En pandemia, Latinoamérica no pudo proteger a mujeres de sus agresores

Alejandra estuvo dos horas y media en el asiento trasero de un patrullero junto a su agresor. Los dos habían sido detenidos, luego de una pelea en el balcón de su casa, en un pueblo de Pichincha, a dos horas de Quito.

Cuando llegaron los policías comunitarios —que, en Ecuador, son los encargados de “construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana”— preguntaron qué había pasado. Francisco* —su esposo y también agresor— les dijo que ella estaba loca, que él solo quería irse en paz y ella no lo dejaba. Alejandra lo interrumpió y dijo que él había sido violento con ella, que no era la primera vez, que por favor hicieran algo.

“No me diga cómo hacer mi trabajo”, dice Alejandra que le respondió uno de los policías.

Entre gritos e interrupciones, ella les contó que tenía una boleta de auxilio, que no era la primera vez que él la golpeaba. Pero en ese momento, por los nervios o un descuido, solo tenía la copia del documento que certifica que a ella le ampara una medida administrativa inmediata de protección. Ese papel, dijeron los agentes, no era suficiente. Entonces, se los llevaron detenidos a los dos. Eran las cinco de la tarde de un día de marzo de 2020, pocos días después de que Ecuador y otros países de la región comenzaron sus restricciones estrictas de movilidad para frenar los contagios del covid-19 que ya dejaba 5 mil muertos en el mundo.

En este pueblo no hay oficina de la Fiscalía ni unidades judiciales, solo una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Los policías llevaron a Alejandra y Francisco hasta Santo Domingo, una ciudad a dos horas, para los exámenes de peritaje.

• Dónde es que tiene los golpes.
  
• Enséñeme las heridas.
  
• Levante los brazos.
  
• Mire para acá, mire para allá.
  
• Ya, no tiene nada, hasta luego.
  

Recuenta Alejandra que, como siempre de manera tan mecánica, la examinaron. “Te hacen llenar unas hojas, escribes, casi no hablas. Ellos conversan por otro lado con otra gente”.

Alejandra dice “como siempre” porque no era la primera vez que un médico legal la examinaba. En 2017, cuando tenía poco más de un año con su pareja, él le fracturó la nariz. Esa vez estaba en Quito y fue a la Fiscalía para denunciar. De la Fiscalía la mandaron a un hospital para que la examinaran. Como la fractura no le causó lesiones o incapacidad de más de tres días, la agresión no fue clasificada como un delito sino como contravención.

Francisco estuvo preso por 15 días y ella logró su boleta de auxilio. “De verdad es horrible pero si no tienes una herida profunda o no está roto algún hueso, no le prestan atención”, dice Alejandra, y continúa contando cómo fue el segundo proceso, en marzo de este año.

Después de los exámenes en Santo Domingo, regresaron al pueblo. “Los policías no sabían qué hacer, no sabían cómo proceder porque todo estaba cerrado por la cuarentena”.

La pelea, el viaje a la otra ciudad y el peritaje ocurrieron la tercera semana de marzo, unos días después de que el gobierno declarara el estado de excepción por la pandemia. El toque de queda empezaba a las nueve de la noche y se extendía hasta las cinco de la mañana. Cuando el presidente Lenín Moreno declaró la emergencia, obligó que cerraran  los servicios públicos “a excepción de los de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que —por emergencia— los ministerios decidan tener abiertos”. Aunque la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dice que nunca dejaron de atender casos de violencia de género, activistas como Geraldine Guerra —que mantiene una red con mujeres de las 24 provincias del país— aseguran que la atención fue a medias. Los registros de la Fiscalía parecen corroborarlo: entre el 17 de marzo y 18 de mayo de 2020, las denuncias por violencia física cayeron en un 47% y las de violencia psicológica en un 65% frente al año anterior.

Esa noche de marzo, los policías, sin saber qué hacer, pusieron a Alejandra y Francisco a dormir en la UPC, en cuartos separados. En la mañana, los llevaron a otra ciudad a dos horas para que ella pudiera poner formalmente la denuncia. Si no hubiera habido confinamiento obligatorio, Alejandra debía haberla puesto la tarde anterior. Pero tuvo que pasar la noche detenida, y hacerlo al día siguiente.

Esa misma mañana fue la audiencia en una unidad judicial que sí estaba abierta en otra ciudad cercana. La jueza le dio 15 días de cárcel a Francisco. La boleta de Alejandra de hacía tres años seguía vigente pero como no le había servido, se la reemplazaron por otra medida: una orden de restricción del agresor. Hoy ella vive con el pánico de que su agresor vuelva a buscarla.

Martha de Nicaragua, Ximena de Colombia, Octavia de Guatemala y Olivia de Brasil, cuyos nombres completos reservamos por el riesgo que corren, viven con el mismo terror. Sus Estados no han hecho lo suficiente para protegerlas de agresores a quienes han denunciado ante las autoridades policiales o judiciales, en algunos casos más de una vez.

Ellos saben dónde viven y las han vuelto a buscar en plena pandemia.

Ser mujer víctima de una agresión y poder obtener protección del Estado ha sido siempre difícil en América Latina, pero la pandemia y los extendidos períodos de confinamiento -locales o nacionales- que muchos países decretaron para hacerle frente al coronavirus agravaron aún más la situación.

Estudios y reportes regionales e internacionales sugieren que la violencia contra mujeres creció en el encierro. Los pedidos de auxilio continuaron, a pesar de que miles de mujeres dejaron de llamar porque no tienen saldo en sus teléfonos o conviven con sus agresores. Pero, más allá de esas cifras frías, la pandemia ha revelado la ineficacia de las autoridades y la deficiencia de sus rutas de atención y de la administración de justicia para proteger a mujeres de toda la región, como Alejandra en Ecuador, pero también como Octavia en Guatemala, Ximena en Colombia, Martha en Nicaragua y Olivia en Brasil.

No es lo único que cambió con la crisis de salud pública. También emergieron nuevas formas de violencia contra las mujeres, como las que ha sufrido Amanda en México, y las autoridades no estaban preparadas para responderles.

Ahora que la transmisión del covid-19 en la región bajó y muchos países pusieron fin a sus largas cuarentenas, no pareciera que los gobiernos hayan tomado nota de las debilidades de sus sistemas para proteger a las mujeres de la violencia.

Cuando solo la denuncia pública en redes sociales activa a las autoridades

Ximena llevaba dos años denunciando que su ex pareja la ha agredido varias veces. No había logrado que las autoridades tomaran nota. Hasta que, en plena pandemia y confinamiento, tomó una decisión contundente: lo expuso en redes sociales.

Sucedió después de un nuevo ataque.

Esa noche de junio, Ximena fue a buscar a su pequeño hijo de dos años a casa de su ex pareja, en la ciudad caribeña de Barranquilla, Colombia. Al llegar, se percató que ambos estaban dormidos y decidió regresar más tarde. Ella estaba en la esquina conversando con una vecina, cuando él la llamó y le avisó que su hijo acababa de despertar. “El niño te está llamando”, cuenta que le dijo.

Ximena regresó de inmediato y entró a buscarlo, pero se dio cuenta que aún dormía profundamente. En ese momento él cerró la puerta abruptamente y le propinó un puño a la altura del ojo. Ximena imploró que la dejase ir. Él se fue corriendo al patio, y ella aprovechó para buscar las llaves, pero cuando abría la puerta, sintió un golpe contundente en la cabeza. Se tocó y notó que estaba sangrando.

“En ese momento perdí el conocimiento”, dijo. “No recuerdo mucho, pero sé que cuando reaccioné, me dolía la espalda. Sentía demasiado dolor en todo el cuerpo, incluso en mis ojos. Sin duda me había golpeado mientras estaba inconsciente. Supongo que él pensó que ya estaba muerta. Como pude, corrí con mi bebe hasta mi casa”.

Ese día Ximena decidió exponer su caso públicamente en Instagram para pedir ayuda, porque no había logrado protección efectiva. “Siempre que voy a las instituciones, me dicen que las medidas de protección van a ser un hecho, pero al final todo queda en promesas”, dice.

Desde abril de 2018, cuando presentó su primera denuncia por violencia intrafamiliar agravada ante la Fiscalía General de la Nación, sus solicitudes de protección policial o acciones legales han terminado en cortantes frases de funcionarios distantes y muchas veces hostiles.

• Detalle su denuncia, que necesitamos tenerlo todo en el documento.
  
• Si el agresor es consumidor de estupefacientes, esa es la reacción usted debe esperar de él.
  
• ¿Es que acaso usted no se dio cuenta que él no estaba en sus cabales? Por eso él hizo lo que le hizo.
  
• Apresúrese, no tenemos todo el tiempo para usted.
  

El resultado: “Yo vuelvo a mi casa con más miedo”, dice. A pesar de varias golpizas con botellas, puños y patadas, de despertar ensangrentada, con dolores en la espalda y la cabeza, Ximena no lograba que el mecanismo diseñado para atender a mujeres violentadas por sus ex parejas la protegiera.

En dos ocasiones acudió a éste, sin resultados. Dos veces intentó poner una denuncia ante la policía judicial y solo una avanzó ante una comisaría de familia. Pero solo en una llegó hasta la Fiscalía, la última etapa de la ruta, sin conseguir que tomara alguna decisión judicial en su favor.

En medio de esa frustración, Ximena decidió dejar de salir de su casa para evitar arriesgarse. La medida tampoco funcionó: su agresor pasó a acosarla a ella y a su familia en su propio hogar. Su calvario reflejaba una tendencia común en Colombia: en el 2019, solo el 15 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar reportados fueron esclarecidos e imputados, según la Fiscalía General.

Recordando esa angustia, tras esta nueva agresión, Ximena subió un video en su cuenta de Instagram. “Por favor, necesito que me ayuden. La Fiscalía y las autoridades no hacen nada. Por eso, acudo a este medio, porque de verdad, ya siento que no puedo más. Él me dice que me va a matar, incluso intentó matar a mi mamá”, decía a la cámara. Con el rostro amoratado y enlagrimado pero con voz pausada, Ximena detalla esos minutos de horror. En un momento se le ve respirar con dificultad, rompe en llanto y luego retoma la denuncia, dice el nombre de su agresor y de las entidades a las que había acudido en busca de ayuda. Implora a las autoridades que le ayuden.

Su video rápidamente se volvió viral, y fue replicado una y otra vez por personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y por varios medios. Un abogado penalista especialista en investigación criminal le ofreció acompañarla legalmente y reactivar su proceso.

A la mañana siguiente, la presión mediática logró lo que en dos años había sido una ilusión vana: 810 días después de su primera denuncia, las autoridades hablaron públicamente de su caso y se comprometieron a brindarle apoyo. Primero fue la Alcaldía Municipal, luego la Fiscalía, después la policía e incluso la personería distrital.

El Instituto Nacional de Medicina Legal le otorgó 12 días de incapacidad médica. Su caso entró al seguimiento al protocolo de valoración de riesgo epidemiológico semestral del Ministerio de Salud y Medicina Legal, que detalla que en Colombia hay 15,000 mujeres en riesgo de sufrir feminicidio. Un 46 por ciento de ellas están en riesgo extremo y el restante 54 por ciento en riesgo moderado, según ese reporte nacional.

Esa situación se agravó en los seis meses de confinamiento entre marzo y agosto. Las llamadas a líneas de emergencia aumentaron en un 142 por ciento en relación al año anterior. Eso significa que cada 25 horas se presentó una denuncia por feminicidio en el país. Cada 10 minutos, una por violencia intrafamiliar y cada 25 minutos una por delito sexual.

Con su denuncia en redes sociales, Ximena logró que por fin la Fiscalía abriera una investigación y que el 20 de julio -menos de un mes después- ordenara la detención de su agresor. Tres días después, el abogado de Ximena solicitó en audiencia que fuese enviado del centro policial donde estaba detenido, a una cárcel. Hoy se expone a una pena de 8 años si es imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Veintiocho días le tomó a las autoridades capturarlo. La única diferencia entre esa celeridad y la desidia que encontró en anteriores ataques es que Ximena expuso públicamente las fallas del sistema que aunque está diseñado para proteger a mujeres agredidas como ella -y como Octavia, Alejandra y Martha- funcionaba mal, y en tiempos de pandemia con el Estado funcionando a medias, se hizo aún más lento y hostil para ellas.

Puede leer otras historias de la Alianza Centinela aquí.

*Alianza Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros  (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Alejandra estuvo dos horas y media en el asiento trasero de un patrullero junto a su agresor. Los dos habían sido detenidos, luego de una pelea en el balcón de su casa, en un pueblo de Pichincha, a dos horas de Quito.

Cuando llegaron los policías comunitarios —que, en Ecuador, son los encargados de “construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana”— preguntaron qué había pasado. Francisco* —su esposo y también agresor— les dijo que ella estaba loca, que él solo quería irse en paz y ella no lo dejaba. Alejandra lo interrumpió y dijo que él había sido violento con ella, que no era la primera vez, que por favor hicieran algo.

“No me diga cómo hacer mi trabajo”, dice Alejandra que le respondió uno de los policías.

Entre gritos e interrupciones, ella les contó que tenía una boleta de auxilio, que no era la primera vez que él la golpeaba. Pero en ese momento, por los nervios o un descuido, solo tenía la copia del documento que certifica que a ella le ampara una medida administrativa inmediata de protección. Ese papel, dijeron los agentes, no era suficiente. Entonces, se los llevaron detenidos a los dos. Eran las cinco de la tarde de un día de marzo de 2020, pocos días después de que Ecuador y otros países de la región comenzaron sus restricciones estrictas de movilidad para frenar los contagios del covid-19 que ya dejaba 5 mil muertos en el mundo.

En este pueblo no hay oficina de la Fiscalía ni unidades judiciales, solo una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Los policías llevaron a Alejandra y Francisco hasta Santo Domingo, una ciudad a dos horas, para los exámenes de peritaje.

• Dónde es que tiene los golpes.
  
• Enséñeme las heridas.
  
• Levante los brazos.
  
• Mire para acá, mire para allá.
  
• Ya, no tiene nada, hasta luego.
  

Recuenta Alejandra que, como siempre de manera tan mecánica, la examinaron. “Te hacen llenar unas hojas, escribes, casi no hablas. Ellos conversan por otro lado con otra gente”.

Alejandra dice “como siempre” porque no era la primera vez que un médico legal la examinaba. En 2017, cuando tenía poco más de un año con su pareja, él le fracturó la nariz. Esa vez estaba en Quito y fue a la Fiscalía para denunciar. De la Fiscalía la mandaron a un hospital para que la examinaran. Como la fractura no le causó lesiones o incapacidad de más de tres días, la agresión no fue clasificada como un delito sino como contravención.

Francisco estuvo preso por 15 días y ella logró su boleta de auxilio. “De verdad es horrible pero si no tienes una herida profunda o no está roto algún hueso, no le prestan atención”, dice Alejandra, y continúa contando cómo fue el segundo proceso, en marzo de este año.

Después de los exámenes en Santo Domingo, regresaron al pueblo. “Los policías no sabían qué hacer, no sabían cómo proceder porque todo estaba cerrado por la cuarentena”.

La pelea, el viaje a la otra ciudad y el peritaje ocurrieron la tercera semana de marzo, unos días después de que el gobierno declarara el estado de excepción por la pandemia. El toque de queda empezaba a las nueve de la noche y se extendía hasta las cinco de la mañana. Cuando el presidente Lenín Moreno declaró la emergencia, obligó que cerraran  los servicios públicos “a excepción de los de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que —por emergencia— los ministerios decidan tener abiertos”. Aunque la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dice que nunca dejaron de atender casos de violencia de género, activistas como Geraldine Guerra —que mantiene una red con mujeres de las 24 provincias del país— aseguran que la atención fue a medias. Los registros de la Fiscalía parecen corroborarlo: entre el 17 de marzo y 18 de mayo de 2020, las denuncias por violencia física cayeron en un 47% y las de violencia psicológica en un 65% frente al año anterior.

Esa noche de marzo, los policías, sin saber qué hacer, pusieron a Alejandra y Francisco a dormir en la UPC, en cuartos separados. En la mañana, los llevaron a otra ciudad a dos horas para que ella pudiera poner formalmente la denuncia. Si no hubiera habido confinamiento obligatorio, Alejandra debía haberla puesto la tarde anterior. Pero tuvo que pasar la noche detenida, y hacerlo al día siguiente.

Esa misma mañana fue la audiencia en una unidad judicial que sí estaba abierta en otra ciudad cercana. La jueza le dio 15 días de cárcel a Francisco. La boleta de Alejandra de hacía tres años seguía vigente pero como no le había servido, se la reemplazaron por otra medida: una orden de restricción del agresor. Hoy ella vive con el pánico de que su agresor vuelva a buscarla.

Martha de Nicaragua, Ximena de Colombia, Octavia de Guatemala y Olivia de Brasil, cuyos nombres completos reservamos por el riesgo que corren, viven con el mismo terror. Sus Estados no han hecho lo suficiente para protegerlas de agresores a quienes han denunciado ante las autoridades policiales o judiciales, en algunos casos más de una vez.

Ellos saben dónde viven y las han vuelto a buscar en plena pandemia.

Ser mujer víctima de una agresión y poder obtener protección del Estado ha sido siempre difícil en América Latina, pero la pandemia y los extendidos períodos de confinamiento -locales o nacionales- que muchos países decretaron para hacerle frente al coronavirus agravaron aún más la situación.

Estudios y reportes regionales e internacionales sugieren que la violencia contra mujeres creció en el encierro. Los pedidos de auxilio continuaron, a pesar de que miles de mujeres dejaron de llamar porque no tienen saldo en sus teléfonos o conviven con sus agresores. Pero, más allá de esas cifras frías, la pandemia ha revelado la ineficacia de las autoridades y la deficiencia de sus rutas de atención y de la administración de justicia para proteger a mujeres de toda la región, como Alejandra en Ecuador, pero también como Octavia en Guatemala, Ximena en Colombia, Martha en Nicaragua y Olivia en Brasil.

No es lo único que cambió con la crisis de salud pública. También emergieron nuevas formas de violencia contra las mujeres, como las que ha sufrido Amanda en México, y las autoridades no estaban preparadas para responderles.

Ahora que la transmisión del covid-19 en la región bajó y muchos países pusieron fin a sus largas cuarentenas, no pareciera que los gobiernos hayan tomado nota de las debilidades de sus sistemas para proteger a las mujeres de la violencia.

Cuando solo la denuncia pública en redes sociales activa a las autoridades

Ximena llevaba dos años denunciando que su ex pareja la ha agredido varias veces. No había logrado que las autoridades tomaran nota. Hasta que, en plena pandemia y confinamiento, tomó una decisión contundente: lo expuso en redes sociales.

Sucedió después de un nuevo ataque.

Esa noche de junio, Ximena fue a buscar a su pequeño hijo de dos años a casa de su ex pareja, en la ciudad caribeña de Barranquilla, Colombia. Al llegar, se percató que ambos estaban dormidos y decidió regresar más tarde. Ella estaba en la esquina conversando con una vecina, cuando él la llamó y le avisó que su hijo acababa de despertar. “El niño te está llamando”, cuenta que le dijo.

Ximena regresó de inmediato y entró a buscarlo, pero se dio cuenta que aún dormía profundamente. En ese momento él cerró la puerta abruptamente y le propinó un puño a la altura del ojo. Ximena imploró que la dejase ir. Él se fue corriendo al patio, y ella aprovechó para buscar las llaves, pero cuando abría la puerta, sintió un golpe contundente en la cabeza. Se tocó y notó que estaba sangrando.

“En ese momento perdí el conocimiento”, dijo. “No recuerdo mucho, pero sé que cuando reaccioné, me dolía la espalda. Sentía demasiado dolor en todo el cuerpo, incluso en mis ojos. Sin duda me había golpeado mientras estaba inconsciente. Supongo que él pensó que ya estaba muerta. Como pude, corrí con mi bebe hasta mi casa”.

Ese día Ximena decidió exponer su caso públicamente en Instagram para pedir ayuda, porque no había logrado protección efectiva. “Siempre que voy a las instituciones, me dicen que las medidas de protección van a ser un hecho, pero al final todo queda en promesas”, dice.

Desde abril de 2018, cuando presentó su primera denuncia por violencia intrafamiliar agravada ante la Fiscalía General de la Nación, sus solicitudes de protección policial o acciones legales han terminado en cortantes frases de funcionarios distantes y muchas veces hostiles.

• Detalle su denuncia, que necesitamos tenerlo todo en el documento.
  
• Si el agresor es consumidor de estupefacientes, esa es la reacción usted debe esperar de él.
  
• ¿Es que acaso usted no se dio cuenta que él no estaba en sus cabales? Por eso él hizo lo que le hizo.
  
• Apresúrese, no tenemos todo el tiempo para usted.
  

El resultado: “Yo vuelvo a mi casa con más miedo”, dice. A pesar de varias golpizas con botellas, puños y patadas, de despertar ensangrentada, con dolores en la espalda y la cabeza, Ximena no lograba que el mecanismo diseñado para atender a mujeres violentadas por sus ex parejas la protegiera.

En dos ocasiones acudió a éste, sin resultados. Dos veces intentó poner una denuncia ante la policía judicial y solo una avanzó ante una comisaría de familia. Pero solo en una llegó hasta la Fiscalía, la última etapa de la ruta, sin conseguir que tomara alguna decisión judicial en su favor.

En medio de esa frustración, Ximena decidió dejar de salir de su casa para evitar arriesgarse. La medida tampoco funcionó: su agresor pasó a acosarla a ella y a su familia en su propio hogar. Su calvario reflejaba una tendencia común en Colombia: en el 2019, solo el 15 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar reportados fueron esclarecidos e imputados, según la Fiscalía General.

Recordando esa angustia, tras esta nueva agresión, Ximena subió un video en su cuenta de Instagram. “Por favor, necesito que me ayuden. La Fiscalía y las autoridades no hacen nada. Por eso, acudo a este medio, porque de verdad, ya siento que no puedo más. Él me dice que me va a matar, incluso intentó matar a mi mamá”, decía a la cámara. Con el rostro amoratado y enlagrimado pero con voz pausada, Ximena detalla esos minutos de horror. En un momento se le ve respirar con dificultad, rompe en llanto y luego retoma la denuncia, dice el nombre de su agresor y de las entidades a las que había acudido en busca de ayuda. Implora a las autoridades que le ayuden.

Su video rápidamente se volvió viral, y fue replicado una y otra vez por personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y por varios medios. Un abogado penalista especialista en investigación criminal le ofreció acompañarla legalmente y reactivar su proceso.

A la mañana siguiente, la presión mediática logró lo que en dos años había sido una ilusión vana: 810 días después de su primera denuncia, las autoridades hablaron públicamente de su caso y se comprometieron a brindarle apoyo. Primero fue la Alcaldía Municipal, luego la Fiscalía, después la policía e incluso la personería distrital.

El Instituto Nacional de Medicina Legal le otorgó 12 días de incapacidad médica. Su caso entró al seguimiento al protocolo de valoración de riesgo epidemiológico semestral del Ministerio de Salud y Medicina Legal, que detalla que en Colombia hay 15,000 mujeres en riesgo de sufrir feminicidio. Un 46 por ciento de ellas están en riesgo extremo y el restante 54 por ciento en riesgo moderado, según ese reporte nacional.

Esa situación se agravó en los seis meses de confinamiento entre marzo y agosto. Las llamadas a líneas de emergencia aumentaron en un 142 por ciento en relación al año anterior. Eso significa que cada 25 horas se presentó una denuncia por feminicidio en el país. Cada 10 minutos, una por violencia intrafamiliar y cada 25 minutos una por delito sexual.

Con su denuncia en redes sociales, Ximena logró que por fin la Fiscalía abriera una investigación y que el 20 de julio -menos de un mes después- ordenara la detención de su agresor. Tres días después, el abogado de Ximena solicitó en audiencia que fuese enviado del centro policial donde estaba detenido, a una cárcel. Hoy se expone a una pena de 8 años si es imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Veintiocho días le tomó a las autoridades capturarlo. La única diferencia entre esa celeridad y la desidia que encontró en anteriores ataques es que Ximena expuso públicamente las fallas del sistema que aunque está diseñado para proteger a mujeres agredidas como ella -y como Octavia, Alejandra y Martha- funcionaba mal, y en tiempos de pandemia con el Estado funcionando a medias, se hizo aún más lento y hostil para ellas.

Puede leer otras historias de la Alianza Centinela aquí.

*Alianza Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros  (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.