El pasado 23 de enero, el presidente Gustavo Petro publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Dada la revaluación del peso, las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”.
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No era un comentario al aire. Hoy en los pasillos del sector salud se comparte el borrador de una circular de control de precios de medicamentos que apunta, justamente, en esa dirección.
Se trata del proyecto de circular 20 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, organismo integrado por los ministerios de Salud y Comercio y un delegado de la Presidencia. Esta comisión ha sido la encargada de regular los precios de los medicamentos y dispositivos médicos, fijar topes máximos de venta y vigilar el funcionamiento de ese mercado desde hace unos 10 años.
El documento busca hacer varios movimientos simultáneos. Por un lado, 36 mercados de medicamentos entrarían por primera vez en el régimen de control directo de precios, lo que significa que productos que antes se comercializaban libremente pasarían a tener un precio máximo de venta obligatorio en toda la cadena (desde las compras institucionales hasta las ventas comerciales). Con “mercados de medicamentos” el proyecto de circular hace referencia a grupos de medicamentos que se analizan y regulan en conjunto, no a productos individuales. Por ejemplo, un mercado es el de los anticonceptivos orales.
A esto se sumaría la revisión de precios de 17 mercados que ya estaban regulados. En estos casos, la Comisión busca recalcular los topes máximos porque encontró posibles eficiencias en el gasto público o porque los precios de referencia internacional con los que se habían fijado esos valores estaban desactualizados, en algunos casos incluso desde hace cinco años.
Quizá el efecto más amplio es la actualización de 534 mercados ya regulados en función de la tasa de cambio. Como el peso se apreció frente al período de tiempo que establece la circular (que comprende entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024), la aplicación de la fórmula establecida da como resultado una reducción promedio del 5,78 % en todos los precios máximos de venta. Y eso ha causado varias inquietudes en la industria.
Algunas dudas y preocupaciones
La regulación de precios es uno de esos logros que el país suele resaltar en las conversaciones sobre política sanitaria en la región. A comienzos de la década de 2010, el crecimiento del gasto en medicamentos, especialmente los de alto costo, comenzó a hacer una gran mella en la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En respuesta, el Gobierno, y en ese momento, el ministro de Salud Alejandro Gaviria, crearon un esquema de control directo de precios, apoyado en comparaciones internacionales y en la definición de máximos de venta, que comenzó a aplicarse desde el año 2013.
Desde entonces, los ejercicios de regulación de precios (que se hacen periódicamente) han tenido efectos inmediatos para el gasto público y, por supuesto, para la industria farmacéutica: tanto sobre la industria nacional, agrupada en la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif) y en la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), como la multinacional, representada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). Cerca del 87 % de los medicamentos que comercializan los afiliados de esta última ya están sujetos a regulación de precios.
Para algunas fuentes de Ascif y Afidro que hablaron con El Espectador, la relación que el presidente y el Gobierno Nacional han establecido entre la tasa de cambio y el precio de los medicamentos es simplista. “La idea de que, como el dólar está más bajo, producir medicamentos nos cuesta mucho menos y por tanto debemos bajar precios, es relativa. Es una apreciación muy general”, señaló a este diario una alta directiva del sector.
A su parecer, en primer lugar, es cierto que la industria importa buena parte de sus materias primas en dólares y que, con la apreciación del peso, esos insumos hoy pueden resultar más baratos. Sin embargo, las grandes farmacéuticas no compran materia prima “al día”. Por lo general, realizan compras con varios meses de anticipación (de 120 a 180 días), a precios pactados previamente, lo que hace que los efectos de la tasa de cambio no se trasladen de manera inmediata a los costos de producción. En otras palabras, los insumos y la materia prima que hoy se están usando para producir muchos medicamentos fueron comprados cuando el dólar estaba más alto.
Por esa fluctuación, fuentes en el sector creen que la tasa de cambio no es una referencia tan adecuada para decisiones estructurales de precios. ¿Qué pasa, se preguntan, si la tasa sube en un par de meses a COP 4.000? ¿Habría entonces que revertir las decisiones y autorizar aumentos de precios? Por el contrario, desde hace un tiempo le están pidiendo al Gobierno cambiar ese indicador por el IPC, que consideran más estable y coherente con la dinámica interna de costos del sistema de salud.
En segundo lugar, la industria insiste en que el debate no puede darse por partes, sino mirando el panorama completo. Una reducción promedio cercana al 5,8 % en los precios, sostienen, se suma a otros factores que hoy presionan fuertemente al sector: una cartera acumulada que ronda los COP 5,2 billones, altos niveles de cartera vencida, incertidumbre regulatoria, la crisis financiera de la Nueva EPS y los problemas de suficiencia tanto de la UPC como de los presupuestos máximos.
En ese contexto, e incluso aceptando el argumento del Gobierno Nacional sobre la tasa de cambio, se preguntan si la apreciación del peso puede por sí sola compensar ese conjunto de presiones financieras sin terminar afectando más la sostenibilidad del sector y, en última instancia, dicen, el acceso de los pacientes a las medicinas.
El dólar no es el único problema
“Obviamente, nuestra mirada frente a esto es diferente”, comienza diciendo Oscar Andia, director general del Observatorio del Medicamento (Observamed) del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Está de acuerdo en que el IPC es un indicador de referencia más adecuado que la tasa de cambio, pero cree que la regulación de precios en Colombia viene arrastrando otras fallas técnicas serias que se han acumulado con el tiempo y que han favorecido a la industria.
Para probarlo, Andia cita un hecho: al comparar los listados oficiales de precios regulados publicados con apenas un mes de diferencia, se observa que más de 1.300 presentaciones tuvieron que ser “corregidas” luego de que en la lista anterior aparecieran con valores que califica como “absurdos”. En contraste, solo en 11 productos el ajuste fue al alza.
Para Andia, este ajuste masivo no es una señal de mayor rigor regulatorio, sino una evidencia de que el sistema está reaccionando tarde y de manera imperfecta frente a la dinámica real del mercado. En su opinión, por ejemplo, la regulación no está incorporando adecuadamente el efecto de la competencia: medicamentos que en un comienzo tenían pocos oferentes mantienen precios regulados altos, incluso cuando aparecen múltiples competidores que en la práctica ya venden a valores considerablemente más bajos.
En esos casos, sostiene, la regulación podría dejar de ser necesaria, pues está generando un “efecto perverso” al incentivar recobros al sistema con base en precios máximos que no reflejan el valor real de mercado.
Andia pone ejemplos concretos. En el caso de un medicamento ampliamente usado para el control del colesterol, algunos fabricantes reportan precios de transacción primaria inferiores a los COP 10.000, mientras que el precio final al público puede superar los COP 130.000 o incluso los COP 150.000, con precios regulados que rondan los COP 170.000. Para Andia, estas brechas revelan lo que llama “distorsiones profundas” entre lo que cuesta producir o importar un medicamento y lo que finalmente paga el sistema de salud o el paciente.
Aunque coincide con la industria en que la tasa de cambio es un indicador demasiado volátil y que el IPC sería una referencia más razonable, Andia va más allá. A su juicio, no se trata de hacer ajustes puntuales en uno o dos temas, sino de emprender una revisión integral del esquema de regulación de precios, que distinga mejor dónde la competencia ya “disciplina” el mercado y dónde (en particular en medicamentos biotecnológicos nuevos y de alto costo) la regulación debería ser más estricta y técnicamente más sólida. De lo contrario, advierte, el sistema seguirá pagando precios que no reflejan ni los costos reales ni las condiciones del mercado, con consecuencias para las finanzas y el acceso de los pacientes.
La discusión, entonces, podría no ser solo si el dólar baja o sube, sino cómo se regulan los precios en un sistema de salud cada vez más presionado en lo financiero.
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