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La Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (ASOCOEN) anunció que interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Salud por lo que considera una “exclusión” de los pacientes en la implementación de la política pública de endometriosis.
La organización se refiere a lo dispuesto en la Ley 2338 de 2023, que reconoce la endometriosis como un asunto de salud pública y ordena la formulación de una política integral para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Se trata de una enfermedad crónica en la que un tejido similar al que recubre el útero crece fuera de él, lo que puede causar dolor intenso, inflamación y, en muchos casos, dificultades para quedar en embarazo. Esta patología crónica y sin cura afecta a una de cada diez mujeres a nivel mundial, lo que equivale a unos 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva. Debido a la amplia variedad de síntomas a través de los cuales se puede manifestar la enfermedad, lo que dificulta su diagnóstico temprano y su tratamiento, se estima que más de un 60 % de los casos no se diagnostica.
A partir de la ley, que el presidente Gustavo Petro sancionó en octubre de 2023, la enfermedad se declara como una patología crónica e incapacitante, que reduce la autonomía de las personas que la padecen y afecta en forma negativa su calidad de vida. Por su parte, el Ministerio de Salud deberá desarrollar e implementar una política pública para el abordaje integral de esta patología. Pero es justo en ese último punto donde han surgido problemas.
Según ASOCOEN, “no está prevista la participación de organizaciones de pacientes en la formulación del Plan de Acción” de esa política pública. Señala que la acción surge luego de que el Minsalud respondiera “de manera insuficiente, tardía y sin contenido sustantivo” a un derecho de petición radicado en febrero de 2026, limitándose a remitir un cronograma.
Para ASOCOEN, entonces, esa “exclusión” de las pacientes en esta fase no solo desconoce ese proceso, sino que vulnera derechos fundamentales y compromete la efectividad de la política pública. “Durante más de 14 años hemos construido información clave sobre la realidad de las pacientes. Excluirnos no es un detalle técnico, es una decisión que debilita la implementación de la ley”, señaló la organización, que además es coautora de la ley.
La Asociación también solicitó entonces medidas provisionales para garantizar la transparencia del proceso, la conservación del expediente administrativo y la debida motivación sobre la exclusión de las organizaciones de pacientes. “Esta acción no busca frenar la política pública, sino garantizar que se construya e implemente con participación real, enfoque de género y compromiso institucional, tal como lo exige la Ley 2338 de 2023″, se lee en un comunicado.
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