En medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud, y cuando el Gobierno está buscando nuevas formas de financiación o cómo recortar gasto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, publicó unas cifras que podrían dar algunas ideas. Acemi sostiene que el sistema de salud podría reducir hasta COP 11,5 billones de su gasto en procedimientos médicos si los distintos compradores lograran contratar los servicios a los mejores precios promedio que actualmente se encuentran en el mercado.
Antes de entrar en algunos detalles, vamos a explicar algunos términos. Con “servicios”, Acemi se refiere a las atenciones y procedimientos de salud que distintos compradores, entre ellos las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, contratan con clínicas, hospitales y otros prestadores. Hablamos de procedimientos quirúrgicos, consultas, atención de urgencias, hospitalizaciones, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y terapias, entre otros.
En el sistema de salud, esos servicios se pueden contratar y pagar de distintas maneras. Una de ellas es el contrato por capitación. En este modelo, el comprador, por ejemplo, una EPS, acuerda pagarle al prestador una suma fija por cada persona que tiene a su cargo, durante un periodo determinado. Pongamos un ejemplo: si una EPS contrata a una institución para atender a 1.000 de sus afiliados bajo esta modalidad, le paga un valor previamente acordado por cada uno de ellos, mes a mes, sin importar si durante ese periodo una persona consulta varias veces y otra no necesita atención.
Hay otra modalidad de contratación que funciona de manera diferente y se conoce como pago por evento. En este caso, el hospital o la clínica no recibe una suma fija por cada afiliado, sino que cobra por cada servicio que efectivamente realiza. Es decir, cada consulta, examen de laboratorio, procedimiento quirúrgico o atención de urgencias tiene un valor y se factura por separado. Volvamos al ejemplo anterior: si la EPS contrata a una clínica bajo esta modalidad, no le paga una suma mensual por tener a cargo a 1.000 afiliados. Le paga cada vez que uno de ellos recibe un servicio incluido en el contrato. Si durante un mes se realizan 200 consultas, 50 exámenes y 10 cirugías, la clínica factura esos servicios de acuerdo con los precios pactados.
Esta última es la modalidad que analiza Acemi en su informe, a partir de los procedimientos registrados y facturados entre abril de 2025 y abril de 2026.
¿Qué encontró Acemi?
Para entender el alcance del análisis, hay que empezar por sus cifras generales.
Entre abril de 2025 y abril de 2026, Acemi examinó cerca de 374,8 millones de servicios de salud, por un valor total de COP 38,5 billones. Según el gremio, la información representa alrededor de 31 de cada 100 pesos financiados con la UPC, además de los recursos públicos y privados destinados a la atención.
A partir de esa información, el primer hallazgo de Acemi es que no todos los compradores pagan lo mismo por los procedimientos de salud. El gremio encontró diferencias importantes entre los precios promedio de adquisición de los distintos actores.
El régimen contributivo, por ejemplo, aparece como el comprador que obtiene los precios promedio más bajos de los servicios: sus valores están alrededor de un 10,2 % por debajo del promedio general del análisis. En cifras duras, el régimen contributivo registró el menor valor, con COP 92.466 por procedimiento, frente a COP 105.559 del subsidiado, COP 112.398 de los planes voluntarios de salud y COP 113.771 de los regímenes especiales y de excepción. El caso más distante fue el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con un promedio de COP 206.789.
¿A qué se deben esas diferencias? Aquí el tema se complica un poco, porque no hay un solo factor. Que una EPS pueda contratar servicios más baratos que otras depende, por ejemplo, de su capacidad de negociación. Las EPS que concentran mayores volúmenes de servicios (para muchos más afiliados) pueden conseguir mejores condiciones tarifarias. También influyen las condiciones de pago, la estabilidad de los contratos y la eficiencia de los procesos administrativos. Además, el propio sistema impone algunas condiciones. En el régimen subsidiado, la ley estipula que se deben contratar al menos el 60 % del gasto con la red pública (hospitales públicos), mientras que el régimen contributivo tiene mayor flexibilidad para seleccionar prestadores.
Por supuesto, también importa cómo contratan las EPS: si lo hacen mediante capitación o por evento (que fue el tipo de contratación que más analizó Acemi). El documento no profundiza en las razones por las que una EPS elige una u otra modalidad, pero históricamente se ha sabido que en esa decisión pueden intervenir factores que no siempre responden a la eficiencia del sistema, desde los intereses económicos de las partes hasta las condiciones particulares de cada territorio. Por ejemplo, una EPS que tiene apenas ocho (o 500 o 1.000) afiliados en una región difícilmente encontrará una IPS dispuesta a asumir un contrato por capitación para atender a esa población, pues el volumen puede no hacer atractivo el acuerdo.
En todo caso, las diferencias en los precios que encontró el informe, sin embargo, no significan necesariamente que todos los compradores estén adquiriendo exactamente los mismos servicios de salud. El propio análisis de Acemi advierte que cada uno tiene poblaciones, coberturas y necesidades de atención diferentes. El SOAT, por ejemplo, concentra su actividad en eventos relacionados con accidentes de tránsito, mientras que los planes voluntarios y las aseguradoras de riesgos laborales responden a otras condiciones de aseguramiento.
Para hacer una comparación más precisa, Acemi construyó dos escenarios que permiten estimar cuánto podría reducirse el gasto si los compradores mejoraran sus condiciones de contratación. El primero, denominado de eficiencia débil, calcula cuánto se ahorraría si cada actor pagara por los procedimientos que adquiere el mismo precio promedio que reconoce el régimen contributivo. Bajo este supuesto, el gasto total analizado pasaría de COP 38,5 billones a COP 34,2 billones, lo que representaría una reducción de aproximadamente COP 4,3 billones.
El mayor ahorro en términos absolutos estaría en el régimen subsidiado, con cerca de COP 1,9 billones, equivalentes al 13,5 % de su gasto actual. El SOAT, por su parte, tendría la mayor reducción porcentual: 36,9 %.
El segundo escenario, denominado de eficiencia máxima, plantea una comparación más exigente. En este ejercicio, los investigadores identifican para cada procedimiento el menor precio promedio registrado entre los ocho tipos de compradores analizados y calculan cuánto costaría adquirir todos los servicios a ese valor. Es calificado como "exigente" porque no tomó la transacción individual más barata, sino que utilizó el mejor precio promedio disponible para cada procedimiento.
Con esa metodología, Acemi estima que el gasto podría pasar de COP 38,5 billones a cerca de COP 27 billones, una diferencia de COP 11,5 billones, equivalente al 30 % del valor observado. En este escenario, el régimen subsidiado concentraría la mayor oportunidad de ahorro, con aproximadamente COP 4,4 billones. Incluso el contributivo, que aparece como el comprador con mejores precios en la comparación inicial, tendría un margen potencial de reducción del 21,1 %, cercano a COP 3 billones.
El gremio advierte, sin embargo, que este último cálculo representa un límite superior y no un ahorro que pueda alcanzarse de manera inmediata. La capacidad instalada de los prestadores, su ubicación geográfica, la complejidad de los servicios y las condiciones contractuales pueden impedir que todos los compradores accedan a los mismos precios. Además, algunos valores bajos pueden responder a subsidios cruzados o a condiciones particulares que no necesariamente se reproducen en todo el país.
Más allá de las cifras, el boletín plantea que una de las principales oportunidades para mejorar el uso de los recursos está en fortalecer la información sobre los precios de los servicios médicos. El Observatorio de Precios en Salud de la ADRES permite comparar los valores según quién compra, quién presta y dónde se realiza la atención. La intención, según el análisis, no es establecer una tarifa única para todo el país, sino ofrecer referencias que permitan identificar diferencias y mejorar las condiciones de contratación.
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