El llamado de la comunidad científica para detener la reanudación del uso del glifosato
La falta de evidencia sobre los efectos adversos y el análisis en detalle de las pruebas que sustentarían el uso del químico son algunas de las preocupaciones de la comunidad de expertos que, al igual que se hizo en 2015, pide que el debate sobre la decisión sea amplio y participativo.
“¿Cuántas pandemias debemos experimentar para entender que la violencia socioambiental solo conduce a nuestra propia destrucción?”. Con esta pregunta, la comunidad científica que integra el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia (Nodo SAO), manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de reanudar las aspersiones con glifosato. Un debate que, según aclaran los académicos, ya se había dado hace seis años cuando se presentaron los estudios que comprobaban el daño del químico no solo al medio ambiente sino a la salud de los seres humanos.
La comunidad científica reiteró que el debate ya se había dado en mayo de 2015, momento en el cual el gobierno de turno prohibió las fumigaciones luego de 34 años de realizarlas en diferentes zonas del país. Decisión que se tomó bajo el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria, y con la evidencia científica de un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS) que clasificó al glifosato como un agente tóxico probablemente carcinogénico para los humanos.
Lea: Gobierno expide decreto para dar luz verde al regreso de la aspersión aérea con glifosato
A pesar de esto, en 2018, con la llegada del nuevo gobierno, se comenzó a anunciar el retroceso de esta decisión del uso del glifosato con el argumento del crecimiento de cultivos ilícitos en el país. La reanudación de las aspersiones se está debatiendo en este momento sin tener, según aclara la comunidad científica, nuevas evidencias que contradigan las que en años pasados se expusieron, además de tampoco contar aún con la voz del ministerio de salud en del debate.
“Las evidencias científicas y las realidades sociales en los territorios no han cambiado pero las decisiones del gobierno sí. Con el decreto 380 del 12 de abril de 2021 , el gobierno nacional por medio del Ministerio de Justicia define los pasos para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato en el país. En las actuaciones previas a la destrucción de los cultivos ilícitos se menciona la necesidad de contar con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud como organismo encargado de velar por la salud y para que éste se pronuncie el Ministerio de Salud y Protección Social “deberá suministrar el estudio de evaluación de riesgo en salud que tenga disponible”, reitera la carta.
El pasado 26 de marzo, miembros del Nodo SAO asistieron a la presentación de un informe de evaluación de riesgos a la exposición a glifosato. Y aunque aún no cuentan con el informe completo, sí se analizaron las primeras conclusiones. “Uno de los resultados que salta a primera vista es que el análisis de los eventos de salud parece favorecer el uso de glifosato; es decir, que las poblaciones que se usaron como expuestas a glifosato tuvieron menos afectaciones de salud en comparación con las poblaciones que se usaron como controles”, señala el comunicado.
La comunidad científica reiteró que se amerita un análisis más profundo y detallado del estudio y más teniendo en cuenta que es el principal argumento del gobierno para dar soporte a la ausencia de efectos adversos de la aspersión. “El debate amplio y participativo debe guiar este proceso de la misma forma como se hizo en el 2015 y para ello es necesario que la información y estudios que sustenten las decisiones se hagan disponibles para tener un análisis público”, concluye la misiva.
Algunos de los integrantes del Nodo SAO, y firmantes de la carta son:
Laura A Rodríguez-Villamizar. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Alvaro Javier Idrovo. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Fabián Méndez-Paz. Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Claudia I. Amaya-Castellanos. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Diana Marín. Grupo de Salud Pública, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
Luis A. Núñez. Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
Néstor Y. Rojas, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Luis Carlos Belalcazar, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Victoria Eugenia Valencia Maya. Profesora, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
Lesly Patricia Tejeda Benítez. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Bárbara Julia Arroyo Salgado. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Maria Cecilia García Espiñeira. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Miguel R. Peña V. Profesor Titular, Facultad de Ingeniería, Instituto Cinara, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
Luis Jorge Hernández Flórez, Profesor Asociado, Universidad de los Andes
Víctor Mauricio Herrera Galindo, Profesor titular, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia.
Leonor Cervantes Ceballos. Investigador Junior, Universidad de Cartagena, Colombia.
Jose Moreno-Montoya. Epidemiólogo Senior, Fundación Santa Fe de Bogota.
Samuel David Osorio García, Investigador Doctoral en Ciencias en Salud Ambiental, Instituto Nacional de Salud Pública de México.
Luis Camilo Blanco Becerra. Maestro en Ciencias en Salud Ambiental, Profesor asociado, Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad Santo Tomás. Bogotá.
Margarita María Pérez Osorno. Epidemióloga, Profesora Ocasional, Facultad Nacional de Salud Pública- Medellín.
Ana Marcela Muñoz Díaz. Ingeniera Química, Ms. Salud Ocupacional. Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín.
Lisardo Osorio-Quintero. Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Carlos Alfonso Osorio Torres. Profesor asociado jubilado, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Gina Rosa Rojas Fernández MD especialista en economía y gestión de la salud, Activista por el derecho a la salud.
Rafael Tuesca Molina. Investigador Senior, Universidad del Norte, Barranquilla
Juan Felipe Flórez Montoya. Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo. Especialista en Ingeniería Ambiental y Sistemas preparativos Emergencias y Desastres. Politécnico Colombiano JIC. Facultad de Ingenierías, Medellín
Lyda Espitia Pérez. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Sinú, Montería
Jainer Sardoth Blanchar. Ingeniero Industrial, Mg. en Salud Ocupacional y Ambiental, Docente Ocasional, Facultad de Ingenierías, Universidad de La Guajira.
Este es el documento completo redactado por los científicos:
“¿Cuántas pandemias debemos experimentar para entender que la violencia socioambiental solo conduce a nuestra propia destrucción?”. Con esta pregunta, la comunidad científica que integra el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia (Nodo SAO), manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de reanudar las aspersiones con glifosato. Un debate que, según aclaran los académicos, ya se había dado hace seis años cuando se presentaron los estudios que comprobaban el daño del químico no solo al medio ambiente sino a la salud de los seres humanos.
La comunidad científica reiteró que el debate ya se había dado en mayo de 2015, momento en el cual el gobierno de turno prohibió las fumigaciones luego de 34 años de realizarlas en diferentes zonas del país. Decisión que se tomó bajo el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria, y con la evidencia científica de un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS) que clasificó al glifosato como un agente tóxico probablemente carcinogénico para los humanos.
Lea: Gobierno expide decreto para dar luz verde al regreso de la aspersión aérea con glifosato
A pesar de esto, en 2018, con la llegada del nuevo gobierno, se comenzó a anunciar el retroceso de esta decisión del uso del glifosato con el argumento del crecimiento de cultivos ilícitos en el país. La reanudación de las aspersiones se está debatiendo en este momento sin tener, según aclara la comunidad científica, nuevas evidencias que contradigan las que en años pasados se expusieron, además de tampoco contar aún con la voz del ministerio de salud en del debate.
“Las evidencias científicas y las realidades sociales en los territorios no han cambiado pero las decisiones del gobierno sí. Con el decreto 380 del 12 de abril de 2021 , el gobierno nacional por medio del Ministerio de Justicia define los pasos para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato en el país. En las actuaciones previas a la destrucción de los cultivos ilícitos se menciona la necesidad de contar con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud como organismo encargado de velar por la salud y para que éste se pronuncie el Ministerio de Salud y Protección Social “deberá suministrar el estudio de evaluación de riesgo en salud que tenga disponible”, reitera la carta.
El pasado 26 de marzo, miembros del Nodo SAO asistieron a la presentación de un informe de evaluación de riesgos a la exposición a glifosato. Y aunque aún no cuentan con el informe completo, sí se analizaron las primeras conclusiones. “Uno de los resultados que salta a primera vista es que el análisis de los eventos de salud parece favorecer el uso de glifosato; es decir, que las poblaciones que se usaron como expuestas a glifosato tuvieron menos afectaciones de salud en comparación con las poblaciones que se usaron como controles”, señala el comunicado.
La comunidad científica reiteró que se amerita un análisis más profundo y detallado del estudio y más teniendo en cuenta que es el principal argumento del gobierno para dar soporte a la ausencia de efectos adversos de la aspersión. “El debate amplio y participativo debe guiar este proceso de la misma forma como se hizo en el 2015 y para ello es necesario que la información y estudios que sustenten las decisiones se hagan disponibles para tener un análisis público”, concluye la misiva.
Algunos de los integrantes del Nodo SAO, y firmantes de la carta son:
Laura A Rodríguez-Villamizar. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Alvaro Javier Idrovo. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Fabián Méndez-Paz. Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Claudia I. Amaya-Castellanos. Departamento de Salud Pública, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Diana Marín. Grupo de Salud Pública, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
Luis A. Núñez. Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
Néstor Y. Rojas, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Luis Carlos Belalcazar, Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Victoria Eugenia Valencia Maya. Profesora, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
Lesly Patricia Tejeda Benítez. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Bárbara Julia Arroyo Salgado. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Maria Cecilia García Espiñeira. Profesora titular, Universidad de Cartagena, Colombia.
Miguel R. Peña V. Profesor Titular, Facultad de Ingeniería, Instituto Cinara, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
Luis Jorge Hernández Flórez, Profesor Asociado, Universidad de los Andes
Víctor Mauricio Herrera Galindo, Profesor titular, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia.
Leonor Cervantes Ceballos. Investigador Junior, Universidad de Cartagena, Colombia.
Jose Moreno-Montoya. Epidemiólogo Senior, Fundación Santa Fe de Bogota.
Samuel David Osorio García, Investigador Doctoral en Ciencias en Salud Ambiental, Instituto Nacional de Salud Pública de México.
Luis Camilo Blanco Becerra. Maestro en Ciencias en Salud Ambiental, Profesor asociado, Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad Santo Tomás. Bogotá.
Margarita María Pérez Osorno. Epidemióloga, Profesora Ocasional, Facultad Nacional de Salud Pública- Medellín.
Ana Marcela Muñoz Díaz. Ingeniera Química, Ms. Salud Ocupacional. Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín.
Lisardo Osorio-Quintero. Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Carlos Alfonso Osorio Torres. Profesor asociado jubilado, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Gina Rosa Rojas Fernández MD especialista en economía y gestión de la salud, Activista por el derecho a la salud.
Rafael Tuesca Molina. Investigador Senior, Universidad del Norte, Barranquilla
Juan Felipe Flórez Montoya. Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo. Especialista en Ingeniería Ambiental y Sistemas preparativos Emergencias y Desastres. Politécnico Colombiano JIC. Facultad de Ingenierías, Medellín
Lyda Espitia Pérez. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Sinú, Montería
Jainer Sardoth Blanchar. Ingeniero Industrial, Mg. en Salud Ocupacional y Ambiental, Docente Ocasional, Facultad de Ingenierías, Universidad de La Guajira.
Este es el documento completo redactado por los científicos: