por mar abierto.
Simona les mandó rezos, panela y agua de arroz para que recuperaran fuerzas, por si aparecían, pero hasta entonces no conocía a nadie que se hubiera perdido en el océano y hubiera regresado. Se sintió como una viuda y hasta hizo que sus familiares de Nazareth (un corregimiento al extremo norte de la Guajira) vinieran a llorar con ella.
Las plegarias surtieron efecto, pues luego de cuatro días y tres noches de agonía, los naúfragos, que habían perdido el rumbo, fueron encontrados. Cuentan que Yeiler tenía la piel hecha añicos por el sol y que estaba como muerto, fuera de sí. Le hicieron exámenes para evaluar si había sufrido golpes, pero no había nada distinto a haber sufrido un trauma largo y severo.
Simona dice que desde entonces su hijo nunca más fue el mismo. Tras cinco años del naufragio, el joven no ha recuperado el habla ni las ganas de caminar ni la mirada alegre de antes. Permanece en su chinchorro, en silencio, acompañado de un radio de pilas y de una bacinilla en la que hace sus necesidades. Ni siquiera al ‘monte’ puede ir. La alegría de su madre llega cuando a Yeiler le da por soltar carcajadas, y aunque brotan sin razón aparente, a Simona le da la sensación de que ha vuelto su muchacho risueño y sociable, aunque sea por un rato.
Otro mundo, otros sanitarios
Aunque el saneamiento digno sea costoso y aunque el agua no llegue para vaciar muchos sanitarios, hay alternativas para Simona y otras miles de mujeres. La viceministra Quevedo está convencida de que estos territorios necesitan otra forma de gestión, donde las inversiones se trasladen de forma directa a las empresas públicas y puedan apalancar lo que se necesita para garantizar en Colombia el derecho humano al saneamiento. Una reforma a la Ley 142 de 1994 podría lograrlo, aunque, por tiempos, ya no será en el gobierno actual.
Inés Restrepo, la gran experta caleña, tiene otra idea, y es que Colombia sigue implementando el mismo tipo de alcantarillado de hace un siglo, que es costoso y difícil de llevar a lugares apartados o de difícil acceso. Los modelos no convencionales, que ya son mayoría en países como Brasil, funcionan con sistemas hidráulicos más pequeños, que requieren menos profundidad y que, por supuesto, son mucho más económicos y fáciles de instalar.
Desde Unicef, Dayana Patricia Deluque insiste en que el alcantarillado convencional no es la única solución a problemas como los de Flor del Campo. Existen alternativas individuales y colectivas que podrían ampliarse. Este organismo ya ha certificado a 51 comunidades en Manaure, Maicao y Uribia como libres de defecación al aire libre. Su trabajo allí ha consistido en transformar los sentimientos de asco y vergüenza, en orgullo y dignidad, permitiéndole a las personas reconocer qué tanto les afecta la defecación al aire libre y a dónde, sin tapujos, va toda su mierda. Con esto, las comunidades de La Guajira se han sentido motivadas a encontrar soluciones sanitarias conjuntas y basadas en los recursos con los que cuentan, lo que las ha llevado a construir y utilizar 15 modelos de letrinas y lavamanos que han cambiado por completo su relación con las heces, los orines y los residuos menstruales.
Pero incluso, nuestros “desechos” tienen potencial. El PNUMA (Programa de la ONU para el Medio Ambiente) calcula que en el mundo podrían reutilizarse sin riesgos alrededor de 320 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, un potencial más de diez veces superior a la capacidad actual de desalinizar las aguas del mar.
La sanidad es considerada el hito más grande de la medicina desde 1840. Hace poco, 11 mil personas convocadas por la prestigiosa revista British Medical Journal votaron por esta afirmación. Sin embargo, en pleno 2026, la falta de saneamiento digno en Colombia, la inexistencia de sanitarios en muchos lugares y la persistencia de la defecación al aire libre aparecen, no solo como graves problemas de salud pública, sino como vergonzosas expresiones de falta de voluntad política para abordar el saneamiento y la desigualdad.
En todo caso, si la vergüenza se sigue instalando en los honrosos actos de defecar y menstruar, la inacción de nuestros gobernantes nos llevará de vuelta al siglo XVIII, o al “país de mierda” que tanto asqueaba al colega Jaime Garzón.
*Periodista del centro de estudios Dejusticia.
**Este reportaje se hizo en el marco de una alianza entre Oxfam Colombia y el centro de estudios Dejusticia.
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Por Mariana Escobar Roldán*
