Luego de más de un mes de que Guillermo Rosso renunciara a la gerencia de la EPS Cafesalud en medio de un escándalo por gastos estrafalarios y supuestos contratos adjudicados a dedo, la junta directiva de la entidad eligió a su reemplazo. Se trata de Carlos Alberto Cardona, un administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios (EAN) que anteriormente había sido ex gerente de la fundación Shaio por casi una década.
Cardona, al parecer, empezará en su nuevo cargo desde el viernes 1 de abril y tendrá que asumir una difícil tarea. Por un lado, tiene que tratar de preparar a Cafesalud para poder venderla en un futuro, que es lo que espera el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. La idea es que se pueda recuperar parte del dinero que se perdió durante los malos manejos del grupo Saludcoop, al que pertenece Cafesalud.
Sin embargo, en ese reto Cardona deberá superar varias dificultades que han quedado en evidencia dentro de todo ese proceso que inició cuando el Gobierno decidió liquidar Saludcoop EPS y trasladó sus 4,6 millones de usuarios a Cafesalud.
La primera tiene que ver con las posibles injerencias políticas que podrían estar detrás de algunos de los millonarios contratos que maneja Cafesalud (que mensualmente tiene ingresos por más de $300.000 millones). Varias fuentes le han dicho a El Espectador que hay quienes, al quedarse sin las cuotas políticas que les permitía tener Caprecom (la que era la EPS pública más grande del país), ahora buscan la manera de hacerse con los dineros que están en juego en este proceso.
La segunda es la difícil labor que tendrá que hacer para lidiar con los diferentes actores que no parecen estar muy de acuerdo con la venta de la EPS. Entre ellos, están sus dueños (varias cooperativas) y algunos sindicatos.
Como en varias ocasiones lo ha explicado este diario, detrás de todos esos intereses debe haber algo mucho más grave que las autoridades están en mora de investigar. El ejemplo más claro de ello, es que con frecuencia se han hecho interceptaciones ilegales a funcionarios relacionados al proceso.