Dos clínicas en Medellín anunciaron en los últimos días que ya no prestarán servicios ni tendrán relaciones comerciales con la Nueva EPS, que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional y que en Antioquia tiene más de 275.000 afiliados.
El primer anunció fue realizado por la Clínica Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, que aclaró que la decisión se debe las deudas que tiene la EPS con este centro asistencial. En una carta dirigida al interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, el rector de la UPB, el padre Diego Marulanda, aseguró la deuda pasó de $19.589 millones en el 2024 a 43.663 millones este año, con corte al 28 de febrero.
“Esta situación pone en riesgo el estado liquidez y sostenibilidad financiera de la institución, lo que nos materializa riesgos que afectan la capacidad de mantener la prestación del servicio”, indicó Marulanda, en el documento en el que se pide se liquiden las relaciones comerciales entre ambas partes.
Por su parte, dos días después de este anuncio, la Clínica El Prado, del Grupo Quirón, informó que tampoco prestará servicios a los afiliados de la Nueva EPS. “Le informamos a los usuarios que la Clínica El Prado no tiene relación contractual vigente con la Nueva EPS, por lo que no podemos prestar servicios a sus afiliados”, se lee en el documento.
¿Qué implica esta decisión para los usuarios? La suspensión en la prestación de servicios implica que los pacientes de la Nueva EPS no podrán acceder a tratamientos y consultas especializadas en estas instituciones. En este punto, vale aclarar que en Colombia, en caso de tener una urgencia vital, no se le puede negar el servicio ninguna persona.
Ante esta situación, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, pidió la vigilancia de entes de control para asegurar la prestación del servicio en el departamento.
“La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Personerías, tienen que empezar a hablar por las personas más afectadas, a hablar por los familiares de los pacientes que fallecen sin tener el acceso, y por eso es que estamos pidiendo esa concurrencia a esas instituciones para que nos ayuden a levantar la voz”, aseguró Ramírez, a Blu Radio
Más allá de este caso en particular, la cartera de diversas entidades del sistema de salud con los hospitales y clínicas si ha ido en aumento en los últimos años.
En su más reciente informe sobre el tema, publicado en noviembre de 2024, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)—gremio que agrupa a unas 225 instituciones, incluidas algunas de las más importantes del país, como el Hospital Pabló Tobón Uribe, de Medellín y la Fundación Valle del Lili, de Cali—reveló que hasta junio de 2024 la deuda con sus hospitales y clínicas ascendía a $18,9 billones. Esto representa un incremento del 12,8 % respecto a diciembre de 2023, es decir, que, en solo seis meses, la deuda creció unos $2,1 billones.
“Estamos enfrentando una dificultad enorme por el crecimiento de la cartera en los últimos tiempos”, nos dijo hace varios meses Mauricio Tamayo, presidente de San Vicente Fundación, una de las instituciones de salud más importantes de Medellín y del noroccidente de Colombia.
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