Colombia tiene, según el preconteo, a un nuevo presidente, y en el sector salud crece la expectativa por lo que sucederá en las próximas semanas. Expertos y líderes del sistema coinciden en que ha llegado el momento de comenzar a aterrizar propuestas y las decisiones que se deberán tomar una vez asuma el nuevo gobierno nacional el 7 de agosto.
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Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud, cree que el sector recibe a Abelardo de la Espriella con “buenas expectativas”. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, coincide en que el ánimo es “optimista”: “La dificultad de conversación con el gobierno saliente nunca cesó. Entonces, de alguna manera, creo que hay una primera señal de que puede haber un acercamiento”. Augusto Galán, exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, agrega a esas expectativas un componente de “incertidumbre” que el presidente electo y su equipo deberán ir reduciendo con los días.
Retos hay muchos. Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, cree que el principal desafío del nuevo gobierno será establecer cuál es la verdadera situación de la salud en Colombia. A su juicio, la administración entrante recibirá un sector con más preguntas que respuestas sobre el destino de los recursos públicos y el estado financiero de varias de las entidades intervenidas durante los últimos años. “El nuevo gobierno recibe un sistema de salud con las cuentas oscuras, tanto en materia financiera como en resultados en salud”, sostiene.
Para todos los consultados, ahora se abren dos frentes de discusión que deben ser paralelos. El primero es coyuntural. “El entonces candidato y hoy presidente electo habló de un plan de choque para inyectar COP 10 billones al sistema, pero todavía falta entender cómo se destinarán esos recursos. Una de las grandes preguntas es cuánto tiempo tomará implementarlo”, señala Escobar. “Él habló de 90 días, pero seguramente la visión cambiará cuando asuma el cargo y conozca de primera mano la magnitud de los retos actuales”.
Galán coincide en términos generales. “Durante la campaña hubo expectativa e incertidumbre, sobre todo alrededor del cómo. El sector puede compartir algunos de los objetivos planteados en el programa de gobierno y en los documentos sobre salud. Se habló de una crisis humanitaria y se propuso un plan de choque basado en la recuperación del flujo de recursos, el fortalecimiento de la atención primaria, la protección de los pacientes más vulnerables y la preservación de aquello que funciona dentro del sistema. Sin embargo, persisten dudas sobre la manera en que todo eso se llevará a la práctica”.
Ambos coinciden en que hay dos preguntas fundamentales alrededor de ese plan de choque: de dónde saldrán los COP 10 billones anunciados y cómo se focalizarán. “Durante la campaña se sugirió que esos COP 10 billones servirían para casi todo: desde pagar deudas con los prestadores hasta ajustar la UPC. Y eso no parece realista”, opina Escobar.
En su visión, el nuevo gobierno debería tomar tres decisiones desde el primer día. La primera, enviar una señal de estabilidad institucional y anunciar que acatará las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste de la UPC (la plata que el Estado les gira a las EPS). La segunda, aclarar el destino de los recursos del plan de choque y concentrar una parte importante de ellos en el pago de las deudas acumuladas del sistema. Y la tercera, definir cuanto antes una UPC para 2027 que garantice la suficiencia financiera.
“Esas tres medidas ayudarían a detener el desangre del sistema de salud”, asegura Escobar. Según detalla, permitirían reducir riesgos como que continúe el cierre de servicios de salud, las dificultades en la dispensación de medicamentos y el deterioro de la atención.
Recuperar el acceso a medicamentos
Dentro de ese plan de choque para las primeras semanas, Vesga cree que hay que identificar rápidamente a la población que hoy tiene necesidades de atención urgentes represadas. “Deberíamos saber cuánta población tiene cada EPS pendiente de atención urgente y qué necesita para ser atendida: si un medicamento, un procedimiento quirúrgico o una cita médica. Eso no parecería ser un ejercicio muy difícil”, explica. Contar con esa información, añade, permitiría focalizar mejor los recursos y acelerar la atención de los casos más críticos.
Precisamente, frente al tema de los medicamentos, Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud y exdirector de la Adres, cree que una de las prioridades más urgentes del próximo gobierno será recuperar el acceso a estos tratamientos. En su opinión, una parte importante de la crisis que atraviesa hoy el sistema se refleja en las dificultades que enfrentan los pacientes para obtener desde medicamentos de alto costo para enfermedades como el cáncer hasta tratamientos básicos para hipertensión, diabetes o infecciones.
Para enfrentar ese problema propone acelerar mecanismos de negociación centralizada de medicamentos a través del Estado y de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una estrategia que, asegura, podría generar ahorros importantes y mejorar la disponibilidad de tratamientos. Ramírez considera que esta es una de las medidas que puede comenzar a implementarse de inmediato, sin necesidad de nuevas reformas legales, y que tendría efectos tanto sobre las finanzas del sistema como sobre la atención de los pacientes.
“Estabilizar” las EPS intervenidas
Para la exviceministra Cardenas, además, es prioritario esclarecer el manejo de los recursos de las EPS intervenidas y un plan de estabilización. Con ella coincide Vesga, presidenta de Acemi. A su juicio, una de las primeras tareas del nuevo gobierno será asumir el control de las entidades intervenidas, donde hoy se concentra cerca de la mitad de los afiliados del país, y establecer con precisión cuál es su situación financiera y operativa. Eso supone el relevo de interventores y el levantamiento del estado real de esas entidades. “Tenemos ahí 19 millones de personas y sabemos que esas entidades concentran buena parte de las deudas con los prestadores, así como el mayor número de reclamos y atenciones represadas”, dice Vesga.
La situación de estas EPS también figura entre las prioridades que, según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), debe tener el próximo gobierno. Además de realizar un diagnóstico detallado de su estado financiero, el nuevo Ejecutivo deberá definir cuáles son viables, cuáles requieren capitalizaciones urgentes y cuáles podrían terminar en procesos de liquidación.
En el caso de las capitalizaciones, Giraldo insiste en que todos los socios deben asumir responsabilidades. “Nosotros como sector sí esperamos que haya un aporte a través de capitalizaciones”, afirma. Por ejemplo, en el caso de Nueva EPS, la más grande del país, considera que tanto el Estado como los demás accionistas (las cajas de compensación) deberían aportar recursos para garantizar su viabilidad.
Además, agrega, se debería avanzar rápidamente en la creación de un fondo de garantías que permita amortiguar el impacto de eventuales liquidaciones de EPS y proteger a hospitales y clínicas de pérdidas que terminen agravando la crisis. “Al próximo gobierno, sea cual sea, le exigimos proteger al sector prestador de servicios en la manera como está actuando hoy: un sector mixto, público y privado que coexiste y que le ha servido al país”.
Paralelo a ese plan de choque y primeras acciones, los líderes del sector esperan que el nuevo gobierno conforme un equipo de salud que pueda mirar hacia adelante y atender algunos de los problemas estructurales.
El sistema necesita cambios profundos
El segundo frente tiene que ver con las transformaciones estructurales que requiere la salud en Colombia. Aunque existen diferencias sobre el camino para alcanzarlas, entre los expertos consultados parece haber consenso en que esos cambios no pueden seguir aplazándose muchos más años.
“El próximo gobierno no puede caer en la tentación del péndulo. Uno entiende que electoralmente se pasa de un lado a otro, pero los sistemas de salud no toleran esos movimientos bruscos. Tampoco sería conveniente intentar volver exactamente al modelo que existía antes”, advierte Galán, en relación con lo que se entendió como una defensa de Abelardo de la Espriella de la Ley 100. Para el exministro de Salud, existe un acuerdo cada vez más amplio dentro del sector: el sistema necesita evolucionar.
En ese sentido, hay varias discusiones de fondo. Para Vesga, el país debe abordar una revisión estructural del financiamiento del sistema. Eso implica no solo buscar nuevas fuentes de recursos, sino también mejorar la forma en que se contrata, se paga y se utilizan los recursos disponibles.
“El sistema está desfinanciado, pero no todo se resuelve agregando más dinero. También hay que revisar cómo se gasta y cómo se generan incentivos para que sea sostenible”, explica Vesga.
La presidenta de Acemi también considera que será necesario revisar el modelo de aseguramiento. Entre otras cosas, propone repensar el tamaño y la distribución territorial de las EPS, fortalecer la atención en las regiones más apartadas y buscar mecanismos que garanticen un acceso más oportuno a los servicios de salud para millones de personas que hoy enfrentan barreras de atención reales.
Giraldo considera inevitable abrir una discusión sobre la transformación del sistema una vez se supere la emergencia. En su opinión, el debate no debería centrarse en si se necesita o no una reforma, sino en cómo llevarla a cabo. “Todos estamos de acuerdo en que se necesita una reforma, pero no podemos seguir naufragando en los cómos”, señala. El director de la ACHC cree que el país debe revisar el alcance del aseguramiento y el papel de varias instituciones, aunque insiste en que cualquier cambio debería preservar un modelo mixto de prestación de servicios que combine capacidades públicas y privadas.
Galán coincide en que el sistema necesita transformaciones profundas, pero advierte que eso no necesariamente implica tramitar una gran reforma en el Congreso. “Colombia no necesita volver al pasado, necesita aprender de él”, resume. En su opinión, muchas de las herramientas necesarias para impulsar cambios relevantes ya existen en la legislación y lo que ha faltado es desarrollarlas y aplicarlas de manera efectiva. Entre los desafíos que identifica está la necesidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema más allá de la discusión sobre la suficiencia de los recursos. Eso implica, por ejemplo, definir criterios más claros para la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos, de manera que los recursos se destinen a intervenciones que generen valor real para los pacientes.
Todos los ojos del sector estarán puestos en quien asumirá el Ministerio de Salud. “No es menor el hecho de que llevamos cuatro años en una tensión como de sálvese quien pueda. Necesitamos a un ministro de salud y un equipo de trabajo en el Ministerio con una gran capacidad de convocatoria y liderazgo para generar rápidamente una gran conversación sectorial”, dice Vesga.
Para Galán, el país necesita un liderazgo capaz de reconstruir la confianza entre el Gobierno y los distintos actores del sistema. “Uno espera un liderazgo que respete la Constitución y la ley, que esté dispuesto a trabajar con todos y a escucharlos a todos”, señala. “Los sistemas de salud no se pueden seguir tratando como si fueran un tema político”.
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