Tres gremios de la salud (Acemi, Gestarsalud y Asocajas) presentaron en la mañana de este martes su cierre financiero para 2022 y una propuesta en conjunto para el aumento de la UPC para el 2023. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es, en términos muy breves, el dinero que anualmente le paga el Estado a cada EPS por cada afiliado para garantizar su atención. En un encuentro en Bogotá con los medios de comunicación, representantes de estas organizaciones manifestaron su preocupación por lo que dijeron pueden ser graves problemas de financiamiento de la salud para el 2023. (Puede leer: El mundo, con los ojos puestos en el brote de cólera en Haití)
Para las tres agremiaciones, el escenario de un aumento de la UPC para 2023 del régimen subsidiado de un 12.23% y para el régimen contributivo del 16.23%, tal como lo propuso el Ministerio de Salud en un borrador de resolución que aún no está en firme, sería insuficiente y representaría un grave riesgo para la sostenibilidad del sistema. En particular, a los gremios les preocupa sobre todo el régimen subsidiado: “Este porcentaje ni siquiera recogería la inflación, que en lo que va corrido del año va en el 12.53% y posiblemente terminará el año cercano al 13%”, señaló Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud. En contraste, las agremiaciones piden un aumento de al menos un 18% de ambas UPC para 2023.
La situación del sector salud, señalaron las agremiaciones, termina 2022 con un déficit en la insuficiencia de recursos girados a la UPC que estiman en 6.2 billones, dinero que, en esa lógica, debieron sostener las EPS. Varias razones explican ese déficit, entre ellas, por ejemplo, la inflación, devaluación y salario mínimo.
Un capítulo aparte tiene para las agremiaciones la liquidación de EPS, la principal causa de que se hayan realizado alrededor de 3.7 millones de traslados obligatorios durante este gobierno y alrededor de 10 millones durante el gobierno anterior. “Estas personas llegan a sus nueva EPS con necesidades de salud represadas”, dijo Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi. Ellos estiman que la UPC que le gira el gobierno a estas EPS para recibir a los nuevos pacientes deja un déficit de alrededor del 19% en algunos casos. (Le puede interesar: Superintendencia de Salud ordenó toma de posesión de Ecoopsos EPS)
Otros elementos como el llamado “Covid largo” están afectando al sistema, como también lo que llamaron la incertidumbre que genera en los pacientes los anuncios de reforma al sistema. Según reseñaron las agremiaciones a partir de una encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, durante el último semestre los usuarios han aumentado en un 21% la frecuencia de búsqueda de servicios ante los temores de que el año siguiente las EPS dejen de existir. Frente a la crítica que hacía la ministra de Salud, Carolina Corcho, de que los cálculos para el incremento de la UPC han sido históricamente “inflados”, Acosta señaló que esta es una suposición que desconoce que la información que se usa para esto pasa filtros del Ministerio de Salud.
A pesar de que el Ministerio ha señalado que se está reuniendo con diversos actores del sistema, los gremios señalan que no han tenido la primera reunión para hablar de la cifra de la UPC, pero tampoco para dialogar sobre la reforma a la salud. “Si estas cifras de la UPC en particular no se reconsideran, en el 2023 el sector salud estará sufriendo graves problemas que inevitablemente se trasladarán al usuario final y a su gasto, que es de los más bajos de la región”, finalizó Acosta, de Acemi. El espacio para presentar opiniones a la resolución del Ministerio de Salud que establece estos aumentos cerró ayer, 12 de diciembre, y se espera que quede en firme antes de finalizar el mes y se aplique desde el primero de enero de 2023.