El relleno sanitario que se hará junto a un cementerio wayúu

Graciela Cotes ha vivido durante 45 años en el kilómetro 11 de la vía que va de Riohacha a Valledupar. Junto a su ranchería, llamada Ocushimana, están enterradas tres generaciones de sus ancestros. Están sus animales, sus cultivos y el resto de su familia, los Arpushana, que habitan tierras vecinas. Cerca de ahí, el Distrito decidió construir un relleno sanitario para disponer los residuos de 250.000 habitantes de Riohacha (La Guajira). Desde entonces, la lucha de esta mujer wayuu y otras seis comunidades indígenas para que respeten sus territorios no para.

Llevan once años intentándolo todo: cartas, tutelas y peticiones al Ministerio del Interior para que realice una consulta previa con esas comunidades. Sus maniobras han frenado la ejecución del proyecto, a cargo de la Universidad Agraria de Colombia, han estancado los $2.100 millones que planea invertir la Alcaldía de Riohacha y han dilatado el arranque de la obra, que ya cuenta con el permiso ambiental de Corpoguajira.

Los Arpushana aseguran que sus tierras fueron expropiadas y que las heredaron de sus ancestros. Se quejan de que las autoridades han violado su espiritualidad por querer hacer un relleno sanitario a tan sólo pasos del cementerio, “el símbolo cultural más importante dentro del cosmos” para los wayuus.

El cementerio de los wayúus. Foto cortesía de la Comunidad Arpushana

Le reprochan a la corporación ambiental haber sobrepasado la “línea negra”, una delimitación constitucional que define la zona que un pueblo indígena protege por su valor espiritual y cultural. Por último, dicen que ningún alcalde de Riohacha les preguntó a través de una consulta previa si aceptaban o no incluir esa obra en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

Por estas razones, el Consejo de Estado consintió que, a pesar de que “urge construir un relleno sanitario”, es obligatorio llevar a cabo una consulta en la región con las 25 comunidades indígenas. De ellas, sólo ocho están alrededor de las 60 hectáreas planeadas para el vertedero.

El problema, asegura Cotes, es que la Alcaldía invitó a más comunidades para incluirlas en la lista y “la mayoría de esos líderes wayuus viven lejos de nosotros y no les importa nuestra tierra. Ellos no van a tener moscas en sus casas ni van a sentir el olor como nosotros porque el viento corre rápido y no les va a llegar. Por eso se notificaron dentro de la consulta, dieron sus huellas y dijeron sí al relleno a cambio de una compensación”, denunció la representante de los Ocushimana.

Eso explica por qué el proyecto sigue en pie a pesar de que estas siete comunidades, que suman casi 1.300 personas, se niegan a su construcción. La otra comunidad afectada por su cercanía es la de Los Olivos, la única que parece estar de acuerdo. Su representante, Esmeralda Ramírez, vive allí porque, después de tener un hijo con un Arpushana, la comunidad le cedió algunas hectáreas.

“Ellos prefirieron recibir los cinco millones que les dieron a las autoridades tradicionales para hacer el ritual del espíritu, una ceremonia wayuu para traer paz en la tierra. Ellos no tienen espíritu en este suelo, a diferencia de nosotros, que hemos enterrado a nuestro muertos aquí, eso es lo que nos certifica como dueños. Esas son nuestras escrituras”, cuenta Cotes.

Según el ingeniero Luis Medina, director de Corpoguajira, esos rituales son la última espera de la Alcaldía para comenzar la construcción el 15 de marzo: “Aunque hay comunidades que se oponen, porque dicen que ese terreno fue mal adquirido, las otras que están en jurisdicción indirecta, según Mininterior, ya están desarrollando sus rituales”. Además asegura que la Alcaldía de Riohacha cuenta con las escrituras que certifican que no hubo expropiación, algo con lo que no concuerdan las comunidades, pues advierten que han habitado por décadas ese lugar y sólo hace unos años salieron a la luz aquellos documentos.

Todos los indígenas, de acuerdo con Medina, deben ser beneficiados por el relleno, como sentenció la Corte. De ahí que el diseño haya sido concebido con la tecnología suficiente para minimizar sus impactos ambientales. “Ellos están acostumbrados a ver un botadero a cielo abierto con condiciones que no son las de un relleno sanitario que cumpla con el análisis ambiental, el manejo del mismo, la separación de desechos y un control de olores. No es que vayamos a ponerles enfermedades a los indígenas”, aseguró Medina.

Sin embargo, la mayoría de investigaciones sobre rellenos sanitarios coinciden en su efecto dañino para salud humana. Un ejemplo es el informe de Greenpeace en Argentina, sobre el impacto que generan las sustancias peligrosas en una población circundante. Según esta ONG ambiental, los líquidos lixiviados y los gases emitidos por los residuos al descomponerse son peligrosos, a pesar de los mecanismos de ingeniería.

Tanto así que el mundo científico conserva una lista de las mayores consecuencias. Entre ellas están las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, que convierten a los más pequeños y a la población adulta en las principales víctimas.

Con esa suerte, se cuestiona Cotes, ¿a quién le gusta que utilicen su tierra para echar la basura de toda una ciudad? “Hay muchos lugares en La Guajira. ¿Por qué no lo hacen en la finca de un arijuna (persona citadina)? A ver si a ellos les va a gustar. Yo sé que Riohacha necesita un relleno bien organizado, pero con esa construcción ni nuestros muertos van a descansar en paz por los goleros de la basura”.

Graciela Cotes ha vivido durante 45 años en el kilómetro 11 de la vía que va de Riohacha a Valledupar. Junto a su ranchería, llamada Ocushimana, están enterradas tres generaciones de sus ancestros. Están sus animales, sus cultivos y el resto de su familia, los Arpushana, que habitan tierras vecinas. Cerca de ahí, el Distrito decidió construir un relleno sanitario para disponer los residuos de 250.000 habitantes de Riohacha (La Guajira). Desde entonces, la lucha de esta mujer wayuu y otras seis comunidades indígenas para que respeten sus territorios no para.

Llevan once años intentándolo todo: cartas, tutelas y peticiones al Ministerio del Interior para que realice una consulta previa con esas comunidades. Sus maniobras han frenado la ejecución del proyecto, a cargo de la Universidad Agraria de Colombia, han estancado los $2.100 millones que planea invertir la Alcaldía de Riohacha y han dilatado el arranque de la obra, que ya cuenta con el permiso ambiental de Corpoguajira.

Los Arpushana aseguran que sus tierras fueron expropiadas y que las heredaron de sus ancestros. Se quejan de que las autoridades han violado su espiritualidad por querer hacer un relleno sanitario a tan sólo pasos del cementerio, “el símbolo cultural más importante dentro del cosmos” para los wayuus.

El cementerio de los wayúus. Foto cortesía de la Comunidad Arpushana

Le reprochan a la corporación ambiental haber sobrepasado la “línea negra”, una delimitación constitucional que define la zona que un pueblo indígena protege por su valor espiritual y cultural. Por último, dicen que ningún alcalde de Riohacha les preguntó a través de una consulta previa si aceptaban o no incluir esa obra en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

Por estas razones, el Consejo de Estado consintió que, a pesar de que “urge construir un relleno sanitario”, es obligatorio llevar a cabo una consulta en la región con las 25 comunidades indígenas. De ellas, sólo ocho están alrededor de las 60 hectáreas planeadas para el vertedero.

El problema, asegura Cotes, es que la Alcaldía invitó a más comunidades para incluirlas en la lista y “la mayoría de esos líderes wayuus viven lejos de nosotros y no les importa nuestra tierra. Ellos no van a tener moscas en sus casas ni van a sentir el olor como nosotros porque el viento corre rápido y no les va a llegar. Por eso se notificaron dentro de la consulta, dieron sus huellas y dijeron sí al relleno a cambio de una compensación”, denunció la representante de los Ocushimana.

Eso explica por qué el proyecto sigue en pie a pesar de que estas siete comunidades, que suman casi 1.300 personas, se niegan a su construcción. La otra comunidad afectada por su cercanía es la de Los Olivos, la única que parece estar de acuerdo. Su representante, Esmeralda Ramírez, vive allí porque, después de tener un hijo con un Arpushana, la comunidad le cedió algunas hectáreas.

“Ellos prefirieron recibir los cinco millones que les dieron a las autoridades tradicionales para hacer el ritual del espíritu, una ceremonia wayuu para traer paz en la tierra. Ellos no tienen espíritu en este suelo, a diferencia de nosotros, que hemos enterrado a nuestro muertos aquí, eso es lo que nos certifica como dueños. Esas son nuestras escrituras”, cuenta Cotes.

Según el ingeniero Luis Medina, director de Corpoguajira, esos rituales son la última espera de la Alcaldía para comenzar la construcción el 15 de marzo: “Aunque hay comunidades que se oponen, porque dicen que ese terreno fue mal adquirido, las otras que están en jurisdicción indirecta, según Mininterior, ya están desarrollando sus rituales”. Además asegura que la Alcaldía de Riohacha cuenta con las escrituras que certifican que no hubo expropiación, algo con lo que no concuerdan las comunidades, pues advierten que han habitado por décadas ese lugar y sólo hace unos años salieron a la luz aquellos documentos.

Todos los indígenas, de acuerdo con Medina, deben ser beneficiados por el relleno, como sentenció la Corte. De ahí que el diseño haya sido concebido con la tecnología suficiente para minimizar sus impactos ambientales. “Ellos están acostumbrados a ver un botadero a cielo abierto con condiciones que no son las de un relleno sanitario que cumpla con el análisis ambiental, el manejo del mismo, la separación de desechos y un control de olores. No es que vayamos a ponerles enfermedades a los indígenas”, aseguró Medina.

Sin embargo, la mayoría de investigaciones sobre rellenos sanitarios coinciden en su efecto dañino para salud humana. Un ejemplo es el informe de Greenpeace en Argentina, sobre el impacto que generan las sustancias peligrosas en una población circundante. Según esta ONG ambiental, los líquidos lixiviados y los gases emitidos por los residuos al descomponerse son peligrosos, a pesar de los mecanismos de ingeniería.

Tanto así que el mundo científico conserva una lista de las mayores consecuencias. Entre ellas están las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, que convierten a los más pequeños y a la población adulta en las principales víctimas.

Con esa suerte, se cuestiona Cotes, ¿a quién le gusta que utilicen su tierra para echar la basura de toda una ciudad? “Hay muchos lugares en La Guajira. ¿Por qué no lo hacen en la finca de un arijuna (persona citadina)? A ver si a ellos les va a gustar. Yo sé que Riohacha necesita un relleno bien organizado, pero con esa construcción ni nuestros muertos van a descansar en paz por los goleros de la basura”.