La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic) se pronunció luego de que los representantes a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) anunciaran un proyecto de ley para eliminar los impuestos saludables en Colombia.
Hace unos días, como contamos en este diario, los congresistas aseguraron que buscarían acabar con estos gravámenes, creados a través de la Ley 2722, aprobada en 2022 con el fin de desincentivar el consumo de productos poco saludables.
Ahora, Asocepic reaccionó a lo afirmado por los representantes. En principio, recordó que se trata de dos impuestos: uno para bebidas azucaradas, que varía según la cantidad de azúcar añadida que contengan, y otro para alimentos ultraprocesados.
La asociación apuntó que la evidencia sobre desenlaces de largo plazo que pudieran tener estos alimentos, como diabetes y enfermedad cardiovascular, sigue en desarrollo, pero cuenta con sustento técnico, académico y científico, “alejado de cualquier ideología. Esto también aplica para Colombia, pues ningún estudio ha medido todavía si el paquete colombiano impactó directamente la salud de la población, pero sí existen distintos trabajos donde se concluye su pertinencia a partir de estudios de modelación”.
Asocepic resalta, en todo caso, que aunque la evidencia directa sigue consolidándose, ya hay una cadena causal ampliamente sustentada. En otras palabras, los impuestos y el etiquetado han demostrado que sí modifican las decisiones de compra y permiten reducir el consumo de productos no saludables.
Además, ya se ha documentado en gran medida la relación que existe entre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos no saludables con el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y otros desenlaces.
Chile fue el primer país de la región, en 2016, en aplicar tanto el impuesto como el sello, ante lo cual las personas comenzaron a comprar 8,3% menos calorías y 20% menos azúcar. En suma, muchas empresas cambiaron las recetas de sus productos para evitar el sello.
Otro ejemplo es México, donde casi 4 de cada 10 ciudadanos reportaron comprar menos productos no saludables a partir de la implementación de los sellos de advertencia. En ese país también se ha registrado la reformulación de productos para evitar los sellos.
En el caso de Colombia, del mismo modo, se ha documentado que el sello funciona. “Cuando la gente ve el octágono en un paquete, piensa dos veces antes de echarlo al carrito”, reitera Asocepic. Sin embargo, todavía es necesario profundizar sobre este asunto.
Con eso en mente, la asociación propone varias alternativas. La primera de ellas es hacer un análisis propio e integral sobre el impacto de estos impuestos y del sello sobre la salud de la población. Asocepic invitó a los representantes Borda y Briceño a impulsar y financiar, junto con la academia, una evaluación independiente, con alto rigor técnico y datos colombianos, y que sus fuentes y resultados sean públicos, antes de tomar cualquier decisión sobre la política.
La asociación también hizo un llamado a sustentar la discusión sobre los tenderos “en datos, no en supuestos”. Esto, teniendo presente que, entre sus argumentos, los congresistas han señalado que los impuestos han afectado a comerciantes en todo el país.
Sin embargo, cifras oficiales del DANE muestran que el número de micronegocios en Colombia aumentó 4,7% entre 2024 y 2025. Las ventas del comercio minorista formal, además, pasaron de 5,7 a 10,6 billones de pesos entre 2019 y 2025.
De acuerdo con la asociación, no existe hasta ahora una cifra oficial o un estudio académico que permita atribuir una quiebra generalizada de tenderos a los impuestos saludables.
“Las decisiones de política pública no deben sustentarse en cifras cuya fuente y método no sean verificables. Contrario a la narrativa que los presenta únicamente como instrumentos de recaudo o como cargas punitivas, los impuestos saludables son herramientas de salud pública ampliamente reconocidas que buscan modificar los entornos de consumo ”, subrayó.
La Asociación también hizo un llamado a actualizar la información con la que el país toma decisiones, pues la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) no se actualiza desde 2015. Eso significa que se está discutiendo el impacto de una política implementada en 2022 con datos recopilados hace más de una década.
Finalmente, la asociación pidió rendir cuentas sobre el uso del dinero recaudado por los impuestos saludables, e instó al Minsalud a hacer pública la información sobre la destinación de dichos recursos.
A grandes rasgos, para Asocepic, los sellos y los impuestos no son una solución mágica ni sustituyen una política integral de alimentación y salud, pero, según la evidencia, sí modifican las decisiones de compra, incentivan la reformulación de productos y pueden reducir la exposición y el consumo de bebidas azucaradas, que se ha asociado con enfermedades metabólicas.
“Adoptar estas medidas resulta especialmente relevante en Colombia considerando que la alimentación no saludable constituye uno de los principales factores de riesgo modificables para las enfermedades no transmisibles, junto con el tabaco y el consumo nocivo de alcohol, y representa una carga de enfermedad importante y creciente en el país. Asocepic invita a los representantes Borda y Briceño a un espacio técnico conjunto para revisar esta evidencia antes de radicar el proyecto de eliminación”, concluyó.
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