El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la expedición del decreto 380 a través del cual establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales con el fin de fortificar alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz.
A partir de ahora, entonces, productos como el pan (elaborado con harina de trigo), las arepas (elaboradas con harina de maíz) y el arroz tendrán vitaminas y minerales añadidos durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas. Eso es lo que se conoce como fortificación y no es una novedad en el mundo de la salud. La OMS explica que consiste en aumentar deliberadamente el contenido de uno o más micronutrientes (vitaminas y minerales) en un alimento o condimento para mejorar su calidad nutricional y aportar beneficios para la salud pública con un riesgo mínimo. El organismo señala que se ha identificado como una de las intervenciones nutricionales más rentables disponibles, especialmente para países de ingresos bajos y medios (como Colombia), pues ofrece la oportunidad de aumentar la ingesta de nutrientes durante la infancia y en poblaciones con riesgo de deficiencias, sin efectos secundarios para la población general. “Es una situación beneficiosa para todos”, dice.
La fortificación es especialmente importante en un mundo donde, según la OMS, las deficiencias de vitaminas y minerales, en particular de folato, hierro, vitamina A y zinc, afectan al 50 % de los niños en edad preescolar y al 67 % de las mujeres en edad reproductiva.
Por todo esto, la OMS recomienda el enriquecimiento de alimentos a gran escala “como una intervención eficaz, basada en la evidencia y rentable para combatir las consecuencias de las deficiencias de vitaminas y minerales, incluidos los trastornos por deficiencia de yodo, la anemia, la deficiencia de hierro y los defectos del tubo neural, entre otros”.
Históricamente, el país ya fortificaba la sal (con yodo y flúor) y la harina de trigo (con hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B). Pero con el nuevo decreto, se actualiza esta regulación. Según Minsalud, “el decreto fue diseñado con base en metodologías internacionales que permiten identificar alimentos de alto consumo y definir niveles seguros y eficaces de vitaminas y minerales, garantizando su impacto en la población”. La norma señala que se deben utilizar compuestos de alta absorción por el organismo (es decir, que puedan ser aprovechados de manera eficiente por el cuerpo), que no alteren el sabor ni la apariencia de los alimentos y que todo esto se debe articular con otros programas para evitar consumos excesivos.
Según el Ministerio de Salud, el análisis técnico que sustenta la medida muestra que la fortificación podría tener un impacto relevante en la salud pública. En particular, estima que podría cubrir hasta el 68 % del requerimiento de zinc en mujeres gestantes, el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y cerca del 40 % de la vitamina B2 en adolescentes.
De acuerdo con la entidad, esto no solo ayudaría a reducir enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, sino que también podría reflejarse en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, además de disminuir la presión sobre el sistema de salud. “El Análisis de Impacto Normativo (AIN) evidencia que la medida tiene un alto potencial de beneficio para la salud pública (...) Desde el punto de vista económico, la implementación implicaría costos mínimos, entre el 0,3 % y el 2,5 % del costo de producción, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión”, señaló Minsalud.
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