Duque sanciona ley que implementa la historia clínica electrónica

De 748 instituciones prestadoras del servicio, 345 manejan las historias clínicas en papel. Hay 1,2 de personas afiliadas a la red de salud pública de Bogotá. / TOrange.biz

Esta mañana, el presidente Iván Duque sancionó la ley 2015, por medio de la cual se habilita la historia clínica electrónica. Se intercambiarán datos de pacientes de manera más efeciente, respetando el Habeas Data. 

El registro integral y cronológico de las condiciones de salud de un paciente será contenido en un software capaz de intercambiar datos entre centros de salud y médicos autorizados. El Ministerio de Salud se encargará de definir la interoperabilidad de los elementos de datos, documentos, expedientes y seguridad del paciente. 

La iniciativa es de Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, y de Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, y promete modernizar el sistema de salud. En ese sentido, busca que una vez firmado por el presidente Iván Duque, comiencen los trabajos para que por medio de la nueva ley la eficiencia y calidad en el servicio médico mejore. 

Permitirá, por ejemplo, que al momento de que los pacientes requieran una cita general o con especialista no tengan que cargar todos los papeles de su historia clínica debajo del brazo. En vez de eso, sus datos y antecedentes estarán a la mano de los médicos que les atiendan, transformando la experiencia de los usuarios. Bajo esa lógica, se agilizará la prestación del servicio por parte de los Institutos Prestadores de Salud (IPS). 

Así mismo, según Motoa y Reyes, la historia clínica electrónica ayudará a combatir la corrupción dentro de ese sector que, como se sabe, estuvo golpeado en su momento con el denominado cartel de la hemofilia en el departamento de Bolívar. En un comunicado, los congresistas dijeron que las historias clínicas electrónicas contribuirán a identificar con más rapidez las alergias provocadas por la medicación. A partir de la sanción presidencial habrá un plazo de 12 meses para definir los aspectos técnicos que sean el esqueleto del sistema para cumplir a cabalidad la norma. Según los legisladores, en un máximo de cinco años “todo el país contará con la herramienta”.