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En 2013, Jahi McMath fue sometida a una delicada cirugía de amígdalas y tejidos alrededor de sus vías respiratorias. Las cosas salieron mal y la chica de apenas 13 años sufrió una hemorragia cerebral masiva. Los médicos en California declararon la muerte cerebral, pero su familia se negó a aceptar ese diagnóstico y muy pronto la trasladaron a Nueva Jersey, al otro lado de Estados Unidos. En este estado la ley prohibe que se declare la muerte de un paciente bajo criterios neurológicos cuando se opone a creencias religiosas del paciente.
La decisión de mantener a Jahi conectada a un ventilador mecánico, tubos para su alimentación e incluso tratamientos hormonales, la ha convertido en la protagonista de una larga batalla legal y de interminables debates éticos. El caso ha regresado a los medios de comunicación este mes, tras una nueva disputa legal entre la familia y los médicos y abogados del hospital. Una de las razones que han complicado su caso ante la opinión pública es que desde el accidente, Jahi ha seguido creciendo y desarrollándose a través de la pubertad, llevando a miles de personas a preguntarse: ¿cómo se puede considerar a una adolescente en crecimiento, aunque tenga una lesión cerebral devastadora, que está muerta?
Robert D. Truog, del Centro de Bioética de la Escuela de Medicina de Harvard, reflexionó desde las páginas de la revista de la Asociación Médica Americana (JAMA) sobre el caso de Jahi y los límites entre la vida y la muerte: “Claramente, distinguir entre los vivos y los muertos es una función esencial en cualquier sociedad, necesaria para determinar cuándo se puede enterrar a las personas, cuándo se pueden ejecutar sus voluntades, cuándo se puede poner fin a los esfuerzos para mantenerlos vivos y cuándo pueden donar sus órganos, entre otros temas”.
En un intento por limpiar el debate entre jueces y médicos, que se repite en incontables ocasiones en sistemas de salud de todo el mundo, Truog señaló que “toda lesión cerebral se puede describir en términos de un espectro de gravedad”, pero en contraste con esas zonas grises de la biología, “las definiciones legales se definen típicamente por líneas tajantes”. “Considere, por ejemplo, que todos los ciudadanos adquieren un estado legal completamente nuevo en su cumpleaños número 18, con virtualmente todos los derechos, privilegios y obligaciones de la edad adulta. Sin embargo, desde una perspectiva biológica o psicológica, no mucho ha cambiado típicamente desde el día anterior”, argumentó.
Para Truog y muchos de sus colegas, el caso de Jahi no debe llevar a cuestionar los criterios médicos actuales sobre muerte cerebral establecidos en un acta de ley en 1981 y que básicamente se reducen a definirla como la inconsciencia permanente y dependencia del respirador. “Como muchas otras líneas legales, es una construcción social basada en la realidad biológica, pero no completamente definida por ella. Aunque la línea es necesariamente algo arbitraria, representa un umbral significativo, que durante varias décadas ha tenido una amplia aceptación social”. El problema, señaló Truog, en realidad se esconde en qué deben hacer los sistemas judiciales para interactuar con las personas o familias que manifiestan una objeción de conciencia. Sólo por ese camino se puede definir si un sistema de salud está obligado a ofrecer servicios médicos a pacientes con muerte cerebral que pueden durar muchos años en ese estado. Algunos de ellos han llegado a permanecer hasta 20 años en esa frontera.
Por Redacción VIVIR
